Sánchez cambiará la ley de financiación autonómica para satisfacer a ERC y subir impuestos en Madrid

La Historia se escribe a fuerza de paradojas. Hace tres décadas una de las banderas del nacionalismo catalán era la reclamación de mayor autonomía fiscal, con el célebre 15% del IRPF que Jordi Pujol logró arrancar a Felipe González, obligado por primera vez a pactos de investidura tras perder su mayoría absoluta. Hoy el camino es el contrario, ERC quiere poner coto a la manera en que se ha ejercido esa autonomía, singularmente en Madrid.

Otro presidente socialista, Pedro Sánchez, abordará en una comisión específica pactada con los republicanos esa reforma, ante la que ya ha puesto el grito en el cielo Isabel Díaz Ayuso. "Seré su peor pesadilla si toca el bolsillo de los madrileños", le advertía al jefe del Ejecutivo la presidenta autonómica. Sánchez replicaba sus palabras, en una rueda de prensa conjunta en Mallorca con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, asegurando que no se trata de una cuestión "ideológica" sino de "resolver un problema de armonización fiscal" como también pretenden, aseguraba sin dar nombres, algunos presidentes autonómicos del PP. 

Los independentistas, en el tramo final de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado en la que son, con permiso de Bildu, los grandes protagonistas, pretenden acabar con lo que llaman "competencia desleal" de la Comunidad de Madrid. Los gobiernos del PP en la región que alberga a la capital de España (ahora en coalición con Ciudadanos) siempre han presumido de la baja fiscalidad que llevan décadas aplicando, por ejemplo con la bonificación de algunos tributos como los de sucesiones y patrimonio. 

Una práctica insolidaria a juicio de los independentistas catalanes, que no hace mucho bramaban contra el supuesto expolio fiscal que el Estado central -el mismo al que ahora piden ayuda como socios parlamentarios del Gobierno- les habría infligido durante mucho tiempo. "Se han acabado los privilegios" proclamaba este miércoles el presidente catalán en funciones, Pere Aragonés. 

La comisión que ERC ha logrado impulsar analizará todo lo relativo al impuesto a las "grandes fortunas". Muchas de ellas habrían fijado su residencia en Madrid ante el mayor rendimiento para su patrimonio, según explican varios expertos fiscalistas, una práctica que ERC y otras formaciones de izquierdas consideran "dumping fiscal".

Una reforma posible 

La armonización fiscal entre autonomías, descontando el régimen especial blindado en la Constitución del que gozan Navarra y El País Vasco, no es ninguna quimera, explican estos expertos. De hecho hay en marcha una Ley de cesión de tributos que podría ser un instrumento idóneo para las reivindicaciones de los independentistas, y podría hacerse modificando la Ley de Financiación Autonómica. Aunque, eso sí, no puede ser materia presupuestaria.

No obstante, las fuentes consultadas en materia fiscal advierten de la dificultad que siempre supone gravar el patrimonio, algo para lo que fue necesario establecer un modelo particular en Hacienda, el 720, dedicado a los bienes en el extranjero, porque "la mera declaración de Patrimonio no funcionaba". 

Se da la circunstancia de que durante el reciente pleno parlamentario en el que se rechazaron las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le reprochó a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que pretendiese condicionar su apoyo a las Cuentas Públicas al trámite de una Ley distinta a la presupuestaria.

Se refería a la reforma educativa de la ministra Celaá, cuya enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular no es del agrado del partido naranja. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo sí se muestra dispuesto a poner en marcha otras reformas ajenas a la tramitación de los Presupuestos, a cambio del apoyo de ERC.