El Gobierno cree que hay que modificar los delitos de rebelión y sedición para evitar reveses para la Justicia española en Europa. Así lo ha justificado este miércoles la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en la Cadena Ser.
Según Calvo, cambiar el Código Penal para modificar los tipos aplicados en el juicio a dirigentes independentistas como Oriol Junqueras "no es tanto urgencia como necesidad". "Hemos visto como algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado" en Europa, ha dicho.
Algunos de ellos fueron diseñados antes de este período democrático, ha lamentado, y "se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos", ha dicho en probable referencia al referéndum del 1 de octubre de 2017, suspendido por el Tribunal Constitucional, o la declaración unilateral de independencia posterior.
La vicepresidenta ha enmarcado dentro de la democracia las acciones de los dirigentes independentistas, por las que fueron juzgados y condenados. "Hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida democrática de España a tipos penales", ha dicho Calvo, que ha citado como revés el del Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein (Alemania), que se negó a entregar a España a Carles Puigdemont, huido de la justicia española, por la falta de un tipo como el de rebelión en la legislación alemana.
"Europa nos ha mandado un mensaje". "Tenemos que cambiar algo, que actualizar algo", ha dicho.
Calvo ha reivindicado las razones del Gobierno para un menor castigo a estos delitos y ha asegurado que ya se han visto reconocidas por el Tribunal Supremo, que condenó a los presos por sedición, como reclamaba la Abogacía General del Estado (dependiente de Justicia) y no por rebelión, como reclamaba la Fiscalía. "Ya advertimos lo que luego resultó ser", ha dicho.
Preguntada acerca de que una rebaja de los tipos acabe beneficiando directamente a Junqueras y los otros condenados por sedición (Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa), consideró que será "obvio", ya que a los presos se les aplicaría la legislación más favorable, pero ha remarcado que eso depende de la Justicia.
El Gobierno tiene "la obligación y la responsabilidad de hacerlo" y por eso llevará a cabo "reformas legislativas importantes". Eso sí, Sánchez no tratará el asunto en la mesa de negociación con el Govern de la Generalitat. Ni con Quim Torra ni "con ningún presidente de comunidades autónomas"