Otro dedazo del Gobierno: un director general de Juego sin experiencia que criticaba el amiguismo

Hubo un tiempo en el que a Mikel Arana (Gipuzkoa, 1973) el actual Gobierno no le parecía tan de izquierdas. Decía que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado era legal pero que “desde un punto de vista estético y político deja mucho que desear”. Hubo un tiempo en el que el “rollito de santurrón y adalid de la izquierda de Sánchez” no colaba, en el que Podemos imponía el veto y que engrosar la administración pública a través de altos cargos y asesores era criticable. Hasta ahora, que le ha tocado a él.

Tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes se conocía que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, decidía colocar a Mikel Arana al frente de la Dirección General de Ordenación del Juego. Esta es una de las patas más relevantes de Consumo y mascarón de proa del Ministerio en su batalla para acotar el problema social de la ludopatía. Arana, que fue líder de la formación política Ezker Batua-Berdeak, Izquierda Unida Verdes en País Vasco, y sin experiencia previa en Juego viene a suceder a Juan Espinosa García, que llegó al cargo en 2016. Entonces, el Partido Popular estaba en el poder y Espinosa lo ha dejado, según Consumo, por propia voluntad. Ahora Arana cobrará los alrededor de 90.000 euros que le corresponde a un director general. Y el único juego que conoce es el juego de sillas.

Resulta lógico, aunque habría que ver hasta qué niveles, pensar que cuando cambia el signo de un Gobierno también tienen que cambiar los altos cargos de los distintos ministerios. Al final, un ministro tiene que implementar unas políticas, y mejor si los perfiles más técnicos también creen en ellas. El problema radica en la trampa que este ya no tan nuevo Gobierno ha tomado como norma.

Arana, a la izquierda, junto al exlíder de Izquierda Unida Cayo Lara. E.E.

La ley claramente establece que para acceder a un cargo como el de director general hay que ser funcionario del Estado, de carrera. Mikel Arana no lo es. Y es que la misma norma guarda un recodo que dice que, de manera siempre excepcional y debidamente justificada, si no se encuentra a ningún funcionario apto para ello se podría optar por alguien que no lo sea. Eso, de manera excepcional. Esa rareza se tradujo en la última legislatura de Mariano Rajoy en 10 altos cargos que debían ser pero no eran funcionarios. En la primera de Pedro Sánchez, parecido, la cifra ascendía a 9. Ahora, en el Gobierno de coalición, hay un total de 25 excepcionalidades; 25 funcionarios que han perdido su trabajo para dejárselo a un confidente del político de turno. El último nombramiento, el de Mikel Arana.

Funcionario vs. político

Comparando las trayectorias de Arana y de su predecesor, se pueden intuir muchas cosas. El de Juan Espinosa García es un perfil absolutamente técnico, que es lo que el puesto requiere. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Espinosa estudió dos máster en Edimburgo y en la London’s Kings College. Empezó su carrera como funcionario en una comisión de Bruselas y pasó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones mientras todavía estaba en prácticas.

Su primer puesto importante le llegó en 2004 cuando se convirtió en jefe de servicio del Tribunal de Defensa de la Competencia, donde acabó ascendiendo a jefe de área. Después, pasó a la Comisión Nacional de la Competencia, donde le nombraron subdirector de relaciones con las administraciones públicas. Aquí, entre 2008 y 2013 empezó a forjar la idoneidad para el puesto que ocupaba hasta este martes. En 2013 le nombraron subdirector general de Ordenación del Juego y, en diciembre de 2016, escaló a dirigir el organismo. Todo bajo el paraguas del Partido Popular. Su seña de identidad al frente es regular el juego siempre en cuanto a las evidencias científicas.

En la otra cara de la moneda está el perfil político de Mikel Arana, sin ningún tipo de experiencia previa en el sector del juego o de la publicidad -algo relevante ya que parte de su trabajo va a ser crear normas en torno a la publicidad del juego-. Arana también se licenció en Derecho y, desde los 23 años, empezó a militar en Ezker Batua-Berdeak, donde acabó ocupando la portavocía y en 2009 se convirtió en el coordinador general. Ahora profesor de universidad, uno de sus puestos más altos fue cuando, entre 2001 y 2009, fue director de servicios responsable de vivienda y asuntos sociales cuando su formación se integró en el Gobierno Vasco.

El director general saliente, Juan Espinosa García. E.E.

Mikel Arana es funcionario interino del País Vasco, pero no es funcionario del Estado de carrera, por lo que no valdría para director general. Pero, “hecha la ley…”. Antes de que Juan Espinosa García dejara la dirección general ya se podía intuir lo que iba a venir cuando, este martes, se aprobó en el BOE que para su puesto no había que ser funcionario. Todo apuntaba a que, antes de conocerse el nombramiento de Arana, el puesto acabaría siendo ocupado por algún amigo. Y así sucedió.

Según apuntan fuentes conocedoras del trabajo de dicha dirección general, si Juan Espinosa García ha permanecido cinco meses en el cargo es porque ya había empezado el trabajo para la Ley de Regulación del Juego que presentó Alberto Garzón a principios de marzo. El líder de Izquierda Unida quería ir rápido, pero al final se quedó corto, y muchos le criticaron por poner unas medidas demasiado laxas, como la permitir publicidad de apuestas en los partidos de fútbol a partir de las 20.00 horas. Finalmente, Garzón reconocía que su intención era ir más allá y prohibir el 100% de la publicidad de los juegos de apuestas. Y ahí entra Mikel Arana.

Críticas a Sánchez y Podemos

La justificación, obligatoria pero laxa, para poder llevar a cabo esta excepción de la que Arana ahora se beneficia es la siguiente, según se publicó en el BOE: “Las características específicas de las funciones a desempeñar suponen la exigencia de un conocimiento transversal y requieren que su titular haya demostrado previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, que acredite la cualificación y experiencia necesarias para la gestión de un sector y unos agentes económicos específicos, atributos que se corresponden con un perfil profesional que no cabe circunscribir tan solo a un cuerpo o escala funcionarial en el ámbito de la función pública”.

Cabría preguntarse en qué consisten el “conocimiento transversal” y las “cualificación y experiencias necesarias para la gestión” de Arana en algo como el juego. Recordemos, su mayor capacidad de gestión al margen de la política queda reducido al sector de la vivienda. Cabría preguntarse por qué un funcionario no puede aspirar a ese puesto y por qué, de todos los funcionarios que hay en torno al juego, no hay uno que esté a la altura de los conocimientos urbanísticos de Mikel Arana.

Sin embargo, ahora es Arana el que ocupa el cargo, en un Gobierno que, según él mismo ha dejado entrever en muchas ocasiones, tampoco le cae demasiado en gracia. Lo ha mostrado en numerosas ocasiones, como cuando en Twitter escribió “Pues ya lo siento, pero este rollito de santurrón y adalid de la izquierda de Sánchez no cuela”. También ha arremetido contra otras formaciones políticas -“Tanta paz lleves como descanso dejas Rita Barberá”- y contra el ala que le ha incorporado, como cuando publicó “El derecho a veto como método de confección de las listas electorales de confluencia, ay, con la ‘nueva política’”, después de que Podemos le apartara, en las autonómicas de 2016, de la candidatura de Elkarrekin Podemos.

También aprovechó las redes sociales para criticar que, tras la coalición del Partido Socialista de Euskadi con el PNV, se multiplicara el número de altos cargos y asesores. Pero una de las publicaciones más interesantes de Arana ha sucedido en enero de este mismo año. Mientras se conocían los nombramientos del Gobierno que ahora le ha colocado a él, escribió un artículo en el diario Deia en el que dijo que “mal empieza el gobierno de coalición si además quiere serlo de izquierdas”. Lo hizo en referencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Ahí mismo escribió lo siguiente: “No cabe duda de que el nombramiento, por más que legalmente pueda ser válido, desde un punto de vista estético y político deja mucho que desear y que da la sensación de que responde más a un acuerdo político que a un criterio profesional”. Cinco meses ha tardado en girar la rueda, en colocarlo por acuerdo político en vez de por criterio profesional y enfrentarlo a sus propias palabras.