Los ciudadanos que profesan la religión musulmana podrán celebrar su fiesta anual del Ramadán y tendrán permiso para desplazarse fuera de sus localidades si en éstas no hay tiendas que provean de los alimentos necesarios. El Ramadán comienza en pleno confinamiento, el próximo 24 de abril.
Así se desprende de una orden de la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. En la provincia, la comunidad musulmana de Batán y Talayuela pidió permiso para poder realizar las compras necesarias en los próximos días ante las restricciones de circulación y tránsito impuestas por el Gobierno tras decretar el estado de alarma por la crisis del coronavirus.
Tras consultarlo con la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, el teniente coronel al frente de la comandancia de la Benemérita se lo comunicó al resto de agentes, según una información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "Se comunica que los desplazamientos que deban realizar fuera de sus localidades las personas de religión musulmana con motivo del próximo Ramadán están autorizados, dado que son escasos los establecimientos autorizados por la Comisión Islámica de España", explica la orden.
El documento explica que desde la Benemérita se tiene constancia de establecimientos autorizados en Talayuela, Miajadas y el propio Cáceres, así que será allí hasta donde se puedan desplazar para realizar las compras.
La Guardia Civil no tiene constancia, según ha explicado a este periódico, de que otras comunidades islámicas de distintos puntos de España hayan pedido este permiso. Tampoco se ha estipulado un calendario u horarios en los que los desplazamientos estén permitidos.
Una de las comidas "obligatorias" que debe consumir un musulmán es la carne halal, que no es más que la forma de matar al animal según el rito islámico. El sacrificio busca evitarle un daño excesivo para que así la carne sea de más calidad y no sea tan dura, desangrándolo por completo.
En España es común encontrar en barrios este tipo de carnicerías, pero durante el Ramadán los musulmanes hacen ayuno hasta que cae el sol, cerca de las 21.00 horas. Esto les obliga a pasar la mayoría de las horas diurnas en casa, razón por la que han pedido el permiso para hacer acopio de estos alimentos antes del 24 de abril.
Sin misas
Sin embargo, los cristianos no están pudiendo celebrar sus oficios de Semana Santa confinada a causa de la crisis y las restricciones de movilidad y reunión por el estado de alarma. Esta circunstancia está dejando en España imágenes de ciencia ficción: playas vacías, calles semidesiertas, controles policiales en las carreteras para evitar los desplazamientos, y el desalojo de la catedral de Granada.
Es el caso de las celebraciones religiosas, el real decreto ley especifica en su artículo 11 establece que la "asistencia a los lugares de culto, ceremonias civiles y religiosas" está "condicionada" a la "adopción" de medidas de contención en atención a las características de y "dimensiones" de tales lugares para garantizar el distanciamiento social de "al menos un metro".
Aunque estas prácticas están permitidas según la citada normativa, este sábado, en la rueda de prensa de los miembros del comité técnico de seguimiento de la situación del coronavirus saltó la polémica.
La comisaria principal de la Policia Nacional, María Pilar Allué, que sustituía a su colega José García Molina por tener síntomas de infección por coronavirus, dijo que "la normativa vigente no ampara este tipo de actividades en estos momentos de confinamiento", aunque el texto al que hace alusión es bastante claro al respecto, en sentido contrario.
Lío en Granada
El lío se armó en Granada el pasado viernes santo, fecha señalada en el calendario católico. La Policía Nacional reclamó a una veintena de personas que participaban en los oficios del Viernes Santo en la catedral de Granada que desalojaran el templo. Los fieles salieron de uno en uno antes de que acabara la misa y tras recibir la comunión. No serán sancionados.
Según informaron a Efe fuentes de la Policía, la unidad adscrita a la Junta, que refuerza las tareas de vigilancia durante el estado de alarma, avisó de la entrada de personas al templo y movilizó a los agentes hasta el templo.
En el interior de la catedral, el arzobispo Francisco Javier Martínez estaba oficiando la misa de Viernes Santo, ceremonia que fue interrumpida para comunicar a la veintena de personas que asistía a la eucaristía que no podían permanece allí concentrados.
Quejas del PP
Los diputados nacionales del PP por Granada, Carlos Rojas y Pablo Hispán, lamentaron este sábado que "la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez" haya dado lugar a "situaciones indeseadas" e "incidentes tan desafortunados", como el ocurrido en la Catedral de Granada.
En un comunicado, adelantaron que pedirán explicaciones al Gobierno de Sánchez, puesto que el real decreto por el que se establece el estado de alarma "no tiene capacidad para limitar derechos fundamentales como el de la libertad religiosa". Además, exigirán conocer las directrices exactas que se dieron por parte de la Subdelegación del Gobierno en Granada.