Los alcaldes han declarado la guerra a Pedro Sánchez y no están dispuestos a ceder al Gobierno sus ahorros. El Partido Popular se ha puesto a la cabeza de la ofensiva lanzada desde la Administración municipal en contra de lo que consideran "una expropiación", un atropello a la autonomía local por parte del Gobierno desde que acordó con la FEMP que todos los ayuntamientos de España, de manera voluntaria, pongan a disposición de la Administración General del Estado el superávit del que dispongan a cambio de devolvérselo en diez años.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se alineó con el Gobierno y avaló la sugerencia, que supuso "la ruptura del consenso que siempre había reinado en la FEMP", se quejan los ediles de toda España. La propuesta salió adelante tras una fuerte confrontación y con el voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. Solo el PSOE votó a favor. Unidas Podemos se abstuvo y PP, Cs y PdeCAT votaron en contra.
La indignación de los alcaldes con el Gobierno alcanzó cuotas tan elevadas que el viernes sucedió un hecho inédito: una reunión por videoconferencia entre diez alcaldes de todos los colores. La propuesta la impulsó el zaragozano Jorge Azcón (PP) y la cita telemática se apuntaron el madrileño José Luis Martínez Almeida (PP); el bilbaíno José Mari Aburto (PNV); el granadino Luis Salvador (Cs), el pontevedrés Miguel Anxo Fernández (BNV), el tinerfeño José Manuel Bermúdez (Agrupación Tinerfeña) y hasta el gaditano José María González, Kichi.
El alcalde de Zaragoza envió este lunes una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que les reciba antes de que el real decreto llegue al Congreso. El objetivo es "replantear las ayudas estatales a los municipios, acordar la reducción de las limitaciones impuestas a los ayuntamientos, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso de los ayuntamientos a los fondos europeos asignados a España por importe de 140.000 millones".
En conversación con este diario, Azcón se muestra convencido de que, si el Gobierno no tuerce el brazo y les atiende, el real decreto tal y como está planteado no será convalidado por el Congreso. Según sus cuentas, solo el Grupo Parlamentario Socialista y, "como mucho, Unidas Podemos" respaldarían la convalidación: serían 155 votos a favor y la mayoría del Parlamento en contra. "Este decretazo nos ha puesto de acuerdo a partidos tan distintos ideológicamente como el PP, PNV, BNG, Ciudadanos...". El Gobierno se guarda también la baza de tramitar el real decreto como proyecto de ley para que los grupos que no están convencidos con la ley puedan enmendarlo durante la tramitación.
Plan b
"Es un milagro que la tramitación salga adelante. Hay que empezar a pensar en el día después de que el Congreso tumbe el real decreto y trabajar juntos sobre el documento de consenso que firmó la FEMP antes de que el Gobierno impusiera su criterio sin contar con los alcaldes", añade.
La ofensiva para que el Gobierno no confisque los ahorros de los ayuntamientos en momentos de máxima incertidumbre solo acaba de empezar. El vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, ha dado la orden de que ningún gobierno local del PP entregará "ni un solo euro" de superávit al Estado. Además, el PP está dispuesto a llevar el asunto al Tribunal Constitucional si el Gobierno consigue sacar la tramitación en el Parlamento.
El PP también tiene planeado protestar contra este convenio en las puertas de todos los ayuntamientos, gobiernen o estén en la oposición. La primera manifestación oficial se produjo este lunes precisamente a las puertas del Ayuntamiento de Vigo que pilota Caballero. Hasta allí se desplazaron medio centenar de alcaldes, portavoces y concejales del PP en Galicia, además del presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar.