El asunto, más o menos, se veía venir. Es 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife). El tan polémico José Ignacio Wert, entonces ministro de Educación bajo el ala de Mariano Rajoy, se desplaza hasta la ciudad canaria para visitar la catedral. Los 300 agentes desplegados y el sobrevuelo de los helicópteros de la Policía Nacional dan cuenta de que la cuerda se anda tensando. Con la llegada de Wert, a las 11.00, estalla. Lo que en un principio era una manifestación pacífica contra la reforma de la LOMCE se desata en disturbios. Los pitidos iniciales a Wert migran a cargas policiales, a vallas que se lanzan, a puñetazos a la autoridad. Y ahí, en medio de la jarana, está Alberto Rodríguez, El Rastas de Podemos.
El actual secretario de Organización de Podemos -que sustituyó a Pablo Echenique en el cargo- guarda en su haber una amplia colección de problemas con las autoridades. En 2006, presuntamente, increpó a unos policías en un control de drogas y acabó en reyerta. Fue al Tribunal Supremo por ello, pero había prescrito. En 2012 fue detenido, de nuevo en Tenerife, por unos altercados en la Huelga General de ese año. También acabó en nada, aunque sufrió heridas y una foto suya en silla de ruedas empezó a circular por distintos blogs a modo de protesta. Y ahora vuelve contra él el incidente de 2014 en la manifestación contra Wert que le lleva, de nuevo, al Tribunal Supremo. Aunque le dará plantón.
Alberto Rodríguez debería declarar este martes en el Supremo en calidad de investigado por un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad y una falta de lesiones. El Ministerio Fiscal había presentado un escrito de acusación contra él y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. Sin embargo, a última hora de este lunes él mismo ha anunciado que no acudirá de manera voluntaria por lo que habría que solicitar el suplicatorio al Congreso dada su condición de aforado.
Así, a pesar de la alta política a la que ya pertenece, Alberto Rodríguez elude recordar su pasado de peleas y enfrentamientos con policías, de cuando militaba en Izquierda Unida o cuando era delegado sindical de Comisiones Obreras. Era una época intensa en protesta social y ahí estaba él, en primera fila siempre que podía. Y si no era con el sindicato y el partido, lo hacía como miembro del Sindicato de Estudiantes canario y el Comité de Estudiantes. Siempre en primera fila, pero sin correr de los antidisturbios, enfrentándose a ellos. Ahora, en cambio, a pesar de que dice que no lo hizo, opta por complicar el trámite al Supremo.
Esta imputación afecta directamente a la cúpula de Podemos. Aunque conocido por el público general simplemente a raíz de su peinado, Rodríguez forma parte del núcleo duro de los hombres y mujeres de Pablo Iglesias. Como secretario de Organización sustituyó a Pablo Echenique en 2019, tras la llegada de Podemos al Gobierno, y ha sido uno de los más criticados por los abogados de la formación morada purgados, José Manuel Calvente y Mónica Carmona. Ahora, Rodríguez avanza un camino que podría andar su jefe, Iglesias, si el Supremo decide finalmente imputarle.
“Hostigamiento” a agentes
La primera vez que Alberto Rodríguez se enfrentó a las autoridades fue la Nochebuena de 2006, cuando apenas gastaba 25 años. Sucedió en La Laguna, en Tenerife, mientras que la Policía Local estaba llevando a cabo una serie de controles de drogas y alcohol en el marco de la campaña de vigilancia de las fiestas de Navidad. Los hechos concretos del altercado, no han trascendido, pero según se pudo saber tras su imputación por un presunto delito de desorden público, él y otras personas presuntamente empezaron a increpar a la Policía. Después, según la investigación y la Fiscalía, del “hostigamiento” a los agentes se produjo un episodio de lanzamiento de vasos y otros objetos.
Otros dos de los implicados que estaban con él acabaron reconociendo en el juicio todos los hechos, pero a Alberto Rodríguez le llegó en 2017, cuando ya estaba aforado, y el asunto acabó en el Supremo. Ahí empezó a maniobrar, según relatan a EL ESPAÑOL fuentes de Podemos, la letrada de la formación Marta Flor, que ahora ha saltado a la polémica por defender tanto a Pablo Iglesias como a Dina Bousselham en su juicio del llamado Caso Dina, en el que Iglesias podría haber cometido delitos contra su otrora asesora.
Flor consiguió que se archivara la causa porque había pasado demasiado tiempo desde 2006 y ahí empezó una estrecha relación entre ambos. Según el abogado purgado José Manuel Calvente, Flor se dedicó a enseñar posteriormente a sus compañeros de la formación mensajes sexuales de diversa índole que ella compartía con Rodríguez. Así lo incluyó en su denuncia y así lo han confirmado otras fuentes de Podemos a este diario.
A pesar de todos sus encontronazos con la autoridad, Alberto Rodríguez siempre ha conseguido situarse como una especie de víctima. Lo hizo en esta primera imputación, diciendo que estaba protegiendo a su hermano de una agresión policial que le quitó parte de la vista de un ojo. Y lo hizo de nuevo en 2012, cuando fue detenido y, a las puertas de la comisaría donde estaba, se organizó una espontánea pero multitudinaria protesta que clamaba por su libertad.
Sobre este tercer altercado que debería haberle sentado este martes en el Supremo se ha pronunciado el propio Pablo Iglesias. “Pueden masticarte, pero tendrán que escupirte”, ha compartido por Twitter el vicepresidente segundo del Gobierno citando a Jimmy McNulty, personaje de ficción de la serie The Wire. El personaje, paradójicamente, es un policía, pero ya se sabe que Iglesias nunca desaprovecha una oportunidad para referirse a sus series favoritas.
En silla de ruedas
El 12 de mayo de 2012 se produjo el segundo gran encontronazo de Alberto Rodríguez con las autoridades. Aunque de esta salió peor parado. Acabó detenido y, según él mismo declaró, tuvo policontusiones, esguince del tobillo izquierdo y traumatismo dental. Los hechos exactos no están demasiado claros ya que aparentemente no acabó en juicio. Lo único que se sabe es su propia versión de los hechos, que colgó en un blog de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, y en el que se presenta prácticamente como una víctima de una detención arbitraria.
“Sábado 12 de mayo del 2012, mi querida madre, una amiga de ella y yo bajamos en el coche pa (sic.) la manifestación convocada internacionalmente”, arranca el relato de Rodríguez, que, entonces, gastaba 29 años y era miembro de Comisiones Obreras e Izquierda Unida. Después, cuenta que dejó a su madre para que no tuviera que caminar tanto y él se fue a buscar aparcamiento. Hasta que deja el coche, y caminando por la calle “tracatrá”.
Según él mismo relata, sin más motivo, ve como cuatro o cinco agentes corren detrás de él, le tiran al suelo, le insultan, le asfixian y le amenazan. Dice que le tiran de los pelos y estallan sus dientes contra la acera “al más puro estilo American History X”. Cuando le meten en el furgón de los antidisturbios, no le dejan sentarse y le tiran al suelo sin más. Tras relatar las tropelías que le hacen los agentes, reconoce que le explican el motivo de la detención: “atentado, desórdenes, alteración del orden y no sé qué cosas más por el día de la Huelga General del 29M (de 2012) y resistencia activa a la detención”. Casi nada.
La puesta en libertad de Alberto Rodríguez se vio precipitada porque a las puertas de la comisaría en la que estaba se reunió cerca de un centenar de personas que clamaban “No estamos todos, falta Alberto”. A pesar de que el trato que supuestamente recibió por parte de las autoridades prácticamente iba en contra de los Derechos Humanos, tampoco denunció. Durante los días posteriores se empezó a compartir por distintos blogs una fotografía de él en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la que aparecía en silla de ruedas y con heridas por la detención. Rápidamente, se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial.
A lo largo de su trayectoria política, cuando las cuestiones de sus altercados con la autoridad han salido a la palestra, Alberto Rodríguez ha defendido su inocencia sin complejo. Siempre ha alegado que él no había hecho nada, y que por eso no tenía problema en comentarlo o en ir al Supremo a defender su inocencia. Esta vez, sin embargo, es distinta. Esta vez da plantón al alto tribunal. Ahora, la pelota está en los tejados del Congreso.