El Gobierno sigue mimando a ERC, el socio preferido por Pablo Iglesias para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. PSOE y Podemos han negociado con los republicanos independentistas la enmienda a la Ley educativa de la ministra Isabel Celaá, la Lomloe, por la que se pretende blindar y reforzar el sistema de inmersión lingüística en catalán, que margina el español.

El texto que se votará este jueves en la comisión educativa del Congreso de los Diputados elimina la apelación a la consideración de "lenguas vehiculares" tanto para el catalán como para el castellano. Una manera de dar carta de naturaleza al sistema vigente en Cataluña desde hace décadas y por el que PP y Ciudadanos ya han anunciado recursos. 

El nuevo texto transaccionado entre socialistas, podemitas y los de Gabriel Rufián asegura que "las administraciones educativas" garantizarán el derecho de los alumnos "a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

Una enmienda a la que también se opone, por razones distintas a los partidos de la oposición en el Congreso, Junts Per Catalunya. Fuentes de los independentistas herederos de la antigua Convergencia aseguran a este periódico que el PSOE "le ha metido un gol a ERC" con el redactado, pues administración educativa es también, consideran, el Ministerio de Educación. 

En rueda de prensa este miércoles en el Congreso, el diputado de Junts Sergi Miquel aseguraba que de quedar la Ley en esos términos el Gobierno central podría establecer por decreto "unos porcentajes para garantizar que se celebren un número determinado de horas o de clases en castellano" amenazando así, alertaba, el modelo vigente. Para ERC, en cambio, administraciones educativas es una referencia exclusiva al departamento de Educación autonómico y por eso es "una falsedad" lo que dicen sus socios en el Gobierno de Cataluña. La propia Celaá, por su parte, afirmaba que queda "absolutamente lejos" de la reforma educativa "desalojar" el castellano de las aulas. 

La doctrina lingüística del TS

La referencia a la lengua vehicular no es baladí en términos jurídicos. En una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2010, basada en la doctrina establecida ese mismo año por el Tribunal Constitucional en su célebre fallo sobre el Estatut, el Alto Tribunal establece que el castellano es también lengua vehicular y que así debe ser tratado por la Generalitat.

En esa sentencia se daba la razón a varias familias de castellanohablantes que habían reclamado para sus hijos una educación en castellano de manera proporcional al catalán, así como que las comunicaciones de los centros docentes les llegaran en esa lengua.    

Nada que amilane a los independentistas ni tampoco a Podemos. Los de Iglesias consideran que ninguna Ley educativa había establecido qué lenguas deberían ser vehiculares, hasta que lo hizo el PP en la Ley Wert, a juicio de los podemitas en un intento de "politizar la lengua". Y acusan a Ciudadanos de sumarse al PP para "atacar el catalán" como afirmaba en Twitter el portavoz de Educación de la confluencia catalana de la formación, Joan Mena. Una manera más de tratar de cortar los puentes entre Moncloa y los de Inés Arrimadas, que reiteradamente han mostrado su disposición a negociar los Presupuestos con el Gobierno.