La cosecha se va a la ruina: los agricultores buscan desesperados 200.000 parados e inmigrantes

Cada día, el despertador de Arturo suena a las seis y media de la mañana. Pasados veinte minutos de las siete, comienza a doblar el lomo en una finca de Almedina (Ciudad Real), donde solo cuenta con la ayuda de un jornalero para sacar adelante la titánica tarea de atar parras hasta donde se pierde la vista y podar a contrarreloj 5.000 olivos antes de que asome la flor. “¡Mi cuerpo no puede más!”, clama este agricultor de 62 años. “Trabajo 14 horas al día de lunes a domingo”.

La causa de la paliza diaria que afronta Arturo es la falta de mano de obra que sufre el sector en Castilla-La Mancha por culpa del coronavirus: Asaja estima que se precisan más de 30.000 jornaleros en esta autonomía. “En 2019 contraté una cuadrilla de siete rumanos para podar viñedos y este año solo tengo una persona", dice Arturo.

La pandemia que está sacudiendo España con más de 11.000 fallecidos por Covid-19 no invita a los ciudadanos de Rumanía a hacer la maleta como en años anteriores para enlazar varios meses de trabajo en el campo castellano-manchego: podando olivos y viñedos, arrancando ajos o plantando y recolectando cebollas...

Arturo, mientras se desloma podando 5.000 olivos en una explotación de Almedina (Castilla-La Mancha).

“Tienen miedo a venir”, afirma Arturo. Y no se equivoca: desde Coag y Asaja alertan al Gobierno central de que faltan entre 100.000 y 200.000 jornaleros para cubrir las necesidades de mano de obra de las campañas de fruta y hortalizas de verano.

Las citadas organizaciones agrarias apuntan que las autonomías más afectadas por la caída de hasta un 40% en las contrataciones son Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Aragón y la Región de Murcia. “La primera vez que fui a trabajar a la huerta tenía siete años, mi madre me dejó en la noria de la que tiraba un burro para regar, y en todos estos años jamás he vivido algo así”, admite este agricultor al que le faltan tres años para jubilarse y le empiezan a escasear las fuerzas para sacar adelante las hectáreas de olivo, viñedo y cereal que tiene al sureste de la provincia de Ciudad Real.

“Estoy desesperado”. Tal afirmación se debe a que Arturo arrastra demasiados quebraderos de cabeza porque cada año tiene más difícil encontrar mano de obra: Almedina es uno de esos pueblos de la España rural que se está vaciando y que con solo 516 vecinos apenas dispone de gente en edad de trabajar.

Este panorama se suma a los problemas provocados por la pandemia del coronavirus y la falta de beneficios que arrastra de 2019 por los elevados costes de producción y los precios ruinosos que percibe por sus productos: “Esta campaña de la aceituna cada jornalero me costaba 80 euros al día y solo me pagaron el kilo a 36 céntimos”.

Arturo, pensativo, mientras se toma un descanso en una finca de Almedina donde está podando viñedos.

Finalmente, Arturo podrá ver la luz al final del túnel y encontrar mano de obra. El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto-ley para permitir la incorporación de trabajadores en paro o desempleados e inmigrantes a las labores agroalimentarias con los que atender la temporada de recogida que está a punto de comenzar. Para ello, se permitirá la compatibilización de las prestaciones de desempleo con el salario por estas actividades laborales. 

Se roban jornaleros

En la comunidad castellano-manchega, según ha podido saber EL ESPAÑOL, hace falta tanta mano de obra que los propios agricultores están compitiendo entre ellos para robarse a los jornaleros ofreciéndoles mejores sueldos. Por poner algunos ejemplos prácticos: si un productor paga 12 o 14 céntimos al empleado por podar una parra, otro productor le ofrece 17 céntimos para 'ficharlo'; en el caso del olivo, unos ofrecen un euro por podar un árbol y otros tientan con dos euros, incluso de una cuadrilla a otra puede haber una diferencia de uno a tres euros por cada hora trabajada.

La falta de mano de obra en el sector agrícola de Castilla-La Mancha está dejando sin efectivos a las cuadrillas de jornaleros.

“Hay plantaciones de viñedo paralizadas porque no hay gente para poner el sistema de conducción; faltan jornaleros para recoger las ramas de la poda del olivo o eliminar las malas hierbas en las explotaciones de cebollas, incluso no hay manos para el atado de los manojos de ajo”, enumera de forma didáctica el ingeniero agrónomo y secretario técnico de Asaja en Castilla-La Mancha, Arturo Serrano. “Todos esos cultivos tienen unos ciclos de trabajo que establece la naturaleza y que no se pueden posponer: al final si un productor no puede sacar adelante 30 hectáreas de cebolla por la falta de trabajadores pues solo plantará quince hectáreas”.

Menos producción, desabastecimiento

El secretario técnico de Asaja advierte al Gobierno de España de que debe tomar medidas antes de que la situación se agrave con el inicio a mitad de mayo de la campaña de la sandía y en junio con el melón: “Habrá una caída de la producción agrícola y eso conlleva una bajada de la renta y problemas de desabastecimiento en los mercados”. Una situación que en pleno confinamiento domiciliario solo empujaría a la ciudadana a regresar en manada al supermercado para lanzarse sin control a llenar el carrito de la compra con el riesgo sanitario que ello conlleva -como ocurrió al inicio de la pandemia-.

La clave del déficit de jornaleros se debe al coronavirus y a las restricciones establecidas por el decreto de estado de alarma del Ejecutivo español. Desde Coag y Asaja recuerdan que entre abril, mayo y junio se producen miles de contrataciones de temporeros procedentes de Marruecos, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Polonia, entre otros países. El Covid-19 privará de esos empleados al sector agrícola, tal y como asegura el responsable de relaciones laborales de Coag, Eduardo López: “El estado de alarma no permite hacer contratos en origen a jornaleros de países extracomunitarios y también incluye restricciones para el libre tránsito de personas por la Unión Europea”.

El responsable estatal de relaciones laborales de Coag, Eduardo López, en una explotación almeriense con sandías.

López avanza que hay que buscar alternativas para dar viabilidad del campo: “El problema que se plantea es muy serio porque al final se pueden perder cosechas, empleos y economía para nuestro país”. El dirigente de Coag explica que el sector agrícola ha hecho una propuesta a La Moncloa para aprovechar los 250.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que se han acogido las empresas, enviando al paro a 620.000 trabajadores, al verse obligadas a frenar su actividad por las medidas de confinamiento.

“Estamos pidiendo que, por ejemplo, los empleados del sector hostelero que van a estar en paro durante un tiempo por un ERTE, que se les ofrezca la posibilidad de trabajar en el campo para salvar las cosechas”, detalla López. El responsable estatal de relaciones laborales de Coag zanja que la propuesta básicamente consiste en habilitar desde los servicios públicos de empleo (SEPE) una bolsa de trabajo agrícola. “La idea sería priorizar las contrataciones dentro de las provincias, para evitar desplazamientos fuera de las comunidades autónomas, de manera que esos desempleados afectados por los ERTEs volverían a cotizar a la Seguridad Social con lo que eso supone para la economía”.

Extremadura: cóctel explosivo

En Extremadura un sudor frío empieza a recorrer la frente de muchos productores frutícolas porque en esta autonomía en los últimos dos años ya venían padeciendo los problemas de mano de obra, entre otros motivos, por el problema de la despoblación rural: un total de 88 municipios extremeños han perdido una cuarta parte de su población desde el año 2000. El año pasado la situación dio un giro de tuerca y la falta de rentabilidad de las explotaciones por los malos precios en origen llevó a muchos productores a arrancar 2.400 hectáreas de fruta para no perder dinero.

Ahora la pérdida de rentabilidad, el fenómeno de la despoblación y la restricción de movimientos establecida por las autoridades sanitarias que impide contratar a empleados de fuera se perciben en el sector agrario extremeño como un cóctel explosivo que provocará dificultades para recolectar las próximas cosechas: ciruela, cereza, tomate, tabaco... “La pandemia ha agudizado la situación y por eso hacemos un llamamiento a los afectados por los ERTEs del coronavirus: aquí estamos nosotros para contratarlos”, anuncia a bombo y platillo el coordinador de COAG en Extremadura, Juan Moreno.

El coordinador de la organización agraria COAG en Extremadura, Juan Moreno, en una rueda de prensa.

A finales de abril arrancará en las Vegas del Guadiana la recogida de fruta de hueso temprana y entre los productores hay inquietud porque no se podrá contar con las cuadrillas de rumanos que tradicionalmente se desplazan desde su país. “Lo que no puede ser es que después de las tractoradas por la crisis de precios que hemos sufrido, ahora no podamos recoger las cosechas por falta de mano de obra”, sostiene indignado el dirigente agrario Juan Moreno.

Murcia: cuadrillas a medio gas

El Covid-19 no solo está poniendo en jaque a la sanidad española, sino que también se está convirtiendo en una plaga para la agricultura dejando a medio gas sus cuadrillas de jornaleros. En la Región de Murcia el número de sus integrantes se ha reducido casi a la mitad en los municipios que están inmersos en las labores de aclareo de la fruta de hueso. “En las explotaciones se ha pasado de veinte personas trabajando a ser ocho o diez en el mejor de los casos”, corrobora a pie de finca Esperanza Ramírez, agricultora y socia de la Cooperativa Thader de Cieza fundada en 1973.

La situación es preocupante porque a partir del 10 de abril, desde Molina de Segura hasta Jumilla, comenzará la recolección de toneladas y toneladas de albaricoques, nectarinas, melocotones, paraguayos... En esas localidades ha caído la cifra de jornaleros que trabajan en las explotaciones por un solo motivo, tal y como expone Esperanza Ramírez: “El decreto de estado de alarma establece restricciones para el transporte de trabajadores”.

La agricultora Esperanza Ramírez, socio de la Cooperativa Thader de la localidad murciana de Cieza, trabajando.

El número de ocupantes de los turismos se ha reducido de cinco a dos empleados; en las furgonetas con nueve plazas solo pueden viajar tres personas y los autobuses deben ir a un tercio de su capacidad para evitar contagios por Covid-19 entre los jornaleros.

“La campaña se plantea difícil por los problemas que tenemos para desplazar a los empleados: faltan coches porque algunos no tienen vehículo propio y otros no quieren salir de casa por temor a contagiarse”, resume Esperanza sobre las dificultades que está capeando el sector agrario murciano para sacar adelante las labores de aclareo de la fruta de hueso. Los productores que optan por contratar más autobuses para cumplir con el decreto deben asumir un sobrecoste. “El gasto es de 20 euros por persona y día”, calcula esta experimentada agricultora: “¡Nací en una finca!”.

El sector está obligado a sacar adelante los trabajos de aclareo de árboles frutales porque son fundamentales para la campaña. “Sirven para seleccionar la fruta de mayor calidad, primero en flor y luego dándoles distancia en el árbol para que crezcan de manera óptima alcanzando el mejor calibre”.

La seguridad sanitaria se extrema

Las medidas de seguridad sanitaria en las fincas se han extremado: los jornaleros guardan entre sí varios metros de distancia, usan guantes, mascarillas, en cada parada para almorzar o comer tienen que limpiarse las manos con gel hidrolítico... “Tenemos a parte de la plantilla de la cooperativa cosiendo mascarillas para cuando se inicien los trabajos de recolección de la fruta de hueso”.

Una cuadrilla de jornaleros mermada en número de efectivos trabajando en una finca del municipio murciano de Fortuna.

Los agricultores están trabajando como en Fuenteovejuna, todos a una, demostrando una vez más la unidad del sector como ocurrió con las tractoradas que protagonizaron en toda España por la falta de rentabilidad en sus explotaciones por los bajos precios en origen. Algo que lleva a Esperanza a lanzar una reflexión al Gobierno: “Estamos sacando nuestros tractores a las calles para fumigarlas contra el coronavirus después de que nos pagasen 30 céntimos el kilo por variedades de fruta de hueso que nos costaba producir 50 céntimos y todavía no sabemos si en esta campaña habrá precios justos”.