Tomás Serrano
El fallo del TJUE paraliza al Gobierno y congela la investidura a la espera de qué decide ahora ERC
El Ejecutivo desaparece de escena mientras espera a ERC y decide si hace un gesto a través de la Abogacía del Estado.
20 diciembre, 2019 03:20Noticias relacionadas
Cortocircuito en el Gobierno. El Ejecutivo se mantuvo en estado de apagón desde alrededor de las 9:30, cuando se conoció el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que, siete horas más tarde, la vicepresidenta participó en un acto sobre la violencia de género y aceptó un par de preguntas sobre la cuestión.
Durante ese tiempo: nada. Los responsables de prensa ignoraron las cuestiones de los medios. Los teléfonos de los asesores de Sánchez sonaban sin que nadie se pusiera al otro lado. En la tradicional copa de Navidad del Congreso de los Diputados, a la que acudió la Mesa de la institución en pleno y portavoces de varios grupos, apenas había un puñado de diputados socialistas (y el ministro Pedro Duque, muy sonriente) que aclaraban antes incluso de ser preguntados, con una mueca de angustia, una verdad exoneradora: "Yo no sé nada".
La decisión del TJUE era relativamente previsible desde que hace semanas el Abogado General de la institución se pronunció avanzando su más que probable contenido, pero ni con spoiler el Ejecutivo evitó el shock.
Inmediatamente, la noticia volvió a elevar la temperatura entre ERC y el PSOE y al tiempo que congelaba la investidura. Si hasta este jueves la fecha para la votación definitiva de la investidura de Sánchez se situaba en el 30 de diciembre, tras el fallo judicial ya nadie se pronuncia, a la espera de futuros acontecimientos. La formación del Gobierno parece condenada a saltar de un compás de espera a otro, y su duración depende de factores más bien ajenos al PSOE y ERC, los dos partidos que la negocian con voluntad pública de llegar a un acuerdo.
A las 16:30, para cuando Carmen Calvo habló, ERC ya había exigido la liberación de Junqueras, que la Abogacía del Estado la reclame también ante el Tribunal Supremo y que el Gobierno aclare su posición.
Calvo desplegó el mensaje preparado por Moncloa, que consistió en desvincularse del juicio al procés y del Tribunal Supremo. Por una parte, por la separación de poderes. Por otra, paradójicamente, para vincular a las instancias judiciales al anterior Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy, del que el actual es "heredero”"en la gestión de una situación ajena a su responsabilidad.
Corregir el pasado con futuro
"Es necesario abrir una etapa política nueva en este país" y que "la política esté en la política" y no en los Tribunales, dijo, Calvo. En otras palabras: es muy probable que el Gobierno no pueda hacer más que un gesto a través de un posicionamiento amable de la Abogacía del Estado, pero la situación de Junqueras probablemente no cambiará. Y si hay que superarla con un acercamiento a ERC será mirando a futuro, en la negociación de la investidura y la posterior mesa de Gobiernos para solucionar "el conflicto político sobre el futuro de Cataluña", según reza en el último comunicado conjunto de ambos partidos.
"El Gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", reza en comunicado emitido por el Ejecutivo después de que hablase Calvo.
Retraso de la investidura
El retraso de la investidura parece inevitable salvo que todo lo que ocurrió este jueves, euforia en el Parlament y declaración de Carles Puigdemont incluidas, estuviese ya descontado en un plan secreto y milimétricamente diseñado.
Si hasta el jueves se suponía que tras el congreso de ERC del sábado habría una decisión, ahora todas las miradas están puestas en el gesto que la Abogacía del Estado podría hacer en favor de ERC y la decisión del Supremo sobre la aplicación del fallo europeo.
El reloj de la investidura está parado, según reconocieron fuentes parlamentarias, ya que una vez designado candidato por el Rey, fijar la fecha corresponde formalmente a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, pero en realidad al candidato, que no se someterá al Congreso hasta que se asegure que cuenta con los apoyos.
