El pleno del Parlament ha aprobado este viernes una propuesta de resolución del PSC-Units para constatar que ni TV3 ni el resto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales "no ha programado ningún contenido específico sobre los casos de corrupción política, fraude y evasión fiscal que son motivo de procesos judiciales que afecta al expresidente del Govern, Jordi Pujol".
La propuesta -la única leída íntegramente en el pleno, a petición del PSC-Units- insta al Govern a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la misión de servicio público y rigor informativo de la CCMA en el tratamiento del expresidente, "contextualizando la información y ofreciendo diferentes elementos de juicio a la ciudadanía".
Han apoyado esta iniciativa socialista todos los grupos parlamentarios excepto JxCAT, que se ha abstenido -Pujol era dirigente de la antigua CDC, de la que derivó JxCAT-, y la propuesta recuerda que al expresidente "se le retiró el tratamiento de Molt Honorable, la oficina institucional, la pensión vitalicia y otros títulos por parte del Parlament".
Pacto nacional contra la corrupción
El pleno del Parlament también ha aprobado este viernes por unanimidad instar al Govern a impulsar un Pacto Nacional contra la corrupción que implique la participación de partidos, sindicatos, patronales, entidades, mundo local, Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña, para mejorar la transparencia y proponer cambios legislativos.
La Cámara lo ha aprobado en un debate monográfico sobre corrupción promovido por Cs, en el que también ha prosperado acordar un código ético del servicio público de Cataluña e instar al Govern a personarse como acusación particular y "perseguir proactivamente todos los casos de uso indebido de patrimonio público por corrupción y fraude fiscal".
La Cámara se ha comprometido a poner sus medios a disposición del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción para celebrar, en 90 días como máximo, la primera Cumbre contra la corrupción de Cataluña, algo que ha propuesto la CUP, grupo que también ha defendido crear un mecanismo de prevención contra la corrupción, pero se ha descartado.