El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este domingo, que fue "un error" publicar un contrato de 4,3 millones a una empresa de "domicilio desconocido". Illa ha respondido así a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la que ha participado junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Gobierno con los presidentes autonómicos para tratar las medidas del estado de alarma y las fases de la desescalada, que comienzan este lunes, a distintos niveles, en todo el territorio.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 30 de abril, el Gobierno ha adjudicado 4,3 millones de euros a una empresa de "dirección desconocida" para la adquisición de un millón de hisopos para la toma de muestras de los test que está realizando para detectar el coronavirus. Lo más llamativo es que el organismo adjudicador, el Instituto Nacional de Gestión Sanitario (INGESA), desconoce la dirección de la empresa.
EL ESPAÑOL ha podido comprobar que se trata de una compañía afincada en Cataluña, concretamente en Gavá (Barcelona). Se constituyó en el año 2013 y tiene el domicilio fiscal en la avenida Bertrán i Güell.
Preguntado este domingo al respecto, el ministro de Sanidad ha asegurado que no haber publicado ese dato sobre la empresa "es un error administrativo que va a ser corregido", aunque no ha dado más detalles.
Durante su intervención, Illa ha reiterado que "el estado de alarma es imprescindible para la fase de desescalada, el único instrumento constitucional que tenemos para limitar la movilidad, clave en los contagios". Y asegura que todos los países están tomando medidas similares para frenar la pandemia.
Ayuda "sin devolución" a las CCAA
Por su parte, la ministra de Hacienda ha comenzado su intervención reconociendo que ahora se siente más "optimista", tras conocer las cifras de fallecidos y contagiados este domingo. Pero ha instado a "no bajar la guardia y a seguir trabajando para evitar perder el terreno que hemos ganado hasta la fecha".
Montero ha asegurado que el impacto de la pandemia en las Comunidades Autónomas será mínimo: "El sistema de financiación autonómico quedará al margen de la crisis sanitaria", asegura.
Y ha explicado que la implantación del fondo específico de 16.000 millones para las distintas administraciones territoriales se realizará "en forma de transferencias directas que no es un préstamo, no lo tienen que devolver, es un fondo adicional a todos los recursos existentes".
En concreto, los 10.000 millones que se destinarán a cubrir gastos sanitarios se distribuirán en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia y los 1.000 millones para gasto social se repartirán por criterios poblacionales.
Por último, los 5.000 millones destinados a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica se distribuirán en función de los datos de caída de la recaudación.
Recuperación lenta de la economía
Montero también ha confirmado el anuncio que realizó el Gobierno este sábado sobre la aprobación, este martes, de "un tercer tramo de la línea de avales del ICO, que comprende 24.500 millones de los que 10.000 están estinadas a autónomos y pymes".
Preguntada acerca de la recuperación de la economía, ha vuelto a referirse a la "forma de 'V' asimétrica". Según ha explicado, el Gobierno prevé que "el año próximo habrá una fuerte subida del PIB y posteriormente a lo largo de la legislatura se progresará hasta recuperar la normalidad del crecimiento".
Pero reconoce que "es difícil decir qué año volveremos al crecimiento del 1,6% que abandonamos en febrero".
Sobre un posible "pacto de reconstrucción", Montero explica que corresponde a los grupos políticos "que tienen que ponerse de acuerdo". Y que ahora mismo la prioridad del Gobierno es mantener el estado de alarma: "Nuestra prioridad es que se pueda continuar el estado de alarma, y que en paralelo se pueda reunir la Comisión de Reconstrucción".