El presidente del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de "poner en riesgo" los fondos europeos por su ataque a la libertad de prensa. Pablo Casado ha desatado las alarmas en redes sociales, donde ha hecho mención a que "en España hay millones de Winston Smith frente al Gran Hermano de Moncloa".
Casado basa sus acusaciones en que la Comisión Europea ya está estudiando la orden ministerial para combatir la desinformación publicada el jueves en el Boletín Oficial del Estado. En la misma línea se ha mostrado la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra: "Ha cosechado el rechazo unánime de todos los medios de comunicación españoles. Exigimos su retirada desde el principal partido de la oposición".
Después de que varios partidos con representación en el Parlamento Europeo hayan presentado sendas quejas, la Comisión Europea ha tomad cartas en el asunto. Previamente, para evitar que los dirigentes de los 27 países aprovechen la pandemia para sacar adelante otras medidas que rebasen los principios democráticos europeos, el órgano fiscalizador europeo reforzó sus propios sistemas de control para "vigilar la aplicación de las medidas de emergencia".
La Unión Europea ya ha desplegado un plan contra las fake news. Sin embargo, en pretende justamente lo contrario que ha activado el Gobierno de Pedro Sánchez: garantizar la libertad de expresión, el debate democrático plural y proteger a los periodistas.
Desde que estalló la pandemia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha resaltado que cualquier medida que ponga en marcha un país de la UE para frenar la Covid debe respetar los valores y principios europeos y, en particular, el trabajo de medios libres e independientes.
Tras conocer las intenciones de Sánchez, el Ejecutivo comunitario anunció el viernes que examinará concienzudamente esta medida para verificar si se ajusta a los parámetros establecidos por sus propias leyes. De momento, el presidente del Gobierno español es el único líder europeo que se apropia del control de las fake news creando un comité de vigilancia que estará controlado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende directamente de Presidencia y Moncloa.