La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dijo que España respetará la ley en las devoluciones de los inmigrantes, después de que el Tribunal Constitucional avalara hoy las denominadas "en caliente".
"Todas las devoluciones de España se harán de acuerdo con lo que dicta la ley y los tratados internacionales que España ha suscrito en esta materia. Ni más ni menos", señaló este jueves la ministra.
Ante el incremento de la llegada de inmigrantes a Canarias en las últimas semanas, la responsable de Exteriores aseguró no tener "ninguna duda" de que Marruecos está colaborando con España en la gestión de los flujos migratorios.
González Laya dijo que, después de haber analizando el perfil de la mayoría de los que llegan, el Gobierno cree que son jóvenes que "escapan del desempleo que en muchos de esos sus países, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Chad, Argelia" ha causado la pandemia de la Covid-19.
Por eso, ella misma y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trabajarán con todos esos países para poder gestionar los flujos migratorios en origen y "retornar a aquellos ciudadanos que han llegado de manera irregular a España y que no tienen razón de quedarse en la península".
Respecto a la liberalización de los inmigrantes en el puerto canario de Arguineguín, González Laya dijo que "primero tenemos que tratar de manera digna a quienes llegan a nuestro país y eso es lo que tratamos de hacer".
Redes criminales
"Es cierto que hay veces en que las llegadas son muy numerosas y (...) hay inevitables molestias para quienes llegan y también para quienes los acogen, para los ciudadanos de Canarias", explicó.
Para tratar de abordar la situación, el Gobierno está en contacto con el ejecutivo de Canarias, con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y con la Agencia Europea para el Control de Fronteras, FRONTEX, que va a ayudar a identificar a las personas que llegan a España.
González Laya aseguró que muchos de los inmigrantes que llegan a España lo hacen a través de redes criminales de tráfico de personas "y, evidentemente, el Gobierno de España no va a incentivar el que sigan operando" estas mafias.