Muchos de los peores pronósticos que dieron los médicos a enfermos de la Covid-19 de edad avanzada se han cumplido. Y ahora sus familiares buscan justicia en aquellos casos que, por órdenes políticas, los contagiados fueron excluidos de la UCI ante la falta de capacidad para atender a todos.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, familiares de víctimas mortales a las que se optó por administrar sólo fármacos para evitar el sufrimiento, se han sumado a la querella colectiva de la Fundación Zaballos para llevar ante el Tribunal Supremo al Gobierno de Pedro Sánchez por posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.
Tal y como informamos en estas páginas, en algunos centros hospitalarios como el Hospital Universitario de Bellvitge, de Barcelona, el personal médico empezó a llamar a los familiares de los pacientes de mayor edad para informarles de que no les llevarían a la UCI en caso de que su salud empeorara.
Esta situación se ha repetido en distintos hospitales de todo el país, pero en el caso de Cataluña cobró mayor relevancia por el hecho de que se hicieron públicas diferentes instrucciones por parte del Departamento de Salud de priorizar la asistencia a personas menores de 75 años.
Cuidados paliativos
En el informe de una paciente fallecida en Barcelona al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se observa que en la madrugada del 5 de abril se optó por considerarla “no tributaria” de IOT + VM”, que es la ventilación mecánica invasiva de Cuidados Intensivos y “se decide priorizar medidas de confort”, en referencia a los cuidados paliativos precedentes al deceso.
Informe médico de una paciente a quien excluyeron de la UCI
“Hemos decidido denunciar por la negativa reiterada de pasarla a la UCI, y porque hay cuestiones en el informe médico que tenemos que analizar en profundidad”, explican los familiares de esta persona que prefieren mantenerse en el anonimato.
La fallecida tenía 75 años, vivía en Hospitalet de Llobregat y tenía una leucemia crónica antes de contagiarse, pero que “no le impedía hacer vida normal”, explican sus familiares. "Era la que menos probabilidades tenía de caer de mis tías", añade su sobrino.
A pesar de las medidas de distanciamiento social, los responsables médicos permitieron a una de sus hijas acompañar a su madre en sus últimos momentos. La familia movió todos los hilos para intentar salvarla y ahora quieren que sean los tribunales quienes diriman las responsabilidades.
3.000 familias
Los firmantes de la querella representan a 3.268 personas. La querella, que recogió Europa Press, fue presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por “un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave” al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el virus Sars-Cov-2.
Los demandantes han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como “cooperadores necesarios”.
En el texto de la querella se denuncia “la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta” por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia. También señalan que la crisis sanitaria “ha estado continuamente trufada de decisiones y órdenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios”.
Desde la Fundación Zaballos tildaron de “muy grave” lo ocurrido con la pandemia. “Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la Justicia”.