En la octava videoconferencia de presidentes que se celebra en la mañana de este domingo, Pedro Sánchez intentó contener la indignación ya no disimulada de los presidentes autonómicos anunciándoles que el Gobierno les inyectará un fondo de liquidez extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros. Se les abonará "6.000 millones de forma inmediata" y habrá dos fases más de 5.000 millones en el segundo semestre del año. Sin embargo, a los líderes territoriales no les quedó claro qué criterios utilizará Moncloa para repartir esa cuantía, según fuentes presenciales de la reunión.
Para contener la rebelión de las autonomías, Sánchez dijo que en esta fase de desescalada pretendía "cogobernar" con todos ellos, con los diecisiete presidentes autonómicos presentes en la videoconferencia. Sin embargo, la crítica sonó igual en todos los rincones del país: Moncloa sigue tomando decisiones de "manera unilateral" y el Gobierno solo "informa" del siguiente paso a dar, sin consensuar ninguna medida con las autonomías. En el turno de réplica, el gallego Alberto Núñez Feijóo se refirió al "estado de cogobernanza" al que aludió el jefe del Ejecutivo y le recordó que, siete semanas después de decretar el estado de alarma, aún no se ha producido.
Cuando el Gobierno ya ha hecho público las cuatro fases de las que consta su plan de desescalada, el presidente de la Xunta de Galicia señaló a Sánchez que echa de menos "una estrategia de rebrote" y una "estrategia tecnológica" para controlar a los ciudadanos cuando salgan a la calle y evitar de nuevo la propagación del virus. Además, lamentó que no se conozcan los criterios sanitarios para delimitar en qué fases de la desescalada se encuentra cada territorio.
Áreas sanitarias
En su comparecencia del sábado, Sánchez defendió que la unidad de medida para pasar de medida sea la provincia, un criterio que de nuevo los líderes territoriales han echado por la borda e insisten en que lo más justo sería utilizar como base el área sanitaria. El gallego criticó el "uso desproporcionado" del estado de alarma e indicó que hay "legislación ordinaria" para actuar.
En esta misma línea se mostró el lehendakari Iñigo Urkullu, que reclamó al Gobierno un "marco bilateral estable de diálogo" y la "reformulación del modelo de gestión de la crisis", además de recuperar la legalidad ordinaria para que sean las comunidades autónomas las que tengan capacidad de decidir qué medidas se toman para la vuelta a la normalidad. Sánchez se comprometió a que habrá una evaluación individualizada con cada autonomía para determinar qué provincias pasarán de fase.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se sumó a las voces que piden volver a la legalidad ordinaria para que sean las comunidades autónomas y no Moncloa quien tenga plenos poderes para determinar cómo se vuelve a la normalidad en cada territorio.