El Parlament aprovecha un decreto sobre el Covid-19 para subir las pensiones de los expresidentes

El Parlamento catalán ha aprobado en el pleno de este jueves el decreto ley 11/2020 por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por el Covid-19, un decreto que incluye además una subida del 0,9% de la asignación para exconsejeros, y la actualización de las pensiones a expresidentes de la Generalitat.

El decreto ley 11/2020, de 7 de abril, ha sido aprobado después de obtener 65 votos a favor, 4 en contra y 65 abstenciones, y se tramitará como proyecto de ley tras haber recibido 69 síes y 65 votos en contra.

En el texto se prevé aplazar diferentes cargas tributarias para afrontar las consecuencias de la pandemia, y se definen los nuevos términos, así como las bonificaciones sobre las tasas, y también se ha creado una ayuda por situación de emergencia para familias separadas involuntariamente debido a las medidas de distanciamiento.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha subrayado que el decreto incide en la gestión tributaria con la finalidad de "mitigar los efectos derivados de la pandemia en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias", y que precisa los términos y los supuestos de bonificación de las tasas.

Críticas al Gobierno central

Ha llamado a gestionar la crisis de forma más eficiente desde la proximidad y, en este sentido, ha acusado al Gobierno de crear una "red de centralización del poder de decisión, en una concepción poco federal del federalismo", y que en plena crisis sanitaria se reduzcan las competencias de salud de la Generalitat.

De entre las medidas, Aragonès ha destacado la creación de una ayuda para la situación de emergencia que están viviendo algunas familias por la separación involuntaria de los progenitores y sus hijos debido a las medidas de aislamiento, y que supondrá que los menores separados de su núcleo familiar pasen a manos de familias acogedoras "capacitadas" y no a centros residenciales.

Subida de sueldo a Mas o Montilla

El diputado de Cs Dimas Gragera ha apuntado que aprobar una subida de sueldo para los expresidentes a través de este decreto supone, en sus palabras, reírse de la oposición y de la ciudadanía, y pide al Govern centrarse en aprobar medidas para el Covid-19 porque "subirle el sueldo a Mas y Montilla es totalmente incompatible", en referencia a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla.

Y ha anunciado que desde Cs se registrará próximamente una ley para suprimir los privilegios de exaltos cargos: "Que el único privilegio que tenga un presidente cuando cese de su cargo sea como mucho conservar el pin y sentarse delante en los actos; que cuando un presidente acabe su gestión se busque la vida como hacen todos los catalanes".

Por su parte, la diputada del PSC Alicia Romero ha tildado de impresentable la subida de sueldo a expresidentes que se plantea en la disposición adicional cuarta del decreto, así como el incremento de la paga a exconsejeros en caso de cese -también prevista en el texto-: "En un gobierno que querría ser de izquierdas tocaría el diálogo, la contención y las medidas, no subir el sueldo a altos cargos".

Asimismo, añade que, para ella, los Presupuestos de 2020 aprobados consolidan los recortes que se llevan aplicando desde 2010 y que no se han dado soluciones reales a los autónomos y pymes de Cataluña ya que "7,5 millones de euros en ayudas, cuando en Cataluña hay más de 550.000 autónomos, parece una medida ridícula".

Medidas insuficientes

El diputado del grupo de los comuns David Cid ha tachado los decretos presentados por el Govern de "erráticos y sin prioridades claras" y señala que en ningún momento ha habido diálogo para reformular los presupuestos ni para hablar de la reconstrucción de Cataluña.

"Creo que es una especie de decreto 'tutti frutti' con medidas variadas e inconexas, eso sí con un par como mínimo muy feas, como la subida de sueldos a expresidentes y de las indemnizaciones a exconsellers en caso de cese", ha dicho.

Por la CUP, el diputado Vidal Aragonés ve en el decreto algunas medidas concretas que "podrían suponer un avance" pero las considera insuficientes, como el aplazamiento del canon del agua que cree que no beneficiará a los autónomos ni a las pymes..

El diputado del PP Daniel Serrano ha acusado al Govern de que, con este decreto, "más que paliar los efectos del Covid-19 lo que hace es posponerlos" y considera que son medidas adecuadas pero tímidas que no ayudarán a aliviar los efectos negativos sobre familias y empresas.

Ha llamado al Govern a presentar propuestas para aliviar la carga fiscal a empresas, pymes y familias, a aprobar un régimen de transparencia sobre las donaciones patrimoniales y a reforzar aun más la ayuda a colectivos en situación de emergencia como los menores separados de su núcleo familiar.

"Retorno de competencias"

Por el grupo republicano, el diputado Lluís Salvadó ha defendido que con este decreto el Govern quiere poner a la ciudadanía en el centro de la acción política, así como dar respuesta a las "debilidades estructurales de la sociedad que la crisis ha puesto en evidencia".

Defiende que desde la proximidad es como se puede gestionar la crisis sanitaria de forma más eficiente y ha puesto en valor la gestión llevada a cabo por la Generalitat: "A pesar de este estado de alarma recentralizado, el Govern ha estado donde y cuando tocaba, sin renunciar nunca a su responsabilidad sobre el total del país".

La diputada de JxCat Elsa Artadi también ha pedido que "devuelvan las competencias", más ayudas a los trabajadores que en estos momentos no pueden volver a sus puestos debido a la pandemia, así como permitir el endeudamiento de las administraciones y utilizar los remanentes.

Por último, ve con optimismo la recuperación económica tras el Covid-19: "Esta crisis es muy diferente en origen a la vivida en 2018, porque no se da en el sí de la economía sino que es ajena. Es una buena noticia ya que si hacemos las cosas bien nos puede llevar a una recuperación más fácil".