"Soy diputado", dijo el viernes y con solemnidad Quim Torra. "No reconocemos los efectos que pueda tener esta resolucuón, que no es más que un golpe de Estado a la soberanía del Parlament de Cataluña y un intento de alterar por vías irregulares la voluntad política de los catalanes".
El Tribunal Supremo acababa de avalar la resolución de la Junta Electoral Central, que a su vez había inhabilitado a Torra como diputado en el Parlament por "causa de inelegibilidad sobrevenida", es decir, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo condenó por oponerse reiteradamente a las indicaciones del organismo electoral sobre la neutralidad de las instituciones en el caso conocido como el de los "lazos amarillos".
Torra ya no es diputado y la Junta Electoral de Barcelona anunció la expedición de la credencial como diputado al siguiente en la lista de Junts per Catalunya, Ferran Mascarell. Su continuidad como president de la Generalitat forma parte de un limbo jurídico que podría utilizar para mantenerse en el cargo antes de que el Tribunal Supremo falle definitivamente sobre su recurso.
Torra en rebeldía
En cualquier caso, Torra se declara, con el apoyo de los partidos independentistas, en rebeldía frente a la Junta Electoral y el Tribunal Supremo en cuanto a la pérdida de su condición de diputado. Ahora está por ver cómo procederá el Parlament, que tiene la obligación de dar entrada al nuevo diputado y retirarle a Torra esa condición. De momento, Roger Torrent rechaza la sentencia del Tribunal Supremo, lo cual no quiere decir que no acabe acatándola para evitar que las responsabilidades le alcalcen a él también por desobediencia.
En esas condiciones, Sánchez ha anunciado que se reunirá con Torra en los próximos días, tal y como tenía prevista. Su primer acto conocido como presidente tras la investidura fue llamarlo, justo minutos antes de que el Supremo comenzase a deliberar sobre su caso. Este domingo, en conversación informal con periodistas en Moncloa, reafirmó su intención de verse, ya cara a cara, para una primera reunión como parte de sus esfuerzos por hacer de esta la "legislatura del diálogo".
Ni el lugar ni la fecha están aún decididos, pero será antes de la primera reunión de la mesa entre Gobiernos que Sánchez pactó con ERC a cambio de su abstención clave en la investidura, informa la agencia Efe.
Cataluña será prioritaria en el nuevo Gobierno, pero Sánchez ni siquiera la mencionó en las palabras con las que describió su nuevo Gobierno. "El Gobierno progresista nace con una vocación clara, la de servir a todos los españoles, porque no hay nada más progresista que unir a España", dijo, en una frase que quizás no habrá gustado mucho a ERC ni tampoco a EH Bildu, otra de las abstenciones clave.
La aritmética es tozuda. Sin el apoyo o la abstención de PP, Vox y Ciudadanos, Sánchez tendrá que ensayar la misma mayoría que le ha llevado a la Moncloa para los Presupuestos. Y sin Presupuestos, Sánchez difícilmente podrá gobernar mucho tiempo.
Aunque con algunos partidos las conversaciones fueron duales o interrelacionadas (investidura y Presupuestos), con ERC la negociación tendrá que partir de cero y, de nuevo, estará sometida a los vaivenes de la coyuntura política. Esas circunstancias obligaron, entre otras cosas, a celebrar la investidura en un fin de semana de plenas vacaciones navideñas para anticiparse a decisiones judiciales y su digestión en Cataluña.
Calvo y Sánchez
El presidente también ha aclarado que las relaciones con Cataluña y, en especial, las que tengan que ver con la mesa de Gobiernos y la interlocución con la Generalitat serán un asunto del que se ocuparán personalmente él y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Así fue ya desde la moción de censura, aunque hay quien ha visto en Calvo más un freno al entendimiento con los partidos independentistas que sustentan la Generalitat que un aliciente. Quien no parece llamada a tener un gran protagonismo en la relación con Cataluña será la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, centrada en la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica.