El próximo fin de semana está marcado en rojo en el calendario de los sectores más radicales del independentismo catalán. 9-N, jornada de reflexión; 10-N, elecciones generales. Dos fechas en las que los Comités de Defensa de la República (CDR) desempeñarán un papel destacado. Y no actuarán de forma descoordinada: perpetrarán sus boicots en los colegios electorales con una mayor tradición de voto constitucional.
El Ministerio de Interior, en coordinación con Delegación del Gobierno en Cataluña, planifica los últimos detalles respecto al dispositivo policial que desplegará en la Comunidad Autónoma durante el fin de semana. Tsunami Democrátic ya ha anunciado movilizaciones a través de sus canales de difusión. Los CDR y otras asociaciones, como Arran, también preparan sus acciones.
Los colegios electorales son el eslabón más débil de la cadena. Los independentistas ya lo demostraron en el referéndum del 1 de octubre de 2017 al ocupar las instalaciones educativas. Las imágenes más duras de aquella jornada tuvieron lugar en los centros en los que se instalaron las urnas.
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Pero este 10-N las tornas han cambiado. El objetivo, ahora, es impedir la votación de cara a las elecciones generales. O, al menos, boicotear el voto libre de los electores catalanes. Un objetivo que en términos políticos se tradujo en el reconocido "Apreteu, i feu bé d'apretar" ["Apretad, hacéis bien en apretar"] que el presidente catalán Quim Torra esbozó ante los CDR.
Los planes
Eso sí, no actuarán de forma aleatoria. Fuentes de seguridad consultadas por EL ESPAÑOL detallan que, en su manual, los CDR han centrado el foco en los colegios catalanes con mayor representación constitucional en las elecciones.
En estos centros se prevén movilizaciones y ejercicios de presión; un ejemplo de estas acciones -aunque elevadas al máxima exponente- las sufrieron algunos de los invitados a la ceremonia de los premios Princesa de Girona que esta semana se han celebrado en Barcelona. Josep Bou, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, fue uno de los que las sufrieron. Y no se descarta que otros rostros reconocidos por su defensa del constitucionalismo vivan escenas similares este fin de semana,
El manual de los radicales incluye, además, otras ideas para desarrollar el boicot: eventos enmascarados en supuestos encuentros lúdicos -chocolatadas, bailes, encuentros familiares- o actuaciones contra las papeletas de los partidos no independentistas, entre otras.
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El éxito o el fracaso de esas acciones dependerá en buena medida del dispositivo policial que se despliegue en Cataluña el 9 y 10 de noviembre. La Junta Electoral Provincial de Barcelona ya ha instado a Quim Torra a "garantizar" el voto libre en las elecciones.
El dispositivo
Pero, en previsión de posibles altercados, el Ministerio de Interior ha enviado a la región a casi medio millar de agentes. Se sumarán a los que permanecen en Cataluña en la operación Ícaro, la que se desplegó tras la sentencia del procés y que todavía permanece activa.
Sindicatos policiales como Jupol alertan del riesgo que el dispositivo de este fin de semana puede entrañar para los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de los Mossos d'Esquadra: "Los radicales buscan algo similar a lo del 1-O, con enfrentamientos y confrontaciones", afirma su portavoz, Pablo Pérez.
Bajo su criterio, hay determinados grupos que "no quieren unas elecciones limpias": "Vista la violencia y radicalismo, esperamos y deseamos que les no ocurra nada a los compañeros". Y pide al Ministerio de Interior que "les deje hacer uso de todos los medios humanos y materiales de los que disponen" en caso de que se produzcan altercados violentos.
Por último, desde Jupol lamentan el "poco tiempo" con el que se ha avisado a los policías nacionales que este fin de semana reforzarán la seguridad en Cataluña: "Muchos de ellos no podrán ejercer el derecho a voto porque no sabían que el día de las elecciones lo pasarían fuera de casa y no les ha dado a pedirlo por correo".
Por su parte, el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, considera que existen "las herramientas y los instrumentos precisos y necesarios" para hacer frente a "cualquier riesgo y garantizar el ejercicio del derecho de voto". También en Cataluña.