Los 4 grandes pelotazos de las mascarillas y los test: la estafadora Mayra facturó 263 millones a Sanidad

La empresaria barcelonesa Mayra Dagà Castillo tiene la virtud de ganar muchísimo dinero siempre que España vive una crisis de envergadura mayúscula. Lo hizo hace una década, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. Durante varios años, entre 2008 y 2010, se dedicó a estafar a empresas de construcción en declive mientras ella se llevaba suculentas comisiones. Aquella aventura le valió una condena de cárcel, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Se salvó de acabar entre rejas tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que le pedía cuatro años de prisión. Y lo ha vuelto a hacer ahora, mientras el país lucha contra una pandemia que ya ha matado a casi 25.000 españoles. La diferencia es que esta vez el ‘pelotazo’ de Mayra Dagà Castillo es histórico y lo ha conseguido con una empresa que cuenta con dos empleados.

Mayra Dagà, cuya empresa se ha embolsado 263 millones de un plumazo trayendo material sanitario de China, no ha sido la única intermediaria que se ha hecho de oro durante esta pandemia. La familia de Eric Casas, directivo de Hans Biomed Skymedic, ha ganado 38,7 millones. Otros lo han intentado, aunque con peor suerte, como el dueño de Interpharma, quien tuvo que devolver los 17 millones que España le dio para traer 659.000 test rápidos que resultaron defectuosos.

"Es posible que esto obedezca a una gestión nefasta del Gobierno o a intereses dolosos de quienes ejercen de intermediarios", explica un responsable de una empresa española del sector con presencia en varios países. "La clave está en saber la comisión que se llevan ese tipo de compañías que sólo hacen labores de mediación".

La sociedad limitada FCS Select Products, de la que la barcelonesa Mayra Dagà fue cofundadora en 2012 y es administradora solidaria, ha firmado un megacontrato de 263 millones de euros -IVA incluido- con el Ministerio de Sanidad. El acuerdo pasa por suministrarle desde China 488 millones de mascarillas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas de protección.

Los contactos de FCS en el gigante asiático le han hecho ganar el contrato sin que hiciera falta concurso público de por medio, dada la urgencia del Gobierno por aprovisionarse de material sanitario. En 2018, esta compañía dedicaba a fabricar envases y desarrollar estrategias de marketing para fabricantes de ginebras, vodkas y otras bebidas alcohólicas de alta graduación, no llegó al millón de euros de facturación.

Tras cambiar las botellas por las mascarillas, su volumen de negocio se ha multiplicado por 273 veces. El próximo 11 de julio, cuando Mayra Dagà cumpla 43 años, podrá celebrarlo por todo lo alto.

Pero la empresa de esta mujer rubia y atlética que en su perfil de Linkedin dice haber estudiado en la Universidad de Barcelona -sin especificar la titulación- no es la única sociedad intermediaria entre España y los productores chinos a la que la pandemia le está reportando grandes beneficios.

Una de las más beneficiadas es Hans Biomed Skymedic, una distribuidora de productos sanitarios con cuatro décadas de historia situada en Terrassa (Barcelona). Antes de la pandemia se dedicaba, entre otras actividades, a la venta de productos cosméticos como colágenos o de maquinaria para la destrucción del vello corporal.

Con 16 empleados y una facturación anual de 2,7 millones en 2018, el Gobierno ha cerrado con Hans Biomed un acuerdo de 38,7 millones. A principios de semana esta empresa ya había traído a España los algo más de 5 millones de test rápidos de anticuerpos fabricados por Guangzhou Wondfo Biotech, líder mundial en producción y venta de reactivos de diagnóstico rápido. La unidad ha salido a 7,7 euros. Hans Biomed es la única representante en España, además de en varios países más de Europa, de esta sociedad china con 1.100 empleados.

Intermediarios con sobrecostes y pufos

Sólo una semana antes de sellar el acuerdo con Hans Biomed, el Ejecutivo había pagado a otra empresa barcelonesa, Interpharma, 25 euros por cada test de antígenos. Acabó devolviendo las 659.000 unidades que le había encargado porque en una primera partida comprobaron que eran defectuosos. 

Desde que se decretó el estado de alarma en España -mitad de marzo-, varias compras por parte del Ministerio de Sanidad han acabado en acuerdos carísimos y otras en simples pufos.

El 20 de marzo, el Gobierno pagó a Medline International Iberia, una empresa madrileña, entre 31 y 32 céntimos de euro por cada unidad de las poco más de 42.000 batas sanitarias que le solicitó. El precio variaba según la talla, X o XL.

Una semana después, el 27 de marzo, con los contagios y las muertes disparadas, adquirió medio millón de batas desechables a 16,5 euros la unidad a la empresa china Weihai Textile Group Import & Sport. En sólo siete días el precio se multiplicó por 51 veces.

Además, el departamento del ministro Salvador Illa tuvo que cancelar este pasado lunes, según adelantó El Confidencial, un contrato para el suministro de 700.000 test por las dudas sobre la solvencia del proveedor.

El pedido, que ascendía a 5,1 millones de euros, fue adjudicado a dedo a una pequeña asesoría fiscal de Málaga llamada Value & Bro SLU, que carece de trabajadores y facturó 4.300 euros en 2018, según su último ejercicio declarado. 

Pero no sólo se equivoca el Gobierno a la hora de elegir a sus intermediarios. El Ejecutivo balear ha puesto en cuarentena una partida de 40.000 mascarillas que le había encargado al despacho del abogado José María Lafuente, militante del PSOE y que en 2007 fue candidato dentro de su partido a optar a la Alcaldía de Palma.

Lafuente había importado el material desde el gigante asiático. El Govern decidió retirarlas cuando llegaron a España y vio que podrían ser defectuosas. El nombre de este letrado se suma a la serie de intermediarios que han querido -y algunos han podido- hacerse millonarios durante la pandemia.

"Nefasta gestión del Gobierno"

Un responsable de una empresa española del sector con presencia en varios países explica a EL ESPAÑOL que, a su juicio, "este escenario de disparidad de precios se debe a dos posibles razones: o la ineficacia del Gobierno a la hora de gestionar sus compras, o que quien está intermediando entre Sanidad y los productores se está llevando un margen abusivo". 

Esta fuente plantea varias incógnitas que el Gobierno todavía no ha respondido: por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez no negocia directamente con las empresas chinas a través de su embajada y sus delegaciones; por qué no se está confiando en productores españoles, "que también los hay fabricando test o material sanitario”, o por qué no se da a conocer el margen de beneficio de intermediarios como FCS Select Products o Hans Biomed Skymedic. 

"Queriendo pensar bien, el Gobierno está realizando una gestión nefasta a la hora de aprovisionarse. Si pensamos mal, hay gente, como algunos intermediarios, que está actuando de una manera negligente".

De fabricar envases de alcohol a ser la primera empresa suministradora

Pero volvamos al caso de FCS y de Mayra Dagà. El acierto de su sociedad, dada de alta en el registro de actividades como intermediaria “del comercio de productos diversos”, ha sido estar presente en el lugar y a la hora indicados. Mientras el presidente Pedro Sánchez buscaba cómo abastecer los hospitales y farmacias del país en un “mercado global agresivo”, FCS tenía una delegación en Guangzhou, una ciudad del sur de China con un megapuerto y a sólo 120 kilómetros de Hong Kong.

Hasta hace mes y medio en FCS se dedicaban a fabricar envases para productores de bebidas alcohólicas, según su propia web, que en estas semanas aparece inactiva “por mantenimiento”. Ahora esta empresa es la principal suministradora de mascarillas del país.

FCS le ha vendido al Gobierno cada mascarilla a un precio de 0,51 euros, un coste mucho mayor si se compara con el fijado por otras empresas. El propio Ejecutivo le compró a la sociedad barcelonesa Suministros Hospitalarios SA una primera remesa de 286.000 unidades a 2 céntimos, y otra segunda de 616.000 a 3 céntimos. Es decir, a un precio entre 17 y 25,5 veces menor que el que ha cerrado con la sociedad de Mayra Dagà.

Esa disparidad de precios se debe a las fluctuaciones que vive el mercado internacional por la brutal demanda que existe y la capacidad de las empresas intermediarias para aprovechar el desasosiego en el que se mueven algunos clientes, que principalmente son Estados en la actualidad.

Esa presión en la producción, sumada al incremento en la demanda del mercado, hace que se incremente el coste unitario de venta. En ocasiones, incluso por encima de lo que va a cobrar FCS por cada unidad que le vende al Gobierno. El Ejecutivo español ha cerrado un acuerdo con HongKong Travis Asia Limited, otra de las suministradoras del Ministerio de Sanidad y segunda en cuanto a volumen total de ventas a España -sólo superada por la empresa de Dagà-, para comprarle 33 millones de mascarillas a 0,88 euros, 37 céntimos más de los que paga a FCS.

Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad, al menos según los datos que ha facilitado a través de la Plataforma de Licitación del Estado, se ha gastado 1.012 millones en material sanitario. El mordisco al pastel que ha dado Mayra Dagà y su socio es de un 25,9%.

Ninguna otra empresa la supera. FCS ocupa la primera posición en el ranking de empresas suministradoras por volumen de contratación. Entre las ocho primeras, además de ésta, hay cuatro chinas, una coreana y otras dos españolas: la mencionada Hans Biomed y Escribano Mechanichal and Engineering, que ocupan los puestos séptimo y octavo en cuanto a volumen de contratación. InterPharma aparecería como la novena, pero se suspendió su contrato.

En el caso de Escribano Mechanical and Engineering, no se trata de una empresa intermediaria. Con sede en Alcalá de Henares (Madrid) y 200 empleados, Sanidad ha firmado con ella un contrato por valor de 36 millones de euros para fabricar en dos meses 5.000 respiradores.

1.  MAYRA DAGÁ, LA ESTAFADORA DEL GRAN CONTRATO

En total, 263,036 millones de euros van a ir a parar a las cuentas de la empresa de una mujer a la que la Audiencia de Barcelona condenó el 15 de febrero de 2015 por “un delito continuado de estafa agravada”, según el fallo al que ha tenido acceso este medio.

El crecimiento de su empresa ha sido meteórico. Con sede social en un chalet de Sant Cugat del Vallés, una localidad de la periferia de Barcelona, en 2018 FCS facturó 963.714 euros, cifra ligeramente inferior, un 5,6%, a la de 2017. En el archivo de informa.com, empresa líder en información empresarial, como contacto de la compañía aparece Eva Baliu, pero ningún teléfono.

La empresa tiene sólo dos empleados. Como administradores solidarios están la propia Mayra Dagà Castillo y Felipe Recio Valcárcel, un empresario del comercio al por mayor y la construcción con un total de seis cargos en cinco sociedades distintas con presencia en Barcelona y Burgos. La compañía no aparece en ningún registro de morosos. 

Empleada de quien quiso ser el nuevo ‘rey del ladrillo’

Mayra Dagà y Felipe Recio constituyeron FCS Select Products el 21 de mayo de 2012. Tres años después, la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona condenara a la copropietaria de la citada empresa a 10 meses y 16 días de prisión, a una multa a razón de cinco euros diarios durante dos meses y ocho días, y al pago de 66.980 euros en concepto de responsabilidad civil. 

Antes de llegar a juicio, Mayra Dagá alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que le sirvió para rebajar la condena. A cambio admitió ser responsable de un delito de estafa agravada con el atenuante de reparación del perjuicio causado.

En 2008, Mayra Dagà Castillo, nacida en 1977 en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) trabajaba para el ahora expropietario de Fincas Corral, Josep Xicola. Cuando el sector de la construcción colapsó en España, Xicola quiso ser el nuevo rey del ladrillo.

A principios de mayo de 2010, los Mossos d’Esquadra lo detuvieron. En ese momento le seguían los pasos desde hacía meses. Sospechaban que la red que creó Xicola había logrado estafar más de 25 millones de euros, principalmente a través de Fincas Corral, la gran inmobiliaria que compró el 31 de junio de 2008. De aquella red formaba parte Mayra Dagà.

En la posterior sentencia, fechada en 2015, se explica con detalle que Xicola se dedicó a adquirir empresas de construcción con “problemas financieros a cambio del pago de una comisión por parte de los vendedores consistente, normalmente, en el 3% del pasivo de la empresa objeto de compraventa”.

En el acuerdo, el dueño de Fincas Corral se comprometía a asumir la administración de la empresa adquirida “así como las deudas de ésta y, en su caso, a liberar a los vendedores de cuantos avales y demás garantías hubieran constituido para asegurar el pago de tales deudas”.

Pero la sentencia añade que “al realizar tales operaciones de compraventa”, Xicola “no tenía ninguna intención de cumplir con los compromisos y obligaciones pactados sino que su propósito era participar de las comisiones abonadas por los vendedores de tales sociedades así como vaciar el patrimonio de las empresas adquiridas”.

“En ejecución de dicho plan”, una de las personas que Xicola usaba era Mayra Dagà Castillo, por entonces una treintañera con ganas de comerse el mundo. La sentencia asegura que ella y otras dos personas -un tercero resultó absuelto- se dedicaban “a la captación de empresarios” casi arruinados por la caída del sector inmobiliario.

Mayra Dagà Castillo llegó a estafar a tres empresas del sector urbanístico, Ivema Lucus SL, Flomar Promociones Inmobiliarias del Almanzora SL y Terriquelli SL. En el caso de Flomar, la compra por parte de Xavier Cola se realizó por un valor de cuatro euros. Por su gestión de intermediación, Mayra Dagà y un compañero cobraron 64.960 euros de mano de los vendedores de la sociedad. Una vez hecha la estafa, Xicola, el jefe de Mayra Dagà, “no realizó las gestiones necesarias ante las entidades bancarias para liberar a los vendedores de las garantías por ellos asumidos”.

La Fiscalía de Barcelona pidió para ella cuatro años de prisión. Finalmente, la acusada asumió su culpa y se alcanzó un acuerdo con el fiscal, lo que le permitió no llegar a juicio oral. La Audiencia de la capital catalana la acabó condenando a 10 meses y 16 días de cárcel. Para Dagá, ahora aquello es un simple mal sueño que ya no quiere recordar. 

2. ERIC CASAS: CONTENTOS CON SANIDAD

Más allá de FCS Select Products, en esa lista de principales proveedores de material sanitario para España destaca la ya mencionada Hans Biomed Skymedic, que se ha embolsado 38,7 millones de euros.

La empresa, en apenas unas semanas, ya ha traído al país los poco más de 5 millones de test que le encargó el Gobierno. “El lunes o el martes [de esta semana] llegó la última partida. Lo hemos hecho todo en tiempo y forma según lo acordado”, asegura Marcelo Prieto, CEO de la empresa, en conversación con EL ESPAÑOL.

Por teléfono, este representante de Hans Biomed Skymedic explica que la compañía lleva más de 40 años en el mercado y que la fundó Eudaldo Lloveras, aunque por aquel tiempo tenía otro nombre. En ella han trabajado ya tres generaciones de una misma familia. El brand manager de Hans Biomed es Eric Casas, un joven con estudios en comercio y marketing internacional y nieto del fundador de la compañía.

“Lo nuestro no ha sido un pelotazo. Tenemos todas las licencias de exportación e importación”, afirma Prieto. “A través de nosotros, han confiado en Guangzhou Wondfo Biotech, la mejor empresa del mundo en su sector. Felicito desde aquí al Ministerio de Sanidad en confiar tanto en ellos como en nosotros”. 

El contacto de Hans Biomed Skymedic con Guangzhou Wondfo Biotech “viene de largo”, a través de una persona que ejerció de vicepresidente en la empresa. En la actualidad, este fabricante chino está capacitado para producir seis millones de test a la semana.

“Distribuimos el mejor producto del mundo en cuanto a test para detectar el virus se refiere, que nadie lo dude”, explica el CEO de la compañía. Antes de colgar, pide que no se vincule de ninguna forma a la empresa de la que forma parte con el independentismo catalán. “No tenemos ninguna simpatía hacia el nacionalismo”, apostilla. 

3. LAFUENTE: EL HISTÓRICO MILITANTE DEL PSOE

Este pasado martes, El Mundo desveló que el Govern balear investigaba una partida de 80.000 mascarillas probablemente defectuosas en cuya adquisición había mediado un histórico afiliado del PSOE en las islas, el abogado José María Lafuente. Finalmente, se trataría de una cantidad ostensiblemente inferior. En concreto, la mitad, 40.000. 

Miembro del PSIB (los socialistas baleares), este letrado trajo este material sanitario procedente de Asia, de acuerdo al citado medio. En concreto, 40.000 mascarillas FFP2. En torno a un 20% de ellas ya se ha distribuido entre el personal sanitario. Unas 3.500 de ellas llegaron a manos de sanitarios de ambulatorios y hospitales antes de la investigación abierta por el Govern.

El abogado explicó que trajo el material a través de una empresa “autorizada por el Gobierno chino” y que las mascarillas tienen “un índice de impermeabilidad del 99%”. A su juicio, se trataba de productos de máxima calidad que cuentan con la certificación exigida.

En 2007, Lafuente aspiró a ser alcalde de Palma por el PSOE, pero no consiguió encabezar la candidatura. Está vinculado al ala no nacionalista de los socialistas baleares. Licenciado en Derecho y doctor cum laude, tiene estudios en Estocolmo, Oslo o Bruselas. Es colaborador habitual de esRadio, la cadena propiedad de Federico Jiménez Losantos.

La consejera balear de Sanidad, Patricia Gómez (PSOE), aseguró la semana pasada en el Parlamento autonómico para defender la contratación de Lafuente como intermediario que “podíamos firmar contratos saltándonos la ley”. Una interpretación de Gómez que, según explicó,  se sostiene en que su consejería “es autoridad sanitaria”.

4. JOHN OLIVER STAIB HUYÓ DEL ‘PROCÉS’

Quizás ahora ya no lo recuerden, pero el primer gran fiasco del Gobierno en la gestión de la pandemia vino de la mano de Interpharma, una empresa cuyo nombre el Ejecutivo se negó a desvelar durante semanas.

Radicada también en Barcelona, el Ministerio de Sanidad le devolvió una partida de 659.000 test defectuosos de antígenos que ésta había empezado a enviar a España a través de la empresa china Bioeasy.

Las pruebas eran defectuosas y no tenían la sensibilidad exigida. El Gobierno iba a pagar 17,14 millones de euros. El contrato se anuló. El fabricante, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tenía licencia en China para comercializar ese producto.

El dueño de Interpharma es John Oliver Staib. La empresa tiene 14 empleados. Se dedica a la “fabricación de especialidades farmacéuticas” y su sede está en Santa Coloma de Gramenet.

Tras lo ocurrido, la empresa ha publicado una nota de prensa en su página web. “Tras recibir los primeros lotes, el Gobierno español hizo sus comprobaciones y estimó que los test no ofrecían los resultados esperados", se lee en dicho comunicado. "Cuando nos fue comunicada esta situación se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados”.

Interpharma tuvo en 2018 un beneficio de 37.421 euros, frente a los 44.522 de 2017. Tiene un patrimonio 3,8 millones, con lo que la operación suponía un importante salto para esta empresa.

La compañía, nacida el 27 de noviembre de 1972 como Sociedad Anónima, fue una de las más de 4.000 empresas que decidió abandonar Cataluña a causa del ‘procés’ soberanista.  Su trasladó de domicilio social se hizo a Madrid, aunque su actividad se sigue desarrollando en Cataluña.

El propietario de Interpharma ha participado también en otro tipo de compañías a lo largo de los últimos años. Hasta 2018, el administrador de Interpharma fue también responsable de Stanaco, una compañía dedicada a la construcción de edificios residenciales. Participó también en Gablonex, dedicada al comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.

Interpharma soñó con llenar de ceros la cuenta de la empresa. Pero los test que trajo de China fueron fallidos, como su gestión.