El real decreto de ley que aprobó el Gobierno el pasado 31 de octubre para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado ha entrado en vigor desde este martes.

Esta nueva normativa deberá ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados, que tiene la capacidad de tumbarla si la mayoría de la Cámara no está de acuerdo con ella.

Según el Gobierno, este real decreto ley mejorará notablemente la capacidad de reacción del Estado ante proyectos que atenten contra el interés general como es Identicat. También reforzaría los mecanismos de actuación ante una infracción como sería la cesión de datos de una Administración pública a entes privados.

El decreto consta de un preámbulo y un texto articulado en seis artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El capítulo I contempla medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar al DNI, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

El capítulo II establece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones públicas.

El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.

Los contratistas del sector público manejan en ocasiones un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello, resulta necesario y urgente, a juicio del Ejecutivo, asegurar por ley su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.

El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones.

A juicio del Gobierno, el uso del real decreto ley está justificado y respeta los límites constitucionalmente establecidos para recurrir a esta figura legislativa, al no afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de  las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general.

"Golpe de Estado digital"

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, habla de "decretazo digital" y que el Estado ha puesto en marcha "un golpe de Estado digital con un decretazo que se promulga en funciones sin pasar por el Congreso y que permite intervenir comunicaciones"

"No es que la información de la Generalitat esté en paraísos digitales. Hay que comprender cómo funciona el mundo en la era digital donde la información está en la red y es tratar de poner puertas al campo. Pero esto lo hace para intentar controlar, reprimir e investigar quién está detrás de Tsunami Democrático que es una iniciativa de desobediencia civil pacífica", asegura Borràs.

Además, la portavoz ha insistido en que es una medida para "acabar con la libertad de expresión" y que "violenta a los ciudadanos para tener una privacidad digital sólo por reprimir el independentismo catalán".

Por su parte, el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha lamentado "la deriva que está llevando el Gobierno, muy de derechas y muy peligrosa con el decreto de hoy" y se ha mostrado "decepcionado" con el PSOE.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, considera "un grave ataque a los derechos y libertades fundamentales" que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera poder intervenir las redes sociales de internet si amenazan al orden público.

En un tuit, Colau ha opinado que "esto es un grave ataque a los derechos y libertades fundamentales, no lo podemos permitir! Hay que frenarlo en internet, en los tribunales y en las urnas el próximo 10N".