"Hace ya dos meses que el director general de la Policía nos encargó a la subdirección de logística que empezásemos a mover la adquisición de mascarillas y guantes".
Estas han sido las palabras del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a preguntas durante la rueda telemática que han dado los responsables técnicos al frente de la lucha contra el coronavirus.
El también comisario principal ha puesto en evidencia las palabras de los distintos ministros que venían diciendo que la alerta por la pandemia en España no se conoció hasta el 9 de marzo, días antes de que entrara en vigor el actual estado de alarma.
Declaraciones Gobierno coronavirus 28-03-2020
La figura del DAO se encarga de coordinar a las distintas unidades del cuerpo repartidas por todo el territorio nacional. Es quien trabaja codo con codo con el director general de la Policía Nacional, un cargo político que responde directamente al secretario de Estado de Seguridad y al ministro del Interior.
Fuentes policiales han explicado a EL ESPAÑOL que el pasado 24 de enero se mantuvo una reunión atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. En ella se acordó "reforzar las medidas de precaución en los puestos fronterizos, con especial atención a los vuelos procedentes de China".
Conforme la pandemia del coronavirus fue avanzando, desde la Dirección General de la Policía se fueron tomando medidas, entre las que estaban "adquirir más mascarillas y guantes, material que policías usan habitualmente en algunas unidades, haya o no virus, epidemia o pandemia", explican.
Finales de enero
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska quisieron adelantarse a los acontecimientos y, según el DAO, desde finales de enero se trabaja para poder adquirir materiales sanitarios suficientes para repartirlos entre los agentes de Policía para evitar el contagio.
Esta semana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, situaba en los últimos días de febrero el inicio de la pandemia, aunque en comparecencias anteriores la fecha clave se puso en el 9 de marzo, un día después de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. La realidad, como ha desvelado el responsable policial, es que en Interior se hicieron gestiones, como mínimo, un mes antes de la fecha planteada por Illa.
Durante la comparecencia, el secretario de Estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver, quien viene verbalizando las preguntas que envían los periodistas, ha tenido que repreguntar a González si en lugar de "meses" quería decir "semanas": "No, nosotros desde hace ya dos meses que ya el director general de la policía que nos encargó a la subdirección de logística que empezásemos a mover la adquisición de mascarillas y guantes", ha sido su respuesta.
Abastecimiento de material
La falta de guantes y mascarillas es un problema al que el conjunto de la Administración está haciendo frente. En la misma rueda de prensa, la directora de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha avanzado que los contratos con China para adquirirlos ascienden ya a 628 millones de euros, 50 más que la anterior cifra dada por el Gobierno
"Este no ha sido un problema de la policía, ni del ministerio del interior, ni del de defensa, es un problema internacional, todo el mundo es consciente de que ha sido muy difícil abastecerse", ha dicho el responsable de la Policía.
González ha explicado que "en todos los vehículos hay medios de protección, pero si un turno no lo utiliza, lógicamente tienen que seguir en ese vehículo; si los utilizan, se tiran y se reponen".
Casi dos horas y media después de la rueda de prensa de González, Interior ha emitido una nota de prensa en la que indica que este sábado se ha empezado a distribuir una nueva partida de mascarillas, que ascienden a 1.125.000, entre la Policía, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.
Frentes judiciales
El trabajo que Interior lleva haciendo desde enero se ha conocido el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente una petición realizada por el sindicato policial Jupol y requiere a la secretaria de Estado de Seguridad que dote a esta organización "de las medidas de protección necesarias para desarrollar sus funciones".
Sin embargo, la Justicia madrileña no ha fijado un plazo para que se lleve a cabo, y la Secretaría de Estado deberá hacerlo "sin desatender a los colectivos profesionales prioritarios y más necesitado".
El siguiente frente judicial al que tendrán que hacer frente los responsables de interior es a la denuncia que preparan 7.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por un delito contra la seguridad de los trabajadores con resultado de "homicidio imprudente".
Los agentes denuncian "desprotección" frente al coronavirus y que se les obliga a efectuar patrullas sin mascarillas y sin las convenientes medidas de seguridad, pese a tener que estar en contacto directo con los ciudadanos al tener que detener vehículos e incluso a personas.