Sánchez, contra la "judicialización": calla mientras Iglesias y Rufián insultan a los jueces

A más de un juez debieron de pitarle los oídos este sábado, especialmente si había alguna televisión encendida cerca. La palabra "desjudicialización", de morfología compleja, fue tendencia en las intervenciones de un buen número de oradores sin que nadie pudiera aclarar bien qué significaba. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, la utilizó para uno de los pasajes más solemnes de su intervención. 

"Necesitamos recomenzar, retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto", dijo. 

Pero, ¿qué significa exactamente desjudicializar el conflicto si el propio Poder Judicial y la Fiscalía pueden actuar de oficio o partidos ciudadanos denunciar cualquier tipo de presunta ilegalidad, forzando a la Justicia a pronunciarse? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto, además de política? ¿Quiénes son exactamente las partes de ese conflicto?

Las preguntas flotaron en el aire. Alguna le fue formulada a Sánchez en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta al margen de responsabilizar al anterior Gobierno y al PP de una situación que el PP ha heredado. 

Iglesias y Rufián, a la ofensiva

Varios de los líderes políticos que el martes permitirán que Sánchez sea presidente en su primera investidura exitosa fueron un paso más allá. Pablo Iglesias no dudó en prometer que combatirá a los jueces "que pongan por delante su ideología reaccionara respecto al derecho".

Por si fuera poco, habló abiertamente de políticos que "están presos y en el exilio" y que hacen gala de una "profundidad incuestionable de sus convicciones democráticas". En otras palabras: en España hay personas en prisión por sus ideas o que han tenido que escapar del país sencillamente por mantener sus convicciones. 

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también aludió a la "desjudicialización" como parte de la mesa de negociación "entre iguales", el Govern de la Generalitat y el Gobierno central. 

Rufián arremetió contra la Junta Electoral Central, compuesta en buena medida por magistrados elegidos por sorteo, y acusó al PP y Ciudadanos de dar un "golpe de Estado de libro" junto al organismo. Según él, Casado tuvo la desfachatez de anunciarlo antes en Twitter. "De primero de golpismo. Bastante torpe", añadió. 

Sánchez contrapone política y Justicia

En su respuesta, Sánchez comenzó dando las gracias al equipo negociador independentista, incluyendo a Josep Maria Jové, actualmente investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su implicación en la organización del referéndum ilegal. 

Después, optó no por defender la actuación de la Justicia, su independencia y su jurisdicción ante cualquier ilegalidad (algo que ha hecho en otras épocas), sino por lamentar "que haya decisiones que estén siendo dirimidas en el Poder Judicial", algo que "no representa más que un fracaso político". 

"Esta es la situación que vivimos", dijo. "La deriva judicial ha hecho imposible hacer política" o que "la política vaya por detrás de los acontecimientos", según él. La Justicia ha pasado a convertirse casi en un problema para la política, más aún que la ilegalidad. 

Los partidos de la opsosición reaccionaron con dureza recriminando a Sánchez una supuesta intención de influir en la Justicia o restarle poder para combatir los delitos. 

El PP critica el "pensamiento disolvente" de Sánchez

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró que "en vez de defender a la justicia española, Sánchez se ha sumado a la embestidura contra el Estado de derecho atacando a las tres instancias judiciales principales que han frenado el Proceso estos años y al nacionalismo catalán en sus delirios. A la Junta Electoral Central, hablando de zancadillas y artimañas de la extrema derecha; al Tribunal Supremo, diciendo que hay un conflicto político y que la justicia ha sido un obstáculo para su resolución, y ya esta tarde al Tribunal Constitucional, señalando que se había sobrepasado en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña", según ella.

"Hablar de la Justicia como obstáculo para la resolución de problemas políticos es la base de cualquier pensamiento disolvente de un orden democrático de convivencia y libertad", lamentó.