Sólo una situación límite para la unidad o la soberanía de España harían que el PP se plantease apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Casado no tiene ninguna intención de responder a la apelación que, desde hace días, Sánchez lanza a Ciudadanos y PP para que le permitan gobernar en coalición con Unidas Podemos. Lo considera cantos de sirena más destinados a distraer la atención y ganar tiempo que una oferta sincera.
A los de Casado se les veía este viernes tranquilos y hasta relajados en la tradicional recepción en el Congreso con motivo del día de la Constitución. Cuanto más avanza el PSOE en sus contactos con ERC (y los socialistas se afanan en decir que van bien), más se afloja la presión sobre el PP para que facilite la investidura. Con ERC en el acuerdo, lo que vote PP y Ciudadanos no importa. Como él mismo lo expresó, no ve a Sánchez yendo a "rondar al balcón" del líder del PP incluso aunque naufrague su investidura con Podemos y ERC.
Sin embargo, el líder del PP no descarta nada y sólo se plantearía apoyar una hipotética investidura de Sánchez si lo que está en juego es una situación de absoluta emergencia que haga necesario un Gobierno con plenas funciones para una profunda intervención en Cataluña. Así lo aclaró el propio Casado en conversación informal con varios periodistas en el solemne salón de Pasos Perdidos del Congreso.
El Gobierno socialista cree que, llegado el caso, es posible aplicar el artículo 155 de la Constitución incluso estando en funciones. Al fin y al cabo, el precepto constitucional no limita las posibilidades de acción del Ejecutivo. En realidad, ni las limita ni las desarrolla, ya que en 44 años de vigencia de la Carta Magna, sólo fue aplicado en 2017. Entonces, el Gobierno fue explorando territorio desconocido sin saber qué diría el Tribunal Constitucional de la interpretación. Finalmente, sancionó las medidas tomadas por Mariano Rajoy con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.
El PSOE ya estudió un 155 en funciones
El Gobierno socialista estudió la posibilidad de aplicarlo de nuevo de cara a la reacción independentista a la sentencia del Tribunal Supremo. El análisis coordinado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ya fue la encargada de negociar en nombre del PSOE el anterior, concluyó que el Ejecutivo puede activar el proceso y plantear la suspensión de la autonomía aún estando en funciones. La duda venía en el Senado, cuyo pleno estuvo disuelto durante los episodios de violencia en la calle posteriores al fallo judicial.
El texto del artículo indica que la activación del 155 exige "la aprobación por mayoría absoluta del Senado". Pero incluso entonces el PSOE creía contar con la posibilidad de llevarlo a cabo, ya que los socialistas contaban con la mayoría absoluta en la Diputación Permanente. Si alguien lo recurría al Constitucional y el tribunal tenía otro punto de vista, la sentencia hubiera llegado mucho después, con las medidas de urgencia ya ejecutadas y la situación controlada. Finalmente, la colaboración de los Mossos d'Esquadra y la ausencia de nuevos desafíos de envergadura de la Generalitat y el Parlament devolvieron el debate al cajón.
Senado con plenas funciones
Desde este martes, el Senado ya está constituido, por lo que ese problema no existiría. Sin embargo, en el PP advierten de que la situación en Cataluña está muy lejos de estar bajo control y que los próximos meses son imprevisibles, tanto por el desenlace de las negociaciones de investidura, como por el caldeamiento de la precampaña autonómica o las acciones que las organizaciones, algunas en forma de guerrilla urbana, puedan reactivar en cualquier momento.
Casado asegura que en el momento en el que la unidad o la seguridad se vean gravemente comprometidas, él se sentará con Sánchez en Moncloa para analizar la situación. Y si las medidas requeridas para sofocar la crisis fueran de tal calibre como para requerir una estabilidad reforzada y un Gobierno con plenas capacidades, el PP se plantearía apoyar a Sánchez. Sería, en cualquier caso, un 155 más duro que el aplicado en 2017 y el Ejecutivo debería estudiar mucho su encaje constitucional en base a la sentencia del alto tribunal que delimita su posible alcance. Son muchos condicionantes que no tienen por qué producirse, pero el PP contempla todos los escenarios.
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