Sánchez impulsará una reforma del Código Penal que afectará a la rebelión y la sedición
La reforma podría beneficiar a los actuales dirigentes independentistas presos si se fijan tipos menores para la sedición.
21 enero, 2020 14:17Noticias relacionadas
Pedro Sánchez quiere cambiar el Código Penal, que según él no ha funcionado para el procés. El jefe del Ejecutivo impulsará una reforma de la legislación en esta materia con la vista puesta en modificar los delitos que formaron parte de las acusaciones en el conocido como el "juicio al procés". Es decir, la rebelión y la sedición, que, según el Gobierno, son "vasos comunicantes".
Así lo aseguró Sánchez este lunes en una entrevista en TVE. "Es evidente que toda esta crisis [en Cataluña] ha mostrado algo, y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos", dijo el presidente en la televisión pública.
Este martes, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, insistió en que la reforma del Código penal tendrá que ver "con los acontecimientos ocurridos en Cataluña". Esos hechos, en particular la celebración de un referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional y la declaración unilateral de autodeterminación, fueron objeto del juicio en el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía defendió que constituían un delito de rebelión y la Abogacía del Estado, de sedición.
Montero ha incluido este aspecto en una reforma amplia que incluya los delitos contra la mujer y el consentimiento de las relaciones sexuales, para consagrar el "sólo sí es sí", o los de tipo medioambiental.
La pretensión del Gobierno parece incardinada en la dinámica de "desjudicialización" de la política comprometida por Sánchez y pactada con ERC, socio clave de la investidura de Sánchez.
Pero, además, una hipotética rebaja de penas en el Código Penal podría conllevar la reducción del tiempo que los dirigentes independentistas presos pasarán en la cárcel, ya que ante un cambio en la legislación penal, se aplicaría la más beneficiosa para el reo.
Sin embargo, no está claro que vaya a haber consenso interno en el Gobierno para plantear la reforma, ya que las posturas del PSOE y Unidas Podemos están alejadas. Así lo reconocen en el Gobierno, recordando que esta reforma pensada para Cataluña no figura en el programa común pactado por ambas formaciones. En ese sentido, si no hay acuerdo dentro del Ejecutivo, cada partido defenderá su posición en el Congreso.
Propuesta de En Comú Podem
La reforma del delito de sedición es una propuesta que viene realizando desde hace tiempo En Común Podem, la marca de Podemos en Cataluña. Su líder, Jaume Asens, se comprometió a poner en marcha "todas las acciones judiciales y políticas" que sean precisas para "sacar a los presos como condición primordial, indispensable y urgente para desbloquear la situación política y recuperar la normalidad democrática".
La marca en la que se encuentra Podemos en Cataluña recoge en su programa reformar el Código Penal para "clarificar los delitos de rebelión y sedición" -es decir, cambiarlos ad hoc para que la nueva redacción no les encaje con sus hechos probados- e incluso, la promulgación de "una Constitución catalana", pasando, claro, por el "derecho a decidir por la vía de un referéndum" de autodeterminación.
María Jesús Montero: "El Gobierno tiene previsto revisar el código penal (...) también en los casos, especialmente importantes, que tienen que ver con el consentimiento en materia de igualdad, respecto a las relaciones sexuales"
— 24h (@24h_tve) January 21, 2020
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Entregas a cuenta
Por otro lado, la portavoz del Gobierno ha anunciado la aprobación de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y las entidades locales de este 2020, que serán de unos 103.000 millones de euros. Montero ha precisado que a lo largo de hoy y próximos días precisarán a cada región qué cantidad recibirá.
Cabe recordar que esta cantidad es parte fundamental de la financiación autonómica y permitirá que comunidades como Madrid activen la elaboración de sus propios presupuestos revionales