La justicia belga desestima la demanda de Puigdemont contra Llarena

El Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas ha desestimado la demanda civil presentada por el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de instruir la causa del procés, en la que le acusaba de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

En el fallo, la justicia belga se declara incompetente para resolver esta demanda civil. Alega que todas las declaraciones públicas del juez Llarena sobre el procés se han producido en su condición de juez y por tanto están amparadas por la inmunidad de jurisdicción, según han informado fuentes del equipo de letrados de Puigdemont.

Este principio del derecho internacional se basa en la igualdad soberana de los Estados y significa que ningún Estado puede juzgar a otro. Es decir, un juez belga no puede procesar a España ni a ninguno de los órganos del Estado, como sería Llarena como miembro del poder judicial.

En la sentencia, que según las fuentes se dictó el 27 de marzo, el Tribunal de Primera Instancia también ha denegado la petición de Puigdemont de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) para que sea éste el que se pronuncie sobre la competencia de la justicia belga en este caso. 

Puigdemont recurirrá ante el Tribunal Supremo de Bélgica

Puigdemont y el resto de exconsellers que se fugaron a Bélgica tras la fallida declaración de independencia de octubre de 2017 -Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig-, que también firmaban la demanda, han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo de Bélgica. Alegan que la interpretación sobre la inmunidad de jurisdicción que hace la sentencia es "incompatible con el espacio común de justicia europeo".

El expresidente catalán asegura que mantiene su confianza en la justicia europea y resalta que no es la primera vez que ha tenido que recurrir ante instancias superiores para obtener una resolución favorable.

En la querella, que se presentó en junio de 2018, Puigdemont acusaba al juez Llarena de vulnerar su derecho a un juicio justo por unas declaraciones en las que sostenía que Oriol Junqueras y el resto de exconsellers que están en prisión "no son presos políticos" y le pedía una indemnización simbólica de un euro.

Los propios abogados del expresidente catalán admitieron que era una estrategia para tratar de recusar al juez del Supremo que lleva la causa contra él por sedición y malversación.

El abogado de Llarena denunció un intento de presionar

Durante la vista del caso celebrada a finales de febrero, el abogado de Llarena y del Estado español, Hakim Boularbah, tachó a Puigdemont de "oportunista" y le reprochó un "abuso de derecho" por llevar el caso a Bélgica y utilizar todo tipo de maniobras para alargarlo lo máximo posible.

Boularbah sostuvo ante los tres jueces del tribunal francófono que la demanda civil contra Llarena es un intento de Puigdemont de "presionar" y "desestabilizar al juez" y de "exportar un conflicto político en España a los tribunales belgas, cortocircuitando los procedimientos normales". "Es algo que no se ha visto nunca", resaltaba.

El abogado denunció además que "de forma oportunista" Puigdemont había cambiado la demanda durante el procedimiento y la dirigía no sólo contra Llarena sino sobre todo contra el Estado español, cuestionando la independencia del poder judicial y el respeto de los derechos humanos.