Un presidente del Gobierno que pretende aplicar durante más tiempo que nunca en democracia una legislación de excepción, pero sin ni siquiera hacer acto de presencia en el Parlamento para explicárselo a los representantes de la soberanía popular. Es la síntesis de lo que, salvo rectificación de Moncloa de aquí al jueves, cuando se debate en el Congreso la prórroga del nuevo estado de alarma ya vigente, pretende acometer Pedro Sánchez. Todo ello tras haber anunciado el pasado domingo su intención de mantener la alarma durante los próximos seis meses, en concreto hasta el 9 de mayo de 2021. 

La estupefacción era máxima este martes en la reunión ordinaria de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, cuando los principales partidos conocían la intención del jefe del Ejecutivo de ausentarse de tan importante pleno parlamentario para delegar en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa del decreto gubernamental. Era el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, el encargado de trasladar a los grupos parlamentarios los planes del Gobierno, ante los que ponían el grito en el cielo tanto en ese momento como luego en rueda de prensa los portavoces de PP y Vox, Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros. Gamarra acusaba a Sánchez de utilizar a Illa como "escudo humano" y aseguraba no ver justificación alguna en su conducta.

Las explicaciones públicas dadas casi a la misma hora por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que comparecía en La Moncloa tras el Consejo de Ministros, no ayudaban a mejorar las cosas. En primer lugar porque se acogía a una videoconferencia de Sánchez el mismo jueves con el resto de líderes de la Unión Europea (UE). "Una videoconferencia, entenderán ustedes, de obligada presencia" afirmaba Montero, en referencia a un encuentro telemático fijado para las 18:30, es decir, más de nueve horas después del comienzo del pleno parlamentario.

Y en segundo lugar porque, ni corta ni perezosa, Montero apelaba a la sesión de control de los miércoles como el ámbito en el que, decía, "cualquier grupo político le puede preguntar sobre esta materia". Una afirmación que obviaba dos importantes diferencias de la sesión de control con respecto a un pleno extraordinario. Por un lado el tiempo, limitado a cinco minutos para cada diputado en el primero de los casos. Y por otro el hecho de que, salvo Pablo Casado, no todos los portavoces pueden preguntar semanalmente al jefe del Ejecutivo, como le ocurre singularmente a los líderes de Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. 

Sorprendentemente, la portavoz socialista, Adriana Lastra, cancelaba su rueda de prensa ordinaria de todos los martes y tampoco Ciudadanos hacía acto de presencia en la siempre concurrida sala de prensa. Arrimadas, en una comparecencia el pasado viernes con todos sus vicepresidentes autonómicos y con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se adelantaba a solicitar al Gobierno la declaración de nuevo del estado de alarma que posteriormente, ya el fin de semana, anunciaba Sánchez. Si bien el partido naranja no quiere prolongarlo tanto en el tiempo y, según fuentes de su dirección, intensifica las negociaciones para acortar su periodo de aplicación.

A Errejón tampoco le gusta

El propio Sánchez, durante su alocución del domingo en La Moncloa, había apelado a Illa como la persona que, como ya ocurriera en el confinamiento de marzo, comparecería frecuentemente en el Congreso para dar cuenta de la evolución de la batalla contra el virus, algo que entonces, durante la primera ola de la pandemia, hizo en la Comisión de Sanidad en múltiples ocasiones. También fue Illa quien el pasado quince de marzo defendió el estado de alarma aplicado específicamente a la Comunidad de Madrid, si bien para una exigua duración de los quince días iniciales que establece la Constitución y, en ese caso, para el ámbito territorial de una única comunidad autónoma. No para medio año y en toda España, como se pretende ahora. 

El acto de suficiencia de Sánchez, al despreciar la comparecencia parlamentaria, se antoja más gravoso aún si se tiene en cuenta que se comunicaba a cuarenta y ocho horas de un debate para el que el Ejecutivo no cuenta aún con los apoyos necesarios. Y no sólo soliviantaba a los grupos del centroderecha, pues según transcurrían las horas otros dirigentes de distinto signo ideológico mostraban su desacuerdo. Era el caso del diputado de Más País, Íñigo Errejón, quien en Twitter anunciaba una propuesta para que Sánchez rinda cuentas mensualmente durante la aplicación del estado de alarma dado que éste, afirmaba, "debe ser compatible con el respeto al Parlamento". 

Así las cosas, el camino del segundo gran estado de alarma que pretende implantar el Gobierno hasta bien entrada la primavera del año que viene -esta vez sin un confinamiento total de la población, pero sí con importantes restricciones que aplicarían las autonomías en distinto grado- no parece tan fácil como cabría presumir de inicio. Sobre todo después de la buena predisposición mostrada, aunque con matices, por PP y Ciudadanos. Hasta el punto de que la ausencia de Sánchez en el pleno del jueves podría no resultar tan buena idea de los estrategas de Moncloa.