Cuando para Sánchez era "represión" y "postureo" perseguir los referéndums ilegales como promete hoy

"Le voy a decir dos cosas: no he encontrado ni un solo argumento que me permita modificar el Código Penal. En cambio, tengo que reconocerle un enorme mérito en la teletransportación: cerraba los ojos y me veía en la plaza de Colón. Están faltando al rigor de esta Cámara, a los procedimientos que exigen y lo que reclaman los ciudadanos". 

El diputado Juan Carlos Campo ejercía como portavoz del PSOE en un debate en el pleno del Congreso de los Diputados. Era el 19 de febrero de este mismo año, hace menos de nueve meses, y España caminaba entonces hacia las elecciones del 28 de abril. El punto que se debatía era la proposición de ley del PP para volver a castigar, a través del Código Penal, la convocatoria ilegal de referéndum.

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Campo, doctor en Derecho Penal y magistrado, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial, ex secretario de Estado de Justicia, es desde hace años una referencia dentr del PSOE en asuntos jurídicos y, en especial, penales. Campo rechazó en este mes de febrero y nombre del PSOE la propuesta del PP, por el fondo y por las formas. Su intervención figura en el Diario de Sesiones y puede verse en vídeo.

En 2005, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, la Cámara Baja acabó con la penalización que había regido entre 2003 y 2005, impulsada por José María Aznar para frenar iniciativas como el denominado Plan Ibarretxe. Preveía de tres a cinco años de prisión y hasta 10 de inhabilitación, pero Zapatero impulsó la supresión del artículo al considerar que había otras vías para castigar ese tipo de iniciativas. El Código Penal debería ajustarse a una intervención mínima necesaria, justificó entonces. Faltaban nueve años para la primera consulta en Cataluña, la del 9 de noviembre de 2014, y 12 para el 1 de octubre de 2017. 

Campo, desautorizado

Este lunes, Pedro Sánchez se enmendó de nuevo a sí mismo y a lo dicho por Campo en febrero al prometer en el debate electoral "incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el PP".

Sánchez no se había "teletransportado" a la "plaza de Colón", como Campo reprochó al PP cuando el partido de Pablo Casado lo propuso. Tan solo al debate. Y en él, el presidente del Gobierno en funciones trató de hacer guiños al electorado de Ciudadanos, donde su equipo cree que hay un caladero de votos que podría sellar con claridad la victoria de los socialistas en las urnas. 

"Señorías, el problema está en que no terminan de entender que el Código Penal cumple una función constitucional que nadie puede eludir, pero no es un elemento para arrojar al adversario político. Comulgamos con la idea de que los ciudadanos sienten desapego hacia la política. ¿Cómo no lo van a sentir viendo que se hace una política de salón, una política de postureo, una política de simbolismos?", se preguntó en febrero Campo, arremetiendo contra la propuesta popular. "Con esa vía de la represión no solucionaremos el problema catalán, y ahí no nos encontrarán", advirtió.

Así se refería Campo al PP: "Recordaba a Oscar Wilde cuando decía que en la vida se puede resistir todo menos las tentaciones, y eso es lo que le ha pasado al señor Casado", según él. "Cuando alguien transgrede el ordenamiento jurídico tiene que ser castigado, pero las sociedades modernas e inteligentes también opinan de manera unánime que el castigo no soluciona el problema, sino que el problema es quedarse ahí. Y eso es lo que les pasa a ustedes, que confunden el castigo del delito con la solución del problema, y por ahí no se va". 

Sin detalles

Sánchez no ha explicado cómo quiere volver a castigar la convocatoria ilegal de referéndums, pero tendrá que hacerlo contra el criterio de su experto penalista, diputado de nuevo en esta legislatura y de nuevo candidato por Cádiz, que está en contra.

"Con esta iniciativa no se refuerza el Estado de derecho ni se refuerzan las instituciones del Estado. Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para defender el orden constitucional, la propia Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 161, estableciendo la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Constitucional las resoluciones y disposiciones establecidas por las comunidades autónomas cuando contrarían la Constitución o el resto del ordenamiento jurídico; el 155, pero de este no le voy a hablar porque parece que se lo han traído los Reyes", decía el 19 de febrero con ironía. 

"El Código Penal establece importantes herramientas para combatir lo que está ocurriendo: delito de prevaricación, delito de desobediencia, delito de usurpación de funciones, delito de malversación de fondos. Nuestro elenco punitivo es tan importante que no hay fisuras, y la prueba está en el juicio que se está celebrando hoy", explicaba en referencia al procedimiento del Tribunal Supremo. 

¿"Postureo" en otras medidas?

La campaña electoral ha hecho cambiar de opinión a Sánchez, ya que no ha habido ninguna propuesta para celebrar ningún nuevo referéndum desde febrero. 

También puede haberlo hecho en cuanto a la detención de Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat huido de la Justicia española en Bélgica y pendiente de una euroorden cursada por el juez Pablo Llarena para lograr su vuelta a España para ser juzgado. 

"A ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo aquí y ahora a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia", dijo Sánchez. Pero la decisión depende de la Justicia belga, no del Gobierno, por mucho que los españoles voten al PSOE. 

Igualmente, el candidato socialista propuso una reforma legal para que el presidente y los miembros de los consejos de administración de las corporaciones de medios públicos autonómicos sean nombrados por dos tercios de las Cámaras autonómicas. La medida, destinada directamente a TV3, como Sánchez reconoció durante el debate, ya está en vigor en Cataluña desde el mes pasado, aunque aún no ha sido utilizada para nombrar a los directivos de los medios públicos de Cataluña.