La ministra de Educación, Isabel Celaá, se felicitó públicamente de haber llegado a un acuerdo de mínimos con las diecisiete comunidades autónomas sobre cómo debe ser la vuelta al colegio. El Gobierno elaboró un documento que se nutrió de las aportaciones que hicieron las autonomías en el cual se estableció un protocolo para actuar ante un caso positivo en un colegio.
Celaá habló de que hubo un "acuerdo total" entre Gobierno y comunidades autónomas. Sin embargo, las consejeras de Educación (Cristina Uriarte) y de Sanidad (Nekane Murga) del País Vasco se abstuvieron en la votación del plenario alegando que habían tenido muy poco tiempo para valorar el documento enviado por el Gobierno y que necesitaban 24 horas más para estudiarlo pormenorizadamente.
Los motivos reales que les llevó a la abstención es que las competencias de Educación y Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y, por lo tanto, "no procede acordar nada en ese sentido. Es una cuestión competencial", según confirman fuentes del Gobierno vasco a EL ESPAÑOL.
El Ejecutivo que dirige Iñigo Urkullu acudió a la reunión con el Gobierno, pero ha decidido aplicar directamente el protocolo que ha desarrollado su departamento de Salud Pública. "Ahora mismo estamos trabajando internamente para matizar, concretar y añadir nuevos elementos al protocolo de junio", aseguran.
El Gobierno no dio margen a que los responsables autonómicos de Sanidad y Educación analizaran el documento que iban a firmar porque se entregó este jueves a las 8 de la mañana. La reunión comenzaba dos horas después. En Madrid, por ejemplo, reconocen que han votado a favor "ante la preocupación de la sociedad española" y "la inminente apertura del curso escolar".
La propuesta educativa que diseñó el Ejecutivo llegó "tarde" y es "muy escasa". Desde el Ejecutivo madrileño votaron a favor por "el inminente comienzo del curso" y la "evidente preocupación de la sociedad" sobre cómo iba a ser la vuelta al colegio de sus hijos. El Gobierno permite que las autonomías apliquen, además de unas reglas mínimas, las medidas que consideren oportunas.
Estudio serológico
En Madrid, por ejemplo, tienen previsto hacer hasta 100.000 pruebas a profesores y personal de la administración educativa, además de un estudio serológico para tener un mapa general sobre cómo ha incidido el virus en el sector educativo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también se compromete a hacer pruebas periódicas al personal de riesgo y a los menores que sufran patologías de base y se ha planteado que el ratio de alumno por aula sea de veinte.
Las comunidades autónomas han conseguido que el cierre de los colegios ante un posible rebrote dependa de ellas y que no será necesario pedir autorización al Gobierno, como recogía el primer borrador aportado por Educación. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que se considerará brote a tres casos positivos y, si hay un contagio en un "grupo de convivencia estable", todo el grupo hará cuarentena. Si el contagio se produce en un aula normal, se aislarán los contactos estrechos del alumno infectado.
El cierre del colegio es el "ultimísimo recurso" para el Gobierno, que pide estudiar y analizar "caso a caso" para tomar cualquier decisión, como "cerrar un aula" o "suspender una línea educativa". La obsesión del curso 2020/2021 es evitar clausurar los colegios y que los niños tengan que seguir sus clases desde casa.