Las 22.000 farmacias se ofrecen a hacer test masivos con la tarjeta sanitaria como requisito

Las 22.000 farmacias que operan en territorio español se ofrecen al Gobierno de coalición a que en sus establecimientos se puedan practicar test rápidos del coronavirus Sars-CoV-2. “Lo nuestro ha sido ofrecernos: ‘Aquí estamos, utilícennos según nos necesiten’, les hemos dicho”, explica a EL ESPAÑOL Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. “Por el momento, desde el Ejecutivo no se nos ha pedido nada al respecto”, añade.

Imaginen este escenario: en sólo una semana, a razón de 20 pruebas diarias en 10.000 oficinas de farmacia, 1,4 millones de españoles se someterían a dicho test. Hasta la fecha, el Ejecutivo no contempla ese escenario.

Actualmente, España está realizando cada día alrededor de 1.300 test de diagnóstico rápido y más de 26.000 pruebas PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa), según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

Los test rápidos pueden ser de antígenos o de anticuerpos. Son pruebas portátiles y más baratas que el PCR. Los de antígenos detectan si un paciente alberga el virus. Los de anticuerpos, si ha generado defensas inmunes contra el patógeno, aunque no lo detectan directamente. En todo caso, sí pueden indicar si una persona ha superado la enfermedad.

En el caso de los PCR, cuya fiabilidad es mayor que la de los test rápidos, requieren del envío de muestras a un laboratorio de microbiología para su análisis. Esta técnica precisa de una muestra que se extrae de la nariz, de la boca o de la garganta del paciente.

"Si se nos habilita, lo haremos"

Jesús Aguilar es contundente en su exposición. Ahora mismo, la dispensación de autotest o la realización de pruebas rápidas en farmacias para detectar contagios de coronavirus es ilegal. Sin embargo, el gremio al que él representa ha puesto a disposición del Gobierno la red nacional de farmacias para lo que estime oportuno con el fin de paliar las consecuencias de la pandemia. Cada día, 2,6 millones de españoles acuden a un establecimiento de este tipo.

“Si se nos habilita para realizar test rápidos o para su dispensación, lo haremos. Como ya lo estamos haciendo con las mascarillas quirúrgicas en Cataluña y la Comunidad Valenciana”, añade. “Dos regiones que, en este sentido, se han adelantado al Gobierno”.

Sin embargo, a pie de calle, en las farmacias cunde la desinformación. Algunos profesionales consultados por este periódico en Madrid sí admiten que la idea se ha comentado entre los compañeros de profesión, pero las autoridades competentes no les han hecho llegar ninguna información concreta al respecto. Probablemente, porque el Ejecutivo no ha tomado esa medida.

“Si nos dan un protocolo, no tendría que haber problema en hacer los test”, afirma la encargada de la farmacia que hay en la esquina de la calle Eloy Gonzalo con Trafalgar en Madrid. Pero matiza: “Aunque claro, dependerá de cómo sea ese protocolo. Si implica tener una zona apartada y demás, nosotras no podríamos por falta de espacio”.

Pero, como suele ocurrir, la opinión no es uniforme: “Ni podemos, ni debemos, ni queremos hacerlo”, sentencia tajantemente otro profesional en la calle San Bernardo. “Eso es competencia del personal sanitario. Si yo quisiera pinchar a la gente me haría médico o enfermero”.

Test clandestinos

La noticia de que hay farmacias en Madrid haciendo test clandestinos ha corrido como la pólvora en este gremio, que se ha mostrado muy sorprendido por la práctica. Lo denunció El País en un reportaje publicado este lunes.

El Real Decreto 1662/2000 regula qué tipo de autotest se pueden dispensar en una farmacia en España. Las únicas excepciones que no requieren de prescripción médica son los test de embarazo, fertilidad, glucemia y VIH. Por tanto, las pruebas rápidas para detectar si un paciente está enfermo de COVID-19 quedan excluidas.

Sólo una modificación legal por parte del Ejecutivo podría habilitar su dispensación en farmacias o que, directamente, la prueba tuviera que efectuarse en ellas. En caso de que el Gobierno diera ese paso, las oficinas de farmacia de todo el país, consideradas establecimientos sanitarios, se encargarían de ello.

Aguilar asegura que, mientras la legislación lo impida, cada farmacia que se descubra vendiendo o haciendo un test rápido de manera clandestina será denunciada por su colegio provincial y por las propias autoridades sanitarias. “Que no le quepa duda a nadie”, señala Aguilar. “En esto somos muy tajantes. No podemos. Otra cosa sería que se nos permitiera”.

El 13 de marzo

Según explica el propio presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la entidad que representa puso a disposición del Ministerio de Sanidad la red de farmacias española el pasado 13 de marzo, un día antes de declararse el estado de alarma.

Desde entonces, el Gobierno ha recurrido a ellas en algunos escenarios, como es la necesidad de entrega domiciliaria de medicamentos a personas vulnerables o la dispensación de medicación hospitalaria en oficinas de farmacia. “Pero sobre test no hemos recibido ninguna instrucción. Nada ha cambiado”, añade. “Ahora mismo no tenemos cobertura legal para ello”.

Aguilar pone de ejemplo la manera de repartir mascarillas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. A su juicio, resultaría “tan sencillo como emularlas” pero con los test anti-Covid. “Con una receta electrónica o con la simple tarjeta sanitaria, el Gobierno puede elegir a qué personas se le puede dispensar el test. Es la fórmula más viable si no se quiere que se produzca una venta directa y masiva”.

En el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos aseguran que están capacitados para asumir esta tarea. Desde COFARES, empresa cooperativa líder en España en distribución de medicamentos y productos sanitarios, con 4.200 farmacias operando como clientes y 3.400 millones anuales de facturación, explican que no habría “ningún problema” en realizar las entregas de los test con agilidad. “Lo tenemos todo preparado por si se diera ese escenario”, insisten.

Si el Gobierno diera este paso, permitiendo la realización de test rápidos en farmacias, y luego solicitara los resultados de las pruebas a los profesionales farmacéuticos, dispondría de un mapa nacional de afectación de la enfermedad en un período corto de tiempo. “Gozamos de un estupendo sistema farmacéutico en España, donde todo está informatizado. Se dispondría de un canal rápido y ágil”, explica Aguilar.

"Sanidad nos ha dejado tirados"

El asunto de los test no es lo que ha traído de cabeza a las farmacias, pero las mascarillas sí. La responsable de un establecimiento de la calle Bravo Murillo en Madrid lanza una crítica que se repite en casi todos las farmacias: “Sanidad nos ha dejado tirados”.

Un farmacéutico se parapeta tras un plástico de burbujas. J.S.

La queja viene del hecho de que el Ministerio de Sanidad decretara junto al estado de alarma la intervención de mascarillas, guantes y geles, una medida que dejó a las farmacias desabastecidas.

Esto mismo también critican en un establecimiento de la calle Santa Engracia, donde entrar sin mascarilla supone una bronca de la encargada. “Mucho más importante que hacer test es que la gente use la mascarilla. Hay que obligar a la población a que se la ponga”.

Fijación de precios

Precisamente, la noche de este martes el Gobierno fijó un precio máximo de venta para las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros por unidad. No entrará en vigor hasta que el domingo esté listo el decreto de fijación. El Ejecutivo no tomó ninguna decisión con respecto a otros productos, como geles desinfectantes, batas o guantes de protección. 

El Ministerio de Sanidad ha distribuido entre comunidades autónomas más de 53 millones de mascarillas y dos millones de kits de diagnóstico rápido. Durante los últimos días, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Gobierno ha sopesado reducir, e incluso eliminar, el IVA de las mascarillas, que está fijado en el 21%.

Al final, se echó atrás. De haberlo suprimido, podría haber fijado el coste de éstas en 0,79 céntimos. Pero la medida hubiera supuesto otro golpe a las arcas del Estado. Por cada millón de mascarillas vendido, se habría dejado de ingresar 200.000 euros en impuestos. 

Por otro lado, esas cifras de distribución de mascarillas y test rápidos ofrecidos por Sanidad no son acordes con el anuncio del ministro del ramo, Salvador Illa, el pasado 25 de marzo. Ese día, dijo en rueda de prensa que el Gobierno había cerrado un contrato con China por valor de 432 millones de euros mediante el que adquiría 550 millones de mascarillas y 5,5 millones de test.