Hace una semana, Pedro Sánchez lo dejó claro. "Lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones". La frase, que repitió días después en los pasillos del Congreso, podría sonar a desiderátum, a conjura contra una perturbadora pesadilla. Después de los comicios del 28 de abril, destacados asesores del presidente del Gobierno empezaron a verle las ventajas a volver a las urnas para ampliar resultado y obligar a los demás partidos a investirle. Ya nadie está en eso. Su equipo cree, ahora de forma unánime, que otra repetición no sería buena ni para las expectativas del PSOE en general ni para las de Sánchez en particular.
En abril, el PSOE se dejó cerca de 800.000 votos y tres escaños. Unidas Podemos también bajó, mientras que el PP se recuperó y Vox obtuvo un resultado histórico. No sólo el precedente desaconseja arriesgarse sino que, para cuando llegase la repetición electoral, habría habido ya tres investiduras fallidas de Sánchez.
Según el artículo 99 de la Constitución, las elecciones se convocan automáticamente si dos meses después de una investidura fallida ningún candidato, sea el que sea, consigue la confianza del Congreso de los Diputados. El líder del PSOE habría estado en el centro de todas las repeticiones electorales de la Historia de España. No es la mejor tarjeta de presentación ante los electores. Alguien podría darse cuenta.
Fumata blanca
Sánchez no quiere terceras elecciones. Pero, ¿a qué se refiere con su promesa de que no las habrá? ¿Cómo puede hacerlo? Por sí mismo, no parece poder garantizarlo ya que su investidura no sólo de su voluntad sino principalmente de la de otros. Y, en estos momentos, Sánchez está en manos de ERC. Este lunes, la portavoz del partido, Marta Vilalta, aseguró que las posiciones están muy alejadas y que, en contra de lo que quería el PSOE, la investidura no será este año sino como pronto en enero siempre que Sánchez acepte sus condiciones para una mesa de negociación sobre el "conflicto político entre Cataluña y España".
El vacío legal para congelar la investidura
Sin embargo, en la Constitución y en el Reglamento del Congreso de los Diputados hay un enorme vacío que permite demorar sine die la investidura, potencialmente incluso años. Este martes y miércoles Felipe VI celebrará las consultas para proponer formalmente candidato y el propio Sánchez dio por hecho la semana pasada que él será el elegido. Después, se acabaron los plazos. La Constitución se limita a decir que el propuesto por el Rey "expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara". El artículo 170 del Reglamento del Congreso especifica que "el Presidente de la Cámara convocará el Pleno", pero tampoco dice cuánto tiempo debe transcurrir como máximo desde la propuesta del Rey.
Las piezas encajan si se tiene en cuenta que el Gobierno y el PSOE han advertido en numerosas ocasiones de que Sánchez no se someterá a la investidura si no tiene los votos. "No iremos a una investidura fallida", sentenció la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, hace unos días. En 2016, Mariano Rajoy renunció al encargo del Rey precisamente por no disponer de los apoyos suficientes. Sánchez, en cambio, ya ha optado en dos ocasiones por recibir el encargo del Rey a pesar de que no tener los apoyos. De hecho, el Congreso tumbó sus dos intentos.
El primero de ellos, según argumentó el propio PSOE en 2016, iba encaminado a poner en marcha el conocido como "reloj de la democracia" que inicia la cuenta atrás desde la primera votación fallida hasta la disolución de las Cortes, dos meses después. Ahora, recibir el encargo del Rey podría llevar justamente al escenario contrario: a la congelación de la investidura por tiempo indeterminado hasta que Sánchez logre los apoyos o los demás partidos se rindan ante la evidencia de que Sánchez debe gobernar, tal y como lo plantean en Moncloa. En abril, Sánchez tardó 46 días en someterse al examen del Congreso desde que fue propuesto por el Rey. Con la advertencia de ERC, en esta ocasión podría rebasarse ese récord.
Una crisis de ramificaciones profundas
Congelar la investidura conjugaría, efectivamente, el compromiso de Sánchez de que no habrá terceras elecciones y su decisión de no acudir al Congreso sin los votos suficientes de antemano, pero sumiría al país en una crisis institucional de profundas ramificaciones.
En primer lugar, porque el propio Congreso y su presidenta permanecerían atenazados por la incapacidad de Sánchez para superar la investidura. Hasta que no se conforma el Gobierno, la Cámara funciona a medio gas, más aún sabiendo que una pronta disolución interrumpiría cualquier trabajo legislativo en curso.
Por otra parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría quedar en un mal lugar. El reglamento del Congreso le confiere en exclusiva la convocatoria del pleno de investidura, pero nunca un presidente lo ha fijado en el calendario sin consultar al candidato, que es en realidad quien decide la fecha que mejor le conviene. Que Sánchez retenga la investidura dejaría a Batet ante la tesitura de imponerle el pleno para no dilatar más la interinidad o ser criticada por recibir órdenes del Ejecutivo y no actuar como presidenta del Legislativo.