El ministro de Transportes y Vivienda, José Luis Ábalos, acota el plan antidesahuicios de Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo trataba de nuevo este jueves de marcar el rumbo del Gobierno, en una materia de la que Podemos siempre hace bandera. Durante una comparecencia parlamentaria ordinaria, el líder morado anunciaba un decreto en apenas "dos semanas" para frenar los deshaucios.
Trataba así de ganar por otra vía, más directa aún, lo que había intentado, levantando de nuevo ampollas en el Ejecutivo, con una enmienda junto a ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, finalmente tumbada con el voto del PSOE.
Apenas minutos antes de ese anuncio su mano derecha, la Secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, se había reunido con el responsable de Vivienda en el ministerio de Ábalos, David Lucas, para abordar la cuestión.
Según fuentes conocedoras del encuentro, Ábalos acepta una de las condiciones de Iglesias, que se contemplen en el decreto situaciones previas y por lo tanto ajenas a la pandemia. Pero le pone restricciones en otros aspectos clave para paralizar desahucios. En primer lugar, cuando se pretenda detener el desalojo en un inmueble deberá hacerse con control judicial.
Iglesias, este jueves en el Congreso.
Los servicios sociales, tanto municipales como autonómicos, tendrán que elevar al juez de turno un informe detallando la situación concreta de vulnerabilidad que justifique no ejecutar un determinado desahucio. Pero no sólo eso, también deberán aportar una alternativa habitacional para cada caso en concreto. Se trata, según fuentes ministeriales, de "buscar un equilibrio con el derecho de propiedad".
Por otra parte, la paralización de los desahucios estará limitada a la duración del estado de alarma. Es decir, y salvo ampliaciones posteriores, durante los próximos seis meses, una cuarta parte del tiempo que pretendía Podemos, que planteaba aplicarlo hasta diciembre de 2022. Ahora esta situación de excepcionalidad quedaría extinguida en mayo de 2021.
Para todo ello, los responsables de Transportes y Vivienda se remiten al Plan Estatal de Vivienda, con una importante dotación económica para las comunidades autónomas.
Cortes de suministros
Otro aspecto de la propuesta de máximos de Podemos tiene que ver con la suspensión de los cortes de suministros en hogares considerados "vulnerables". Aunque en este caso la interlocución se tendrá que establecer con el Ministerio de Transición Ecológica, del que es titular la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.
Pese a las tensiones de las últimas semanas y el protagonismo de Iglesias a la hora de hacer anuncios, la reunión entre los responsables de la Vicepresidencia Segunda y los del antiguo ministerio de Fomento fue positiva. Ambas partes esperan tener cerrado un texto definitivo para que en quince días reciba la luz verde en el Consejo de Ministros.
Agotado el plazo de la presentación de enmiendas a las Cuentas Públicas, en el que Podemos ha podido buscar la alianza con los socios de investidura (y ahora de Presupuestos) aun cuando no ha tenido éxito, Iglesias tiene que regresar ahora a la negociación dentro del Gobierno para conseguir sus objetivos.
Una vuelta al redil que el propio vicepresidente segundo explicaba así en su comparecencia parlamentaria, haciendo de la necesidad virtud: "Tenemos que seguir consolidando una cultura de coalición, que nos sitúa ante debates y ante situaciones que lógicamente no se producían en gobiernos de partido único, pero que producen resultados definitivos".