La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una condena de tres años de prisión por delito de encubrimiento para cada uno de los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018.
Los mossos Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea fueron procesados el pasado mes de febrero por el Juzgado Central de Instrucción número 6, que consideró que con su actuación perseguían el objetivo de que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo.
"Los investigados ayudaban a Carles Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos del delito de rebelión y otros, y que el juez instructor había emitido una orden europea de detención y entrega", explica el fiscal, que considera que la intención de los mossos era ayudar al expresident a llegar a Bélgica y "evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden de detención".
"Semana de fiesta"
Según el relato de hechos que hace el Ministerio Público, los dos agentes de los Mossos estaban "en servicio activo" el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell.
Ambos se encontraban esos días "disfrutando de una semana de fiesta", el primero "tras haber trabajado una semana completa de turno de noche" y el segundo "de conformidad con el cuadrante de servicios que tenía asignado".
Los dos mossos, "aprovechando los días libres de trabajo", se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica)", donde se había establecido Puigdemont después de huir de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.
El 23 de marzo, estando en Bélgica, "una persona no identificada les pidió a los dos acusados que fuesen a buscar a Carles Puigdemont" en un vehículo Renault Espace. El expresidente catalán se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, reactivó esos días la orden europea de detención y entrega.