Faes carga contra la "anormal inactividad parlamentaria" desde que Sánchez llegó a la Moncloa

A menos de una semana para que se cumpla dos años desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa a través de una próspera moción de censura, la Fundación Faes que preside José María Aznar ha hecho un amplio repaso a la "anormal inactividad parlamentaria" de los dos últimos años de Gobierno.

La Fundación recuerda que el bloqueo político y parlamentario comenzó en el año 2016 como consecuencia del "obstinado no es no" de Sánchez, que se negaba a hacer presidente a Mariano Rajoy con la abstención del PSOE y evitar terceras elecciones. La posición inquebrantable del entonces secretario general del PSOE le costó el puesto en un Comité Federal. "Las Cortes se vieron afectadas por esa actitud", repasa la Fundación. 

Sánchez se fue para no hacer presidente del Gobierno a Rajoy y volvió para echarlo de la Moncloa presentando la única moción de censura que ha salido adelante en la historia democrática. Faes pasa por alto este detalle y se centra en que una vez que Sánchez convocó elecciones el 28 de abril de 2019 hasta que logró la investidura el 7 de enero de 2020 pasaron 254 días.

En funciones

Previamente se formó la XIII legislatura, que apenas duró unos meses entre las elecciones de abril y noviembre. Ese período, 146 días "que supusieron un gasto de más de 23,8 millones de euros y ninguna ley aprobada", finalizó "sin que Sánchez lograse apoyos suficientes para su investidura". Fueron "diez meses de absoluto bloqueo". 

El "nuevo bloqueo" llegó en 2020, con la erosión de la pandemia más grave sufrida en España en el último siglo. "La crisis sanitaria agrava el atasco parlamentario", refleja Faes, que recoge que "la suspensión de la actividad parlamentaria" ralentiza la tramitación de hasta siete proyectos de ley del Gobierno. "Con la hibernación del Congreso y la paralización de los plazos reglamentarios, el bloqueo de enmiendas de la oposición y la suspensión de todos los debates –salvo los solicitados por el Ejecutivo–, el Gobierno afrontaba la emergencia sanitaria sin el control de la oposición, limitado en la práctica a las comisiones de Sanidad".

La Fundación de Aznar también recoge que desde que se decretó el estado de alarma el Gobierno estuvo "cincuenta días sin control" e hizo "un anormal abuso" del Real Decreto-ley. El think tank subraya que el Gobierno "con la más exigua minoría de la democracia" se dedicó a aprobar Reales Decretos-leyes desde que accedió a La Moncloa: "En solo ocho meses de Gobierno se aprobaron 35 normas legales de extraordinaria y urgente necesidad". También indica, basándose en un informe de la CEOE, que en 2019 el número de Reales Decretos-leyes han sido superior al número de leyes ordinarias aprobadas. 

Para reforzar la idea de la "incapacidad política" del Gobierno, Faes subraya que "dos años después de la moción de censura Sánchez ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales propios. España vive con la prórroga de unas cuentas públicas que diseñó un Gobierno del PP para 2018". Además, vaticina que el Ejecutivo será incapaz de aprobar las cuentas públicas para 2021 "mientras se constata la progresiva pérdida de apoyos de sus socios de investidura".

Estado de alarma

La Fundación también reflexiona sobre la "exorbitante" utilización del estado de alarma y clarifica que este estado "no permite decretar, como se ha hecho, la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida que solo puede adoptarse en un estado de excepción". El think tank recuerda que el Gobierno "no ha limitado el derecho, sino que lo ha suspendido" y señala la "escasa adecuación constitucional" de algunas medidas económicas adoptadas al amparo del estado de alarma.

Faes recuerda que el vicepresidente Pablo Iglesias invocó el artículo 128 de la Constitución, "sugiriendo una interpretación del mismo completamente desenfocada". El think tank dice que "la proclamación de que toda la riqueza del país esté subordinada al interés general no puede entenderse ni aplicarse al margen de las demás prescripciones constitucionales que garantizan los derechos de los ciudadanos, la libertad de empresa en una economía de mercado, la seguridad jurídica y la proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos".