Miedo en la Guardia Civil: "Si informamos al Gobierno es un delito, si no lo hacemos nos cesan"

El terremoto que se está viviendo estos últimos días en la Guardia Civil tiene pocos precedentes. Es tal el desconcierto dentro del cuerpo con respecto a las altas instancias que muchos hablan ya de una falta absoluta de confianza en los máximos responsables al cargo de la institución. No dudan en alzar la crítica. Eso sí, de manera anónima. No la elevan de otro modo porque saben que todo lo que está ocurriendo puede acarrearles responsabilidades, pero no dudan en afirmar ya que el daño que se le está infligiendo al cuerpo puede tener unas consecuencias impredecibles. Por eso la palabra que muchos emplean ya es miedo.

La publicación este martes de la nota firmada por la directora del Instituto Armado, María Gámez, ha sido la última bomba informativa directa a la reputación de la máxima mandataria en el cuerpo, y también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En esa misiva, de carácter reservado y adelantada por El Confidencial, se señala con claridad que el coronel Diego Pérez de los Cobos, hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid, fue cesado de su puesto de forma fulminante por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

Es decir, lo contrario de lo que el juez en excedencia, titular de la cartera, venía afirmando. Lo contrario de lo que venía diciendo -aludieron a una supuesta "pérdida de confianza"- a lo largo de toda la última semana, desde que se conoció esa polémica decisión contra el jefe de la comandancia que investigaba por orden de la juez Carmen Rodríguez Medel las manifestaciones del 8-M, en el marco de la pandemia global del coronavirus.

Esa situación pone a las unidades de la Policía Judicial en una complicada situación: ¿informar o no informar a sus superiores de las investigaciones en curso? Tienen obligación de hacerlo de un modo genérico, y por eso ahora la desconfianza crece por momentos.

"La situación que se ha creado es tal que ya no sabemos lo que tenemos que hacer. Si doy demasiada información, incurro en una responsabilidad. Si no lo hago, me cesan. Nos preocupa esa tesitura que se crea en el cuerpo", dice un agente que lleva 30 años en la Benemérita. 

Más independencia

En el año 2012, durante el gobierno del Partido Popular, la Dirección General emitía una instrucción que todavía hoy está vigente y que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo. Afectaba mayormente a la manera de realizar las investigaciones en el seno de la Policía Judicial. Desde aquel momento, esas unidades deben informar semanalmente al Ministerio del Interior sobre "posibles implicaciones (de investigaciones judiciales) de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales".

María Gámez junto al ministro Fernando Grande-Marlaska y el teniente general Laurentino Ceña, que dimitió como director adjunto operativo (DAO) tras el cese de Pérez de los Cobos. EFE

Cada semana, los investigadores de esas brigadas deben cumplimentar un informe para remitirlo después al Mando de Operaciones. En él se mencionan las investigaciones que se están llevando a cabo y las personalidades a las que afectan. No entran en detalles, ni tampoco en el contenido de las mismas. Simplemente dan cuenta de su mera ejecución. 

Ya hay algunas voces en la Benemérita que lamentan que de esos polvos lleguen ahora "estos lodos". Para garantizar una mayor independencia en estas operaciones en marcha, asociaciones como la AUGC exigen que se retire esta instrucción y la obligación de informar sobre esas investigaciones.

Sin embargo, fuentes de investigación del cuerpo apuntan que esta orden simplemente se rellena con operaciones que están a punto de explotar: cuando se va a detener a algún cargo político, cuando se realizan registros de propiedades. Solo asuntos inminentes y en la fase de explotación del caso. 

Esto fue, precisamente, lo que le exigieron al coronel De Los Cobos desde Interior hace más de una semana, en la tarde del domingo en la que recibió tres llamadas: una cantidad y un tipo de información que no estaba autorizado a proporcionar. Y que acarreó de forma irremediable que su nombre fuera tachado del mando que ocupaba hasta entonces. 

"Ya no cuenta con nuestra confianza"

"Sentimos vergüenza", dicen desde la Asociación Española de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). "La Guardia Civil debe estar al servicio de los jueces y tribunales, de los ciudadanos y del Gobierno, pero para garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos, no para sus fines partidistas. El Ministro del Interior mintió a los ciudadanos cuando dijo que el cese se enmarcaba dentro de una reorganización de equipos de trabajo".

El coordinador policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, en el salón de plenos del Tribunal Supremo EFE

No dudan también en cargar contra una directora general desaparecida en las últimas dos semanas, sin declaración alguna y con la dimisión siendo exigida ya por muchos partidos políticos y también por los agentes. "Ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los guardias civiles, ni siquiera de los más próximos, como lo demuestra el que se haya filtrado un documento de la máxima reserva. No sólo no los ha defendido directamente, ha contribuido a echar por tierra su trabajo y prestigio".

Desde la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) inciden en que el oficio desvelado a principios de esta semana supone "la confirmación inequívoca de que el coronel Pérez de los Cobos no fue cesado como fruto de una política de una reestructuración y conformación de nuevos equipos, sino como consecuencia de negarse a incumplir una orden ilegal, como era informar sobre el desarrollo de una investigación en el marco de actuaciones de la Policía Judicial".

Desde JUCIL solicitan la comparecencia de Marlaska y de la directora del cuerpo, María Gámez, "para que den explicaciones de la posible injerencia del Ministerio del Interior en las funciones que legalmente tienen asignadas la Guardia Civil".

El oficio de carácter reservado que se conoció este martes ha generad una grave alerta entre muchos. La Policía Judicial tiene la obligación de notificar y de mantener al tanto sobre lo que se está investigando, pero no pueden dar detalles al respecto. "Al menos, mientras la instrucción esté en marcha", dice Javier Benito, de la AEGC. También ellos piden explicaciones con urgencia a Interior y al ministro.