El Gobierno despide a una decena de profesores que daban clase en Marruecos y regresaron por el virus

Una veintena de profesores españoles de 11 colegios que en Marruecos dependen del departamento de Educación de la Embajada decidieron regresar a casa por miedo a la epidemia cuando empezó la crisis del coronavirus. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, una decena de ellos han sido cesados por “abandono del país y de su puesto de trabajo”, y el resto espera la comunicación de despido. Serán penalizados y durante tres años no podrán volver a trabajar en Marruecos, según dicta la base segunda de la convocatoria de interinos publicada por la Embajada.

Con la pandemia del Covid-19, los centros educativos en Marruecos cerraron el 16 de marzo y los profesores teletrabajan. Algunos docentes españoles habían solicitado permiso por escrito a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Rabat para desplazarse y trabajar desde España por razones de salud, por tener familiares mayores que atender o por la propia angustia ante la posibilidad de enfermar en un país ajeno.

Ante la ausencia de respuesta, según coinciden algunos afectados, decidieron trasladarse a España antes del cierre completo de las fronteras y seguir teletrabajando desde sus casas.

Antonio Pérez, profesor de Educación Física en Secundaria, cubría una vacante para este curso académico en el colegio español de Alhucemas, y se enteró de que había sido despedido con fecha de 3 de abril al recibir una notificación de la baja en la Seguridad Social.

Profesores interinos

“Seguí trabajando hasta el lunes 6 de abril, que fue cuando tuve confirmación de que era verdad que me habían cesado, pero porque desde la dirección mandaron un mail al resto de profesores y una compañera me lo dijo. Comunicarme a mí, no me han comunicado nada”, explica telefónicamente desde Jaén.

“Soy asmático crónico. Todo esto está lógicamente en mi informe. Estoy medicado todo el año y, confinado en Marruecos, no tenía acceso a la medicación”, alega. Así que solicitó viajar a España, pero la Embajada  le denegó la petición “porque el informe -con fecha de 2018- no estaba actualizado”.

En todo caso, Antonio es un enfermo crónico. Cuando presenta un cuadro de asma los síntomas que manifiesta son los mismos que los de una persona con coronavirus, tos seca y dificultades para respirar. "Y si tengo una crisis asmática, ¿cómo sé que no tengo el coronavirus?", se pregunta.

Mantiene que para él “la solución no es estar confinado en casa y tomar paracetamol. Si lo que tengo es asma, necesito mi medicación del asma a la que no tengo acceso en Marruecos”. Antonio salió del país con un permiso consular de turista “porque los profesores interinos en ningún momento tenemos permiso de residencia”.

Alejandro Pérez es otro de los afectados. “Me siento maltratado: cuando en España se habían suspendido las clases, a nosotros nos obligaron a acudir al centro, sin alumnos, durante varios días”.

¿No se podía despedir?

Este profesor de Economía en el Colegio Español de Rabat fue cesado el 7 de abril. Se lo comunicaron por correo electrónico. Cuando los responsables de la Embajada dieron el visto bueno al teletrabajo, decidió volver a España y dar clase desde su domicilio “hasta que todo regresara a la normalidad”. Se anunciaba un inminente cierre de la frontera, y así sucedió. “No tengo pasaporte diplomático, se me considera un turista que tiene que salir cada tres meses del país, y además soy persona de alto riesgo por ser alérgico y asmático”, mantiene.

Tanto Antonio como Alejandro coinciden en destacar que les resulta “curioso”, que “el Gobierno español anunciases desde que comenzó la crisis que no se podía despedir a ningún trabajador, y los organismos que dependen directamente de él sí están cesando a sus empleados”.

Soló tres profesores salieron de Marruecos en el avión de Iberia del 3 de abril con el permiso de la Embajada: dos son mayores de 60 años -uno con asma e hipertensión- y el tercero presentó un informe médico actualizado en el que se dejaba constancia de que es asmático crónico.

En los once colegios españoles en ocho localidades de Marruecos trabajan 325 profesores españoles, de los cuales alrededor de 80 son interinos. Un docente de Educación Secundaria imparte cursos a unos seis grupos con una media de 25 alumnos por clase y un profesor de Primaria puede tener hasta 300 alumnos.

Por lo tanto, centenares de estudiantes se verán afectados por estos despidos. Además, con las fronteras cerradas será imposible encontrar sustitutos. “Estamos ante una situación excepcional y desde la Embajada nadie ha pensado en el alumnado”, aseguran los sindicatos.

La exministra Trujillo

En una situación normal ya es difícil cubrir estos puestos por las condiciones laborales, ya que en Marruecos los interinos no cobran complemento autonómico, y eso supone alrededor de 500 euros menos al mes con respecto a una salario en idéntico puesto en España.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el responsable en el área Exterior, Enrique González, anuncia a EL ESPAÑOL que van a recurrirse estos despidos porque han sido justificados por el Ministerio como baja voluntaria, cuando ninguno de los profesores ha renunciado expresamente a su puesto de trabajo.

Además, González precisa que “si la Administración hubiera observado ausencias injustificadas tendría que haber incoado expedientes con todas las garantías en el procedimiento y dando audiencia a los interesados”. Esto llevaría semanas y meses y considera que “no procede ese ardid del cese fulminante que se ha utilizado”.

La Junta de Personal de Funcionariado de Marruecos, donde están representados todos los sindicatos de Educación, denuncia la gestión de la consejera de Educación de la Embajada, María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Critica “su forma de proceder en esta crisis sanitaria poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores”.

Igualmente, señala que en estos ceses “no se siguen los procedimientos normativos y las garantías jurídicas de los afectados y el rechazo a que otros profesores tengan que asumir su carga lectiva”. Y por lo tanto, “los sindicatos se reservan acciones legales contra estas actuaciones”.