Hussein Bachir Brahim, el estudiante activista saharaui de 27 años que consiguió llegar en patera a Lanzarote en el mes de enero y que días después devolvió el Gobierno de Sánchez a Marruecos, ha sido condenado este martes a 12 años de prisión en el Tribunal de Apelación de Marrakech.
En menos de cinco horas el juez leyó el veredicto, aunque la defensa va a recurrir la decisión. Está acusado de los mismos hechos que el resto de sus compañeros en 2016: de haber matado a un ciudadano marroquí en una pelea en la universidad. Bachir ha negado los hechos y la defensa ha alegado que no existe ninguna prueba de cargo ni indicios que acrediten las acusaciones.
“La defensa ha insistido en que lo único que existe contra Hussein es un informe de la Policía en el que aparecen supuestas declaraciones suyas que no han sido ni siquiera firmadas en el propio atestado. No existen testigos, no hay grabaciones, ni ninguna prueba objetiva que ampare la acusación de la fiscalía”, explica por teléfono a EL ESPAÑOL Ana Sebastián Gascón, abogada del Consejo General de la Abogacía española, que ha asistido al juicio acreditada como observadora internacional.
Por su parte, estudiantes saharauis en Marruecos insisten en que fue arrestado por “activismo político y estudiantil por la libertad del Sáhara Occidental”, según explica la agencia de prensa saharaui Equipo Media.
"Persecuciones y acoso diario"
Este estudiante de tercero de carrera en la Universidad Ibn Zohr de Agadir solía estar presente en las manifestaciones contra la ocupación de Marruecos con banderas de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD) defendiendo la autodeterminación del pueblo saharaui, algo prohibido y castigado en Marruecos, por lo que “sufría persecuciones y acoso diario por parte de la policía marroquí”. “No tiene nada pendiente con nadie, y vino a Canarias para pedir asilo y quedarse en España porque en Marruecos ya no podía seguir”, insiste telefónicamente el delegado del Frente Polisario en las Islas Canarias, Hamdi Mansur.
Las autoridades de Lanzarote lo devolvieron el 17 de enero a Marruecos a pesar de haber solicitado asilo político en España y de denunciar que sufría persecución por su participación en manifestaciones a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental. El Frente Polisario consideró en su momento que la devolución del activista era “una falta muy grave de ética y moral del Gobierno de España a este chico y al pueblo saharaui”.
El 21 de enero, tras su aterrizaje en Marruecos, entró en la prisión de Luidadya (Marrakech) por “actividades políticas ilegales”, según denunció a EL ESPAÑOL el colectivo de saharauis en las Islas Canarias y confirmó el Frente Polisario.
La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, afirmó en su visita a Rabat en el mes de octubre de 2018 que “tanto el Gobierno marroquí como el español tienen muy claro que los migrantes marroquíes que están en situación irregular en España serán retornados a Marruecos”. Y en cuanto a las solicitudes de asilo, explicó, “tenemos la obligación de resolver la solicitud lo antes posible porque si no tiene derecho, no lo tiene”.
Solicitud de asilo
“Un marroquí con una orden de expulsión puede ser retornado en cualquier momento, esté en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) o fuera cumpliendo por el convenio entre España y Marruecos”, como explicó Rumí; ahora bien, al pedir una solicitud de asilo, ésta hay que tramitarla aunque la resolución sea negativa. Lo que se preguntan los saharauis es si en menos de una semana se puede gestionar una devolución de petición de asilo por persecución en el país de origen.
Desde Tenerife, los cuatro sindicatos canarios, CCOO, UGT, Uso e Intersindical Canarias condenaron la devolución de Hussein. En declaraciones a EL ESPAÑOL, Yauci González Viña, responsable de USO Canarias, manifestó que esta expulsión “vulnera tanto la normativa nacional como los tratados internacionales, y la Declaración Universal de Derechos Humanos. España lo ha puesto en manos de las autoridades marroquíes sin atender a su petición de asilo político y sin ser puesto a disposición judicial, por lo que desde los sindicatos no podemos más que pedir al Gobierno español que se retracte, que rectifique en la medida de lo posible esta expulsión y que, por supuesto, que no esto no se puede repetir en ningún caso”.
Estos meses, continuas manifestaciones denunciaron la devolución y la detención del activista saharaui delante de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, en las universidades de Rabat y Agadir, y en la puerta del Tribunal de Marrakech donde acaba de ser juzgado y condenado a doce años de prisión.