En la ultraperiferia demográfica española hay cinco mil pueblos con menos de mil habitantes; en 1.300 de ellos el padrón no llega a las cien personas. Salvo casos muy puntuales, estos vecinos han sido testigo del paso de la Covid-19 por las noticias. Los habitantes de la España más despoblada se quejan de que las medidas de desconfinamiento que estudia el Gobierno están orientadas única y exclusivamente a la ciudad. Como ejemplo ponen el reparto de mascarillas en los alrededores de los transportes públicos o la machacona advertencia de que se eviten aglomeraciones. Ellos, que viven en un confinamiento natural -impuesto o por voluntad propia-, reclaman ser los primeros a los que se les levante las restricciones de movilidad porque, ironías de la vida, la dispersión y la despoblación han sido el escudo con el que han ahuyentado al coronavirus. 

Fue el presidente de Aragón quien elevó la propuesta en la última videoconferencia de presidentes. Javier Lambán explicó al presidente del Gobierno que la naturaleza demográfica de la España rural permite una "operación salida" antes que en las ciudades. El presidente aragonés describió a Pedro Sánchez situaciones que, aunque parezcan pintorescas, quita el sueño a muchos agricultores: las viñas, cereales y frutales, abandonados desde que se decretó el estado de alarma, amanecen destrozados por el ataque de los conejos. Poniendo este ejemplo sobre la mesa, Lambán reclamó permitir la caza no como ocio, sino como herramienta para frenar las plagas que destruyen la cosecha. También demandó que se tolere que la gente se desplace hasta los huertos para recoger la siembra. 

La propuesta de que el mundo rural abandere la salida del desconfinamiento tuvo buena acogida por parte de otros presidentes autonómicos como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el valenciano Ximo Puig. En el Palacio de la Moncloa se tomó nota de la solicitud impulsada desde Aragón. De hecho, el presidente del Gobierno ha encargado a la vicepresidenta Teresa Ribera el estudio y el análisis de la segunda fase de esta pandemia, el de la desescalada. En este equipo trabajan los respectivos comisionados de reto demográfico de todas las comunidades autónomas, que han abierto una especie de comisión para trasladar al Gobierno estas y otras muchas consideraciones. 

Economías más débiles

Los alcaldes, los políticos que están piel con piel con los vecinos, también han empezado a buscar sus propias fórmulas para salir cuanto antes de la crisis. El alcalde de Alcañiz, el socialista Ignacio Urquizu, expuso a través de las redes sociales su planteamiento, un sentimiento compartido por otros muchos ediles. "Nuestras economías son más débiles. Tenemos poca industria y el sector servicios es enorme. La recuperación será más difícil que en ciudades", advierte.

Urquizu incide en la idea de que el estilo de vida de los pueblos, espacios libres de aglomeraciones, les blinda ante el pánico a un repunte de contagios. "Apenas usamos transportes públicos y es difícil ver grandes aglomeraciones" más allá de días puntuales, como las fiestas de Semana Santa o de verano. Para explicar cómo la España rural ha controlado la propagación del virus, pone de ejemplo el área sanitaria de Alcañiz, que da cobertura a 70.000 personas y no dispone de ninguna cama de UCI. El pico más alto de contagios arrojó un saldo de 60 positivos; hoy son once las personas que hay ingresadas en este hospital contagiadas por Covid. "La gente está muy concienciada y ha renunciado a casi todo". Por eso, este alcalde cree que "lo más justo sería una salida escalonada de la pandemia también desde el punto de vista territorial". Lo contrario, "tratar igual al desigual, sería muy injusto". 

En conversación con EL ESPAÑOL, el economista José Antonio Herce coincide en que la dispersión poblacional ha protegido a la España despoblada de un contagio masivo que hubiera sido demoledor por el déficit de centros hospitalarios. "El estado de alarma les ha impuesto una capa administrativa y regulatoria, pero el rural vive sujeto a la condición de vivir aislado, a muchos metros de distancia del vecino". Por ello, solicita protección para estos ciudadanos pero que se les permita salir a sus quehaceres diarios para empezar a reactivar la economía, sin perder de vista los protocolos sanitarios. "En su día a día están acostumbrados a cruzarse con muy poca gente, se puede mantener perfectamente las medidas de seguridad sin necesidad de estar confinados. En los pueblos nadie coge el metro para ir a trabajar, se va caminando o en coches particulares. Es perfectamente compatible empezar a hacer una vida más o menos rutinaria sin provocar un nuevo foco de contagios".

Cierre de accesos

El riesgo, sin embargo, es que el virus llegue hasta los rincones más inhóspitos de España viajando a lomos de habitantes de grandes ciudades, que pueden encontrar en este hipotético primer desconfinamiento la vía de escape para disfrutar de la deseada libertad. Para evitar la propagación de la Covid-19, Herce apuesta por la "incomunicación de los vasos comunicantes": permitir la libertad de los vecinos aislando los propios pueblos, facilitando equipos de protección a cada vecino y haciendo registros a cada vehículo que acceda al municipio, permitiendo solo la entrada a los residentes. "De nada sirve permitir su movilidad si dejas que se instale gente de otros lugares que pueden importar el virus".

Hercé también se fija en el agujero económico que esta crisis provoca en el mundo rural, "porque hay ciertas actividades, como el sector primario, que no se puede desescalar". El economista pide medidas para compensar la cuenta de resultados de los negocios rurales, castigados doblemente por la pandemia y por su escasez de clientes. "Hay que reorientar todas las ayudas que se han dado a los autónomos, a las pequeñas empresas de estos territorios rurales". Hercé se refiere a un "fondo de liquidez instantáneo rural", que los remanentes de los ayuntamientos, actualmente congelados, se pongan inmediatamente a su disposición para que este flujo de dinero permita el resurgimiento de sus negocios.  

Para que el comerciante de los pueblos más pequeños sobrevivan, el escritor y político Miguel Martínez Tomey ha propuesto crear una Red Económica Rural (RER), una especie de registro que conecte proveedores asentados en una determinada área con los consumidores potenciales de esa zona concreta. Es la idea que propuso hace unos días a El Hueco, un ecosistema de emprendimiento rural que ha organizado un hackaton virtual en busca de ideas que ayuden a paliar la crisis del coronavirus en la España Vaciada. La propuesta de Martínez Tomey incluye que las compañías que se publiciten en este decálogo ofrezcan a sus clientes rurales alguna ventaja para comprar en sus mercados, ya sea reduciendo el precio o a través de alguna otra prestación. El objetivo es que todos ganen, estableciendo un sistema de compra y venta de preferencia rural con el que no compense comprar en las grandes cadenas alimenticias.

Por esta senda, la de apostar por el producto autóctono, camina ya el alcalde castellonense de Morella (2.400 habitantes). Rhamsés Ripollés propone a la Administración Central impulsar iniciativas para ayudar al empleo en la España despoblada. "Si algo ha dejado claro esta pandemia es que los recursos naturales están en lo rural", destaca, en conversación telefónica con este diario. "Los productos de proximidad y el comercio local pueden generar nuevas oportunidades". Ripollés también se queja de la desventaja que sufrirán los pueblos más pequeños frente a las grandes ciudades a la hora de reactivar su economía. "Hay que cumplir con las medidas impuestas, claro, pero estamos en clara desventaja".

Además, pone como ejemplo lo que sucede en Morella para mostrar que las medidas decretadas por el Gobierno están pensadas para la gente urbanita. "El único autobús de línea que pasa por el pueblo ha tenido hoy cero usuarios. ¿Qué mascarillas vamos a repartir?". También el presidente de la Comunidad Valenciana reclamó a Pedro Sánchez tener en cuenta la especifidad territorial a la hora de graduar el levantamiento de las medidas restrictivas, incluso por sectores económicos. "El mundo rural está poco industrializado y el impacto económico puede ser muy potente si no se levantan ya las medidas con mucha cautela", reclama Ripollés. 

Test masivos 

La Plataforma Manifiesto por Cuenca, que lucha por la despoblación en esta provincia de Castilla-La Mancha, lleva días pensando con sus propios colaboradores qué medidas pondrían en marcha para que los pueblos puedan salir de esta crisis sin quedarse atrás. La fórmula que propone es hacer test masivos a las 75.000 personas que viven en los pueblos más minúsculos repartidos por toda la geografía española. "Este estudio ayudaría a distinguir qué provincias, comarcas e incluso pueblos tienen menos infectados y se podría empezar a trabajar ahí", detalla Javier García, uno de los miembros de esta plataforma.

Desde Castilla-La Mancha, a pesar de ser una de las regiones más castigadas por la Covid, también empujan para que el desconfinamiento progresivo priorice los sitios menos habitados. "Hay que mantener el confinamiento del pueblo y levantar el de la vivienda", resume García, que comparte la queja de que las políticas aplicadas durante el estado de alarma están orientadas hacia la ciudad. Él pone otro ejemplo: los estudios de geolocalización o la alianza entre Google y Apple para rastrear a través del móvil si alguien entra en contacto con alguien que ha sufrido la Covid-19. "Mucha gente mayor que vive en aldeas no tiene móvil y hay muchos más sitios de los que la gente piensa en los que no hay cobertura". 

Teruel Existe, la única plataforma de ciudadanos de la España Vaciada con representación en el Parlamento, pide cada vez que puede en las Cortes Generales que no se legisle pensando solo las grandes urbes. Esta plataforma también ha pedido ya levantar la prohibición de acceder a los huertos de uso doméstico y ahora, para la fase de desescalada, pide "incluir medidas de apoyo con discriminación positiva para el medio rural, por la fragilidad de su tejido productivo y su economía", adelanta uno de sus portavoces. Teruel Existe también piensa que hay que tener en cuenta esos factores diferenciadores como que en el medio rural no hay masificaciones, pero se muestra más cauteloso. "Tenemos una población muy envejecida", advierten. Por eso, piden que cualquier decisión enfocada en este camino sea respaldada desde el ámbito científico y médico. 

Mientras alcaldes, políticos y economistas diseñan ya la hoja de ruta que consideran que debería tomar el Gobierno para salir escalonadamente del encierro masivo pensando, sobre todo, en las zonas más vulnerables, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) todavía no tienen pensada ni una sola propuesta para ayudar a salir de esta crisis al mundo rural. Desde la asociación española de entidades locales que agrupa ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos insulares consideran que aún es "prematuro" hablar sobre cómo debe ser el levantamiento de restricciones. "El estado de alarma sigue en plena vigencia", alegan.