El Gobierno amenaza a Murcia con el TC mientras empieza a desjudicializar el 'procés' en Cataluña

El Consejo de Ministros celebró este viernes su segunda reunión, estrenó portavoz y tomó su primera decisión: iniciar un contencioso con el Gobierno de Murcia para obligar al Ejecutivo autonómico, de PP y Ciudadanos, pero con apoyo externo de Vox, a retirar el conocido como pin parental. 

Hasta tres ministras se pronunciaron ampliamente sobre el asunto. Para empezar, la portavoz, María Jesús Montero, que mostró la "mucha preocupación" del Ejecutivo por que la medida de Murcia, que permite una suerte de objeción de conciencia ante materias complementarias. Se trata de una exigencia de Vox, contrario a la educación en materia LGTBI y contrario a lo que denomina "ideología de género". 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya había anunciado, a través de un vídeo en redes sociales, que el Gobierno iba a oponerse a la medida, pendiente de ser tramitada en la comunidad autónoma. Lo hizo 24 horas antes y en un vídeo en el que exponía con claridad las razones, por lo que el asunto estaba en realidad amortizado por conocido. Pero este viernes compareció también tras el Consejo de Ministros, que además de algunos nombramientos no había tomado otra decisión. Según ella, el pin parental es contrario al "derecho fundamental y constitucional" de toda persona a ser educaa "desde su nacimiento". "No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres", dijo, sino que tienen derechos por el mero hecho de ser seres humanos. 

Una tercera ministra apareció en escena: Irene Montero, ministra de Igualdad, que compareció para anunciar que había pedido comparecer en el Congreso y en el Senado. Es muy inusual que este tipo de anuncios más bien de agenda (un anuncio sobre una comparecencia futura) requieran la presencia de la ministra ante los medios tras el Consejo, pero Montero no se perdió la ocasión.

"Los hijos e hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos y en que tienen el derecho a amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran, a ser educados en libertad, en el feminismo y en la igualdad", dijo Montero, que no pudo detallar las grandes líneas de su departamento al ser preguntada, argumentando que eso tocará en otro momento. 

Cuestiones de fondo y forma

La polémica por el pin parental tiene implicaciones de fondo, como el límite de la libertad de los padres para elegir qué tipo de educación tienen sus hijos, cómo de lejos puede llegar Vox en su rechazo al sistema y valores hasta ahora compartidos (logrando que sus tesis se conviertan en políticas de PP y Ciudadanos) o cómo de fragmentada o a la carta puede ser la educación de los menores. 

Sin embargo, el despliegue del Gobierno este viernes también puede indicar el inicio de una legislatura en la que las banderas ideológicas tendrán un gran peso en un debate público ya de por sí polarizado y de bloques. En la misma rueda de prensa, María Jesús Montero aprovechó para reclamar al PP que se avenga a pactar órganos que deben ser consensuados, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en la misma semana en la que el Ejecutivo ha colocado en la Fiscalía General a Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia. 

Celaá recordó que, ante asuntos capitales como el pin parental, la Justicia no puede ser excluida, aunque la vía inicial sea la del requerimiento para tratar de que no llegar a los tribunales. En caso de que finalmente así suceda, la apelación a los derechos fundamentales y el conflicto de competencias podrían convertir la batalla en un nuevo contencioso entre administraciones en el Tribunal Constitucional. 

La desjudicialización

Todo este debate se produce en paralelo a la "desjudicialización" de la política en lo que concierne a Cataluña. El Gobierno lleva más de un mes estudiando resoluciones del Parlament de Cataluña con alusiones a la autodetermnación, contrarias a las sentencias del Constitucional, que en otras ocasiones ha recurrido sin pestañear y en tiempo récord. Según Montero, "no se puede comparar" el conflicto de Cataluña con "una vulneración de la norma".

Montero aseguró que el Ejecutivo sigue estudiando el asunto. "El Gobierno no va a permitir que ninguna administración se salte ninguna norma o ley y la incumpla", advirtió. Eso sí, sobre Cataluña, "la política no se puede esconder detrás de las togas". 

Los más partidarios de la conocida como "desjudicialización" son, precisamente, los partidos independentistas catalanes y, específicamente, aquellos dirigentes en prisión o huidos de la Justicia. También son los mismos que más celebraron la designación de Delgado como Fiscal General. 

Este mismo viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores dio su plácet a la apertura de tres nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior (las conocidas como embajadas). Durante la etapa de Josep Borrell las autorizaciones permanecieron bloqueadas entre acusaciones a la Generalitat de querer dotarse de instrumentos para defender la autodeterminación, pero el Ejecutivo asegura ahora haber logrado las garantías del Ejecutivo de Quim Torra de que eso no será así. 

La explicación hay que buscarla en un acuerdo entre el Ministerio de Exteriores y la Generalitat. La desjudicialización consistirá en que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tendrá que archivar el recurso que la Abogacía del Estado interpuso contra el decreto de 25 de junio de 2019 por el que el Govern creó 'embajadas' catalanas en Argentina, Túnez y México, informa María Peral.

La creación de esas tres delegaciones de la Generalitat fue suspendida cautelarmente por el TSJC el pasado noviembre a petición de la Abogacía del Estado. Pero ahora, y de acuerdo con Exteriores, el Gobierno catalán ha dictado un nuevo decreto para implantar esas 'embajadas' con una redacción distinta y derogando el anterior decreto de junio. El recurso queda, así, sin contenido.

El Govern ha aceptado sustituir la expresión de que las funciones de esas 'embajadas' eran "promover y coordinar las relaciones bilaterales con las autoridades" de Argentina, México y Túnez por "facilitar la representación institucional" de la Generalitat en esos países.