Bélgica es el país de la Unión Europea donde más ha calado el relato de los secesionistas catalanes, que presenta a España como un país autoritario que vulnera derechos humanos. Es quizá el Estado miembro donde menos se han entendido las penas de entre 13 y 9 años de prisión del Supremo a Oriol Junqueras y otros 8 dirigentes independentistas por sedición y malversación. En particular en la región de Flandes.
Los nacionalistas flamencos de la N-VA, que volvieron a ganar las elecciones federales belgas el pasado 26 de mayo, han prestado cobertura operativa y política a Carles Puigdemont desde que se fugó a Bélgica el 30 de octubre de 2017. Comparten causa independentista.
Pero la simpatía en Flandes hacia los líderes del procés va mucho más allá. El Parlamento flamenco ha aprobado esta semana por unanimidad una resolución que condena la sentencia del Supremo español y pide el indulto de los políticos presos. Votaron a favor no sólo la N-VA y la ultraderecha flamenca, sino también el resto de fuerzas políticas.
Este contexto político es muy importante para entender la suerte que puede correr la tercera euroorden dictada contra Puigdemont por el juez del Supremo Pablo Llarena tras el fracaso de las dos anteriores. Los primeros en hacer este cálculo fueron los abogados del ex presidente catalán al sugerir Bélgica como destino de fuga. Este país ha sido condenado recientemente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no tramitar con la debida diligencia la euroorden contra la etarra Natividad Jáuregui, alias La Pepona, que sigue residiendo en Gante.
Además, la defensa de Puigdemont ha elegido desde el principio que la petición de entrega de España se tramite en neerlandés, pese a que él reside en Waterloo (Valonia) y no habla esa lengua pero sí francés.
La primera señal de las dificultades con las que se va a topar la nueva euroorden contra Puigdemont fue el comunicado que emitió la fiscalía de Bruselas nada más recibirla. "Teniendo en cuenta la complejidad del expediente y las dos órdenes europeas de detención precedentes contra Puigdemont, el caso requiere un análisis jurídico en profundidad", avisa el texto.
Además, la fiscalía se negó en un primer momento a tramitar la detención porque la euroorden estaba sólo en español y no se había traducido al inglés ni a ninguna de las lenguas oficiales de Bélgica. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, atribuye estos problemas a los "errores" que contiene la petición de entrega de Llarena "una vez más".
La primera euroorden contra el ex presidente catalán fue retirada por Llarena en diciembre de 2017 antes de que hubiera decisión por el temor de que Bélgica cercenara los cargos y no entregara al encausado por rebelión. La segunda llevó a la detención de Puigdemont en Alemania cuando regresaba en coche a Bélgica.
Allí, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein aceptó el 12 de julio de 2018 entregar a Puigdemont para que fuera juzgado por una presunta malversación de fondos públicos, pero no por rebelión o sedición. Llarena se negó a aceptar la entrega por uno solo de los cargos. En paralelo, la justicia belga desestimó la euroorden contra los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig alegando defectos de forma.
La sentencia "no cambia nada"
Superado el tropiezo de las traducciones, la tramitación de la tercera euroorden se ha puesto en marcha. Puigdemont fue detenido el jueves después de que se presentara voluntariamente ante la Policía federal de Bruselas. Su abogado alegó que el ex presidente catalán es eurodiputado y tiene inmunidad. Pero el juez instructor concluyó, tras consultar a las "instancias necesarias", que eso no es cierto. Tras 24 horas de detención, Puigdemont era puesto en libertad con condiciones el viernes a las 11:00. La primera vista sobre su entrega a España se ha fijado para el 29 de octubre ante el Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas.
¿La existencia de un fallo firme en España sobre el procés refuerza las posibilidades de éxito de esta tercera euroorden? "En el fondo, no ha cambiado nada desde la vez anterior: Puigdemont no ha sido condenado en rebeldía, así que no se trata de la ejecución de una sentencia española. España lo sigue reclamando para juzgarlo", explica a EL ESPAÑOL Frank Verbruggen, especialista en derecho penal de la Universidad Católica de Lovaina.
Lo que sí que se ha modificado son los delitos de los que se acusa al ex presidente catalán. La euroorden ya no habla de rebelión, descartada por el Supremo, sino únicamente de sedición y malversación. Pero el problema sigue siendo el mismo que la primera vez. Ninguno de los dos están en la lista de 32 delitos de la euroorden para los que la entrega es casi automática. Eso significa que los tribunales belgas deben verificar que también están tipificados en Bélgica. "Hay dos delitos en derecho belga que se parecen a la sedición, aunque el castigo es mucho menor que en España", señala Verbruggen.
La sentencia del procés "no cambia nada", coincide Denis Bosquet, abogado bruselense especializado en derecho penal y en la euroorden. "Los belgas van a examinar los delitos a los que se refiere la euroorden. En ningún caso van a decir que como los otros han sido condenados, Puigdemont puede ser condenado también. En mi opinión, el efecto será el contrario: si por sedición se imponen 13 años de prisión en España, la Justicia belga va a estar todavía más atenta a la hora de decidir si entrega a Puigdemont", sostiene Bosquet, que además ve dificultades en encajar la sedición en los tipos penales belgas.
"Las penas (en el juicio del procés) son extremadamente altas, así que pienso que Bélgica va a ser muy prudente", señala el abogado a este periódico. A su juicio, la Justicia belga pedirá explicaciones a España por la retirada de las anteriores euroórdenes. Y también tendrá que verificar si la negativa del tribunal alemán de Schleswig-Holstein a entregar a Puigdemont por rebelión y sedición constituye "un precedente a nivel europeo a la hora de decidir sobre la validez de esta euroorden".
¿Habrá minijuicio en Bruselas?
La defensa del ex presidente catalán ya ha adelantado que uno de sus argumentos centrales para oponerse a la euroorden será que las penas impuestas por el Supremo a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas en prisión son "desproporcionadas" y que no se ha respetado el derecho a la defensa.
¿Qué influencia puede tener la simpatía de los flamencos hacia los líderes secesionistas catalanes sobre el destino de la euroorden? "Los políticos pueden opinar lo que quieran, pero este es un caso judicial. Esa es la esencia de la euroorden, que ya no son los políticos sino los jueces los que deciden", apunta Verbruggen. "En Bélgica es tabú sugerir que los jueces tienen opiniones políticas. Pero es un hecho que Puigdemont reside en la parte francófona y habla francés, pero ha elegido el procedimiento en neerlandés. Supongo que tendrá sus motivos: parece que confía más en los procedimientos en neerlandés", agrega.
La clave del caso estará en si los jueces bruselenses se fían sus homólogos españoles y se limitan a controlar que se cumple el principio de doble incriminación, es decir, que en Bélgica existe un delito similar a la sedición. O si por el contrario entran a valorar los hechos concretos, como hicieron los jueces alemanes: por ejemplo, si en el procés hubo realmente violencia o sólo libertad de expresión, señala el profesor de la Universidad de Lovaina. "Hacer un minijuicio en Bélgica iría en contra de la idea de la euroorden", resalta.
"Si el juez tiene dudas, no es improbable que presente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre cómo hay que interpretar la doble incriminación o si el principio de proporcionalidad de las penas puede ser un argumento para rechazar una euroorden. En general, Luxemburgo es bastante favorable al reconocimiento casi automático y ve el rechazo como la excepción", augura Verbruggen.
La complejidad del caso y su alto perfil político auguran una larga batalla en Bélgica sobre la euroorden de Puigdemont. El sistema belga prevé tres instancias de recurso antes de que haya una decisión firme. Si a ello se suma una cuestión prejudicial al TJUE -que ya se ha producido por ejemplo en el caso del rapero Valtonyc, también fugado en Bélgica- es muy probable que se superen los 90 días que como máximo establece la legislación de la orden europea de detención y entrega.