La corte de 14 asesores de Irene Montero que cuesta cientos de miles de euros: el gran secreto ministerial

Va como en el ADN de los españoles el ser generosos con los amigos. Los allegados son esa familia que, dicen, se elige; lo mismo valen como confidente, para guardar una copia de las llaves del piso por si acaso o para ocupar un alto cargo allá donde hagan falta nombres para rellenar. Y esta semana la pregunta volvió a caer de nuevo. “Hoy periódicos y redes demandan su currículum y los nombres de sus colaboradores, ¿por qué no los difunde?”, preguntaba una periodista de Vanity Fair a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ahora afín a las páginas de la people. “El currículum se ha publicado varias veces, puede consultarse en el BOE. En cuanto a los asesores, todos los ministerios lo hacemos con arreglo a la Ley de Transparencia y a las normativas del Ejecutivo”, respondía Montero.

Es una verdad a medias.

El Ministerio de Igualdad cuenta con un total de 14 asesores (asesoras, en femeninio, en su mayoría) y dos altos cargos nombrados a dedo que, entre todos, cobran 901.283,08 euros, casi un millón, de dinero público. Los altos cargos, como Noelia Vera o Amanda Meyer, son de sobra conocidos por el público general. Los asesores, sin embargo, no. Como Patricia Fernández Pérez, asesora que cobra 60.881 euros, y que nadie sabe quién es. La mayoría de los nombres de los asesores no aparece en el BOE. Tampoco lo hace su currículum, evitando así que la ciudadanía juzgue si son valedores de llevarse parte del dinero de todos. Y el Ministerio no está dispuesto a aclarar las dudas.

“Esa información se ha facilitado a los medios vía el Portal de Transparencia”, explica un alto cargo de Igualdad. Aunque sí que se han facilitado algunos nombres, no todos y mucho menos su currículum. “No tenemos la obligación de dar más detalles, ningún Ministerio los está dando y no vamos a facilitar más información. El problema que tenemos es que a ningún Ministerio se le llama y se le pregunta por los nombres de hasta el último. El nivel de acoso con el de Igualdad es alucinante. Tú no tienes los nombres de los asesores del Ministerio de Trabajo, ni de los de Sanidad, ni los de Cultura. El problema son los de Igualdad, que además son los que menos cobran”, añade. Quizás lo que no tienen en cuenta es la exposición. Muchos aún recuerdan el famoso vídeo en el que Irene Montero celebraba su cumpleaños en el Ministerio rodeada de sus asesoras.

La primera formación en poner la cuestión de los asesores sobre la mesa fue el Partido Popular -con fines políticos, por supuesto- cuando pidió a Montero, a principios de septiembre y en el Congreso de los Diputados, que facilitara el nombre de sus asesores, el currículum y su sueldo asignado. La respuesta de Igualdad fue que como son personas de confianza, no hacía falta, y que, como el currículum no es necesario para el cargo, tampoco lo iban a dar.

En 2017, con Mariano Rajoy en el Ejecutivo y con Podemos como un partido más del Congreso, la formación morada registró una Proposición no de Ley para forzar al Gobierno a que dijera quiénes eran sus asesores. Consideraban que no darlos dejaba en “papel mojado” la Ley de Transparencia y que sin esa información “la ciudadanía no puede comprobar si tienen la formación y capacidades necesarias para desempeñar el cargo por el que están contratados". Ahora es exactamente igual, pero al revés. Por ello, EL ESPAÑOL reconstruye los nombres, retribuciones y trayectoria de todos estos cargos, desvelando el gran secreto ministerial.

Las mejor pagadas

Antes que los asesores, los altos cargos del Ministerio son los que más cobran por individual. Estos nombres no se pueden ocultar porque sí que tienen que aparecer en el BOE. Y son Noelia Vera y Amanda Meyer.

Noelia Vera (100.602 euros). Ella es la que más cobra, incluso más que la ministra, su jefa de Gabinete e incluso que el presidente del Gobierno. De Cádiz, se licenció en periodismo y acabó entrando en la estela de Podemos, en 2014, cuando se puso a presentar la tertulia de La Tuerka, otrora dirigido por Pablo Iglesias. El programa ha sido cantera de otros dedazos como el de María Teresa Pérez, que era reportera del programa y ha acabado siendo nombrada directora general del Instituto de la Juventud a pesar de no ser funcionaria, un requisito para el cargo.

Con el nuevo Gobierno, Vera fue nombrada secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género y fue cesada y nombrada de nuevo para cambiar el nombre de su cargo a “contra la Violencia de Género”, en vez de “para”. Entró en 2016 en el Congreso y ahí sigue desde entonces. Esto significa que a su sueldo en Igualdad hay que añadir los 21.878 euros que cobra por ser diputada de una circunscripción diferente a Madrid (ella lo es de Cádiz). Sin embargo, por las reglas internas de Unidas Podemos, tiene que donar entre el 15 y el 30% de su sueldo. Y ahí guarda cierta trampa también: si la formación morada antes donaba este excedente de sueldos a diversas ONG, ahora las donaciones van directamente al partido.

Amanda Meyer (83.425 euros). Hija del histórico de Izquierda Unida Willy Meyer, Amanda ahora ocupa el cargo de jefa de Gabinete de Irene Montero, es su mano derecha. Ella era la que sujetaba la tarta en aquel famoso vídeo en el que se celebraba el cumpleaños de Montero en dependencias ministeriales. Es pareja de Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía.

Entre las distintas voces del partido, llama especialmente la atención que Meyer sea tan cercana a Montero teniendo en cuenta que su trayectoria siempre ha estado vinculada a Izquierda Unida, no a Podemos. Pero es que ha ido siempre en su estela. Fue abogada, hasta 2010, de Kinema, la cooperativa fundada por Rafael Mayoral y salpicada por la presunta caja B de Podemos, aunque finalmente la Fiscalía ha pedido no investigar esta vía. Durante su etapa en la Junta de Andalucía fue la que creó la beca black de la que se benefició Íñigo Errejón.

La corte de asesores

Tras los altos cargos, están los asesores. En total, el Ministerio tiene 14 y cobran alrededor de 700.000 euros entre todos. Los hay de nivel 30 y nivel 28 y el Ministerio se ampara en que no es su obligación para no dar los nombres y currículum.

Teresa Arévalo (51.946 euros). Esta asesora nivel 30 empezó a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de la que nació Podemos pero, sin embargo, no llegó a licenciarse. De Ciudad Real, la única experiencia que tiene en el ámbito privado es de cuando, durante unos meses, regentó la panadería que habían montado sus padres en su pueblo. Pero entró en el círculo de la formación morada y siempre se le buscó un puesto. El primero fue en 2015, como candidata al Congreso por Albacete -de donde no es-. No salió y fue contratada como asistente. En 2016 ya fue elegida diputada pero, en 2019, esta vez como candidata de Toledo -de donde tampoco es- no revalidó su escaño, ni en las elecciones de abirl ni en las de noviembre. Ahora ocupa un cargo de asesora en el Ministerio de Montero, aunque no se sabe bien cuáles son sus funciones.

Ángela Rodríguez, alias Pam (51.946 euros). También asesora nivel 30, viene del 15-M en Galicia y de Podemos en la comunidad. Licenciada en Filosofía, su experiencia laboral es como investigadora en la Universidad de Bellas Artes y en internet todavía sigue colgada su oferta como profesora particular -"Horarios flexibles, precios económicas y movilidad absoluta”-. En principio errejonista y luego reconvertida, es conocida por dos episodios: cuando acusó a la Policía Nacional de tratarla de manera vejatoria al recoger su acta en el Congreso y cuando en 2015 llamó “puta coja” a la entonces secretaria general de Podemos en Galicia.

Alba González (51.946 euros). Su perfil es uno de los más respetados entre los asesores, por el trabajo que ella que lleva detrás, que sí se parece al de un asesor. De Asturias, González es licenciada en Filología y después ha cursado varios máster en cuestión de Igualdad de Género. Antigua concejala en Gijón, especializándose en políticas públicas de igualdad, iba para directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial en el ministerio de Montero. Fue nombrada como tal pero, al no ser negra, tuvo que dimitir ante la presión de los colectivos que no la consideraban adecuada para el cargo. El argumento de las presiones era que, una persona dedicada a la diversidad étnico racial, debería ser alguien racializado, de una minoría racial.

Clara Alonso (51.946 euros). Al igual que sus compañeras, Alonso es asesora nivel 30 y, al igual que Amanda Meyer, también viene del entorno de Izquierda Unida. Ella sí que tiene una función delimitada al ser la directora de Comunicación del Ministerio. Periodista de formación, pasó como becaria por lugares como el Instituto de la Mujer o siendo técnica de Igualdad de Oportunidades en el sindicato Unión Sindical Obrera. El puesto en el que está ahora le ha llegado gracias a su ascenso en Izquierda Unida, primero como técnica de comunicación interna, un puesto muy bajo, hasta acabar de directora de comunicación de la formación. Sorprende, también, que no esté en un Ministerio de Izquierda Unida sino de Podemos.

María Naredo (51.946 euros). Abogada de profesión, especializada en derechos de las mujeres, Naredo siempre ha estado saltando de un cargo a dedo a otro. Ya trabajó para el Ayuntamiento de Manuela Carmena, en Madrid. Según denunció Ciudadanos en la capital, Naredo “conoce a Manuela Carmena porque han coincidido en repetidas ocasiones, entre ellas alguna charla o coloquio organizado por Jueces para la Democracia”. Es activista feminista. Como curiosidad, no se refiere a España como tal sino al “Estado Español”, una fórmula habitual entre los nacionalismos regionales.

Lidia Rubio (51.946 euros). Según su LinkedIn, Lidia Rubio es responsable de comunicación del Ministerio -no confundir con Clara Alonso, que es directora de comunicación…-. Periodista, también, de formación, fue becaria en TV3, en Catalunya Radio, en el Grupo Godó y en la agencia EFE. En este último puesto estuvo 11 meses con una beca Bankia y, pasó a ser jefa de prensa de Podemos en el Congreso. Antes de este cargo, fue contratada como asistente de los diputados morados en el Congreso y fue secretaria de la Secretaría -no hay redundancia- Tercera del Congreso de los Diputados.

Bárbara Tardón (51.946). También de nivel 30, esta asesora es otra de las que sí podría considerarse apta para el puesto. Tardón es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género e hizo una tesis titulada La violencia sexual: Desarrollos feministas, mitos y respuestas normativas globales. Ello a pesar de que se licenció en Historia. Está considerada una consultora internacional de género y derechos humanos, especializada en violencia sexual y participó como responsable del área de sensibilización e incidencia política en la Fundación para la Convivencia ASPACIA.

El amiguismo

Con la situación pandémica que vive España, en la que se suceden mensajes que chocan -como el de este mismo viernes en el que el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid se vuelven a contradecir a pesar de la aparente unidad que mostraron a principios de semana- hay una verdad inamovible: en España hacen falta sanitarios y personal cualificado en los servicios públicos. Ante dicha carencia, es especialmente hiriente ver cómo una parte importante de dinero público va destinada a contratar a amigos de asesores, en todos los ministerios. Y ahonda en la herida que los ministerios no hagan público a quién va ese dinero.

“La crisis sanitaria ha demostrado que necesitamos unos servicios públicos potentes. La ciudadanía necesita un Gobierno que apueste por el número de empleados públicos necesarios para estas situaciones. Hay asesores, desde ministerios hasta ayuntamientos y diputaciones, que sin haber hecho demasiados méritos están recibiendo unas retribuciones muy por encima de las de un médico o un catedrático. Así se nos escapan a trabajar a otros países todas esas personas necesarias”.

El que habla, vía telefónica, es Francisco Lama, secretario de Acción Sindical del CSIF, el principal sindicato de funcionarios. “Lógicamente hacen falta asesores pero nos preocupa ese alto número de asesores que se ha incrementado en esta Legislatura. Esos salarios en los niveles 30 están creciendo. La proliferación de asesores en el ámbito político, elegidos a dedo y con salarios más altos que otros colectivos, daña la imagen de los empleados públicos”, añade.

Lama no entra en el caso del Ministerio de Igualdad, ya que comenta que es algo común a todos los Gobiernos y que va desde lo más bajo de un Ayuntamiento a lo más alto de un Ministerio. Sin embargo, el caso de Irene Montero es el perfecto ejemplo de ello. Si bien algunos nombres sí que cumplen la definición de asesores, de personas expertas que aconsejan, otros muestran una tendencia a ser colocados en puestos cercanos siempre que se puede, con el único bagaje que pueda dar una relación de afinidad.

Los (pocos) hombres asesores

En el Ministerio de Igualdad, los nombres que se pronuncian en masculino escasean. El más notable de ellos es el de Pedro Guillén Marina, el subsecretario de Igualdad. Él sin embargo, es un alto cargo y no pertenece a esta lista de 14 asesores. Además, es Administrador Civil del Estado y ha pasado por cargos relevantes de otros ministerios con anterioridad. Y es que, para ser subsecretario, hay que ser funcionario de alto nivel.

Pero hay otros nombres, el de los asesores, que de nuevo se alejan de este perfil técnico y cuyo nombre sólo ha sido dado cuando los medios recurren al Portal de Transparencia. De nuevo, sin currículum. Simplemente porque sí, sin poder hacer demasiado análisis. Las tres designaciones de rostro masculino que se conocen son de nivel 28, por lo que tienen un sueldo inferior al de sus compañeras asesoras y ostentan el cargo de Consejero Técnico de Información, aunque en la Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio cuentan como asesores también.

Manel Ros (45.638,36 euros). Este es uno de los perfiles que más se desconoce, su trabajo tampoco está demasiado claro. Sus compañeros dicen que se encarga de las relaciones con la prensa. Sin embargo, los puestos de jefa de prensa y de directora de comunicación están ocupados por sus compañeras. Es periodista, fascinado por la música y compra discos asiduamente en una tienda de Lavapiés. Escribía, de hecho, sobre música en el diario Público. Entró en la onda de Irene Montero a través de Xavier Domènech, a quien le llevó la comunicación, y ha quedado liberado al dejar Domènech la alta política. En el BOE figura su nombre de cuando le contrataron, al igual que muchas de sus compañeras, como asistente “para la atención de los señores diputados” de Podemos. Él fue el que compró la tarta del famoso vídeo. 

Rubén Juste (45.638,36 euros). Él sí que es un intelectual y podría encajar en la descripción de asesor, a diferencia de otros compañeros. Doctor en Sociología, ha trabajado como asesor de partidos en Paraguay y como investigador en una universidad de Ecuador. Realizó su tesis doctoral sobre las puertas giratorias en el Ibex 35 y, más tarde hizo un libro sobre “la trama”. Ese libro llegó a manos de José María Guijarro, de Podemos, que se lo dio a Pablo Iglesias y voilà... el actual vicepresidente del Gobierno ya le ayudó a presentar el libro en el Teatro del Barrio de Madrid. La trama se convirtió en parte fundamental del argumentario de Podemos y en 2017 le hicieron asesor de la formación en el Congreso para ahora, en 2020, pasar al equipo de la ministra Montero.

Jesús Generelo (45.638,36 euros). Nacido en Huesca, Generelo es activista de los derechos LGTBI. Es muy cercano a las ya conocidas Boti García y Beatriz Gimeno, que también tienen un puesto bajo el paraguas del Ministerio de Montero. De hecho, en 2015 sustituyó a García en la presidencia de la importante FELGTB. Desde ahí se implicó en lo legal para tramitar una ley que protegiera al colectivo LGTBI de las discriminaciones y para ampliar la ley de transexualidad para que se dejara de considerar a las personas trans como enfermas mentales. Con su perfil, el Ministerio puede abordar los derechos del colectivo y ahora está asesorando en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Los nombres ocultos

Muchos de estos nombres ya salieron en la petición que, el pasado mes de junio, llevó a cabo el portal de verificación Newtral al Portal de Transparencia. A eso se refieren desde Igualdad cuando dicen que “esa información se ha facilitado a los medios”. Sin embargo, los datos que dan no sirven para atar cabos.

Uno de los ejemplos más claros es el de Patricia Fernández Pérez. Ella es directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Noelia Vera y la que más cobra de todos los asesores: 60.881 euros. ¿Y quién es? No se sabe. En el BOE se recoge que ha sido contratada como asistente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso en dos ocasiones y no hay información sobre ella en ningún otro sitio.

¿Cómo sabe, entonces, la ciudadanía que no se trata de algún familiar o trato de favor? No lo puede saber. Como el currículum no es un requisito para ser contratada como asesora, el Ministerio no considera necesario decir de quién se trata. Tampoco lo considera la ministra Montero cuando se le hace esa pregunta en el Parlamento, sede, ya se sabe, de la soberanía popular. Ni ella ni cualquier otro ministerio, ya que no hay obligación. Esta práctica es común a todos los ministerios, actuales y pasados, sean del color que sean.

Y pasa con más. Desde aquella petición de Transparencia, en el Ministerio de Igualdad se han contratado a otros tres asesores cuya identidad es desconocida. Entre los tres suman sueldos brutos anuales de entre 100.000 y 150.000 euros de dinero público y, cuando este diario se ha puesto en contacto para saber de quién se trata, la respuesta ha sido la que aparece en la apertura de este reportaje: “no tenemos la obligación de dar más detalles”.

Mientras, suena de fondo el eco de que este Gobierno ha doblado el récord de altos cargos nombrados a dedo -de los 12 de Mariano Rajoy a los 24 de ahora-. Y no quedaba tan lejos cuando Unidas Podemos, en la pasada campaña electoral, hablaba de la regeneración democrática. “No tenemos la obligación de dar más detalles”. Pues eso.