El Gobierno decretará el estado de alarma en todo el país durante 15 días para intentar frenar la propagación del coronavirus, una epidemia que ya afecta a más de 4.000 españoles y amenaza con alcanzar a más de diez mil personas en pocos días más. Esta es la medida más leve de las excepcionales a las que puede recurrir el Gobierno en situaciones de crisis, según regula la Constitución en su artículo 116. 

A partir de que este sábado se apruebe este estado excepcional, el Gobierno podrá "unificar criterios" y aplicar las mismas medidas en todo el territorio nacional como, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, el sector más afectado por esta crisis que ya muestra signos de colapso en los lugares más afectados. En Madrid, hay hoteleros que han ofrecido sus establecimientos para convertirlos temporalmente en hospitales y poder así hacer frente a la alta demanda de nuevos casos que se esperan. 

Pedro Sánchez se reúne en un Consejo de Ministros extraordinario este sábado a las 10.30 de la mañana para aprobar con su gabinete las medidas que el Ejecutivo aplicará a partir de ahora, una vez que dé cuenta al Congreso de los Diputados, "reunido inmediatamente al efecto", según establece la Constitución, para conocer la situación de emergencia nacional que pide aplicar de forma inmediata medidas extraordinarias para controlar una situación totalmente fuera de control.

El estado de alarma se regula a través de la Ley Orgánica 4/1981, una normativa que convierte al Gobierno de la nación en la única autoridad competente para tomar cualquier decisión en el ámbito nacional. España es un país formado por diecisiete autonomías y el Estado tiene transferidas competencias a los gobiernos autonómicos como la sanidad, la educación o los transportes. Ante una crisis de esta envergadura, la coordinación entre administraciones se antoja muy complicada cuando las respuestas tienen que darse en horas, en minutos.  

La rapidez con la que el virus afecta a más y más españoles ha provocado un giro en el guion de Moncloa, que se ha visto superada por los acontecimientos y en cinco días ha pasado de encabezar manifestaciones masivas por el Día de la Mujer a declarar el estado de alarma. Hasta ahora, las autonomías han ido aplicando sus propios criterios conforme recibían recomendaciones de Sanidad Pública y conocían los datos de afectados en su territorio.

Sin embargo, la rápida expansión del virus obliga al Gobierno central a tomar las riendas para acortar y agilizar los plazos de actuación para aplicar las medidas que sean necesarias en el menor espacio de tiempo posible. El Ejecutivo insiste en que la mejor medida para evitar la propagación del virus es el aislamiento voluntario de cada persona en su casa. Pero, si las recomendaciones resultan infructuosas para frenar la curva de infectados, el Gobierno no descarta restringir la circulación a los ciudadanos.

Aislar por tierra

Desde que decrete el estado de alarma, el Ejecutivo podrá aislar cualquier punto de España por tierra y aire. En este caso, el principal foco de infección está en la Comunidad de Madrid y todas las miradas están puestas hacia esta autonomía. Como medida excepcional en tiempos excepcionales, el Gobierno también puede suspender la entrada y salida a la comunidad madrileña de autobuses, trenes y aviones y, además, el incumplimiento de la nueva normativa permite al Gobierno imponer sanciones económicas si así lo considerara oportuno. 

La Ley Orgánica 1/1981 que regula esta excepcionalidad permite también al Ejecutivo limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, como el aislamiento forzoso, además de practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatoria.

Racionar el uso de servicios

Sánchez también podría intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Además, el jefe del Ejecutivo podría asumir competencias para limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

Moncloa va tomando decisiones conforme va conociendo los datos de afectados que día a día le ofrece Sanidad Pública. De hecho, el propio Sánchez descartó declarar el estado de alarma en el Consejo de Ministros del jueves, donde desplegó un primer paquete de medidas para hacer frente al desastre económico provocado por el coronavirus. Apenas 24 horas después, se vio obligado a hacer una declaración institucional ante la opinión pública y decretar un estado excepcional que solo ha sido utilizado una vez en democracia, en el año 2010 por una huelga de controladores aéreos.

"Negligencias" por el 8M

El jefe del Ejecutivo contactó con los líderes de la oposición durante la mañana de este viernes para adelantarles que iba a decretar el estado de alarma, pero no les anunció qué medidas piensa tomar, según ha podido saber este diario. El Partido Popular bendijo que el Gobierno aplique el estado de alarma, aunque considera que llega tarde y mal. Pablo Casado ofreció sus votos en el Parlamento para prorrogar 15 días más el estado de alarma si fuera necesario y alertó a Sánchez de que todavía no es el momento de pedir responsabilidades por "negligencias" como permitir manifestaciones masivas el 8M, aunque dio a entender, en una comparecencia tras el presidente del Gobierno, que lo hará. 

Al convocar al Consejo de Ministros extraordinario para la mañana de este sábado, el presidente ha retrasado la conferencia con los presidentes autonómicos para la tarde. El jefe del Ejecutivo quiere la máxima colaboración institucional y pedirá a los máximos representantes autonómicos altura de miras para intentar aparcar las diferencias ideológicas e ir todos a una para controlar la propagación de un virus que a día de hoy está totalmente descontrolado.