El Gobierno exige a Torra que condene la violencia pero rechaza aplicar el 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, debe ser "muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia. Hay siete ciudadanos detenidos acusados de presuntos delitos de terrorismo y lo que espera la ciudadanía catalana y española de una figura como el President es la condena de cualquier posible o potencial violencia".

Así se ha manifestado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministros donde se ha decidido remitir a la Abogacía del Estado tres de las resoluciones aprobadas este jueves por el Parlament de Cataluña.

En concreto, se trata de las que piden una "respuesta institucional" a la sentencia de los dirigentes independentistas procesados ante el Tribunal Supremo, la que pide ya una amnistía y la que reclama la salida de Cataluña de la Guardia Civil. El Tribunal al que las remitirá será previsiblemente el Constitucional, ha explicado Celaá. 

El Gobierno "no está dispuesto a consentir un ataque a la Constitución y el Estatuto de autonomía". La respuesta, ha insistido, será de "respeto y diálogo" frente a la crispación y "frente a los que quieran recorre el camino desorden o incluso de posible violencia".

Celaá se ha referido a los gritos de "libertad" de las bancadas independentistas en el Parlament, una reivindicación para los siete investigados, en prisión provisional, por delitos de terrorismo.

"Lo que exigimos es claridad en la condena de una posible o potencial violencia. Lo que se espera son actitudes mucho más claras", ha dicho Celaá. 

El Gobierno no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución pero, según la portavoz, no se dan las circunstancias delimitadas por la ley y los pronunciamientos judiciales que siguieron a la última puesta en marcha del artículo de urgencia, en 2017.

“Si se dieran las circunstancias para la aplicación del 155, el Gobierno lo haría. Pero no se dan”, ha dicho Celaá. 

Según el razonamiento del Gobierno, no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado "gravemente el interés general", ya que lo aprobado ayer en el Parlamento de Cataluña no eran leyes, sino "proposiciones no de Ley", "resoluciones que no están en la Ley". No son las leyes de desconexión como las aprobadas en la Cámara catalana de septiembre de 2017, según ha precisado Celaá.