El estado de alarma no ha paralizado el avance de los planes de descarbonización del Gobierno. La central térmica que Endesa levantó en Andorra (Teruel) en 1981 cerrará definitivamente el 30 de junio, provocando el despido masivo de los trabajadores que quedan y acrecentando el temor de que se desencadene un éxodo masivo de una provincia herida de muerte por la despoblación. Mientras se certifica el fin definitivo del carbón, el territorio sigue esperando la implantación de un convenio de transición justa que sigue sin traducirse en puestos de trabajo.
El alcalde de este municipio minero, Antonio Amador, estaba delante del televisor cuando el presidente del Gobierno aseguró que España necesita “capacidad de autoabastecimiento e industria propia” y señaló la deslocalización industrial de material médico y asistencial como uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad tras la pandemia. "Vi la oportunidad de hacer de la necesidad virtud: tenemos suelo para levantar fábricas de material sanitario, convertirnos en una referencia a nivel nacional. Así tenemos a la vez la opción de paliar el gravísimo problema de despoblación que sufrimos".
Empujado por la presión de los vecinos que no quieren emigrar del territorio en el que viven, el alcalde de este municipio de 7.600 habitantes envió a principios de esta semana una carta a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que "se considere a la provincia de Teruel y en especial a las cuencas mineras como zona preferente y de referencia para el desarrollo de la industria en la fabricación de material médico y asistencial así como su reserva".
La idea de levantar grandes fábricas de producción de material sanitario en un territorio desértico "atendería una necesidad urgente y resultaría de enorme utilidad para una provincia singular", subraya la misiva.
El alcalde se animó también a pedir a la vicepresidenta Ribera que instale en el municipio turolense la Oficina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se encargará de captar, gestionar, tramitar y administrar las inversiones propuestas para revitalizar las zonas afectadas por el fin del sector minero-eléctrico. "La apuesta por la deslocalización de la Administración tampoco tiene que ser en las capitales de provincia, que se haga en territorios donde realmente se sufre este problema", reclama el alcalde, en conversación con EL ESPAÑOL. Más de la mitad de los ciudadanos que han nacido en Teruel vive ya fuera de la provincia.
Recibida
La carta ya está en el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde donde aseguran que estudian con "minuciosidad" y "rigor" cada iniciativa que se presenta para "reactivar social y económicamente" Andorra. Fuentes de Vicepresidencia aseguran a este diario que la idea de "instalar un punto de producción y/o de almacenaje de material sanitario" en este territorio será "tenida en cuenta" y "sometida al análisis pertinente".
A treinta días de que se certifique el fin de un modelo de negocio que llegó a aportar el 9% del PIB de la provincia, los planes de reconversión siguen todavía en un papel sin que haya avances reales más allá de compromisos y promesas de las administraciones a nivel autonómico, nacional y europeo. Los trabajadores afectados y la población del territorio no esperaban tener tantas dudas e incertidumbre a estas alturas. "Hace años que sabíamos que Endesa iba a cerrar. ¿Cómo puede ser que no hayan hecho nada?", se quejan.
Hasta la fecha, lo único que se ha firmado es un protocolo de actuación que compromete a la Administración central, autonómica y local a crear alternativas laborales a la central de Endesa en el territorio. El documento, firmado el 22 de mayo, recoge 82 propuestas con propuestas de los agentes locales que podrían convertirse en nuevos empleos a medio plazo, pero no hace mención al presupuesto ni al plazo para firmar el futuro convenio que la misma vicepresidenta Ribera prometió en su visita al municipio en enero de 2019.
El alcalde reconoce que el cierre inminente de la central le empuja a buscar proyectos laborales a corto plazo que sean capaces de absorber el gran flujo de trabajo que se quedará sin empleo con el cierre definitivo de Endesa, aunque piensa en otros proyectos a largo plazo que devuelvan la riqueza al municipio como cuando se levantó la central térmica en los años 80, un proyecto nacional que convirtió a Andorra en el municipio con mayor renta per cápita de toda Aragón.
Amador se queja de que la "excesiva burocracia" hace perder un tiempo del que no se dispone y pide agilizar los trámites para que los inversores que estén interesados en instalarse en el territorio puedan hacerlo sin más demora. "Hay que facilitarles la entrada, darle ayudas y recortar los tiempos".
Sin alternativa
El presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció en enero de 2019 que había cinco empresas interesadas en invertir en Andorra y que su Gobierno trabajaría para facilitarles el camino. Un año y medio después de aquella promesa solo hay un proyecto embrionario en marcha: una planta de producción de pellets impulsada por Forestalia que planea crear 60 empleos directos y otros 350 en explotaciones forestales, acopio y transporte. El Ayuntamiento ha recibido ya los papeles para su puesta en marcha, pero los ciudadanos que se quedan sin empleo por el cierre de la térmica tardarán al menos dos años más en poder echar su currículum.
El Ministerio para la Transición Ecológica sigue a su ritmo, asegura que el convenio se cerrará "a partir de un proceso de participación pública" y que el objetivo es poner en marcha "un nuevo modelo productivo, diversificado y sostenible que garantice la reactivación económica, generando nuevas oportunidades y sin dejar a nadie atrás". La realidad es bien distinta: el único plan oficial que hoy hay encima de la mesa es que Endesa se desconecta definitivamente de Teruel el 30 de junio. La réplica de la sociedad al ministerio es unánime: "El Gobierno ya nos ha dejado atrás cuando permitió el cierre de la Central sin ofrecernos ni una sola alternativa".