Bruselas vuelve a dar un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez por su intento de refomar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con la oposición. La Comisión Europea está al tanto de la nueva ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya caducado y avisa contra cualquier tentación de politizar el órgano de gobierno de los jueces.
"Nuestra posición es clara. Es importante abordar el problema (del bloqueo) del CGPJ y, al mismo tiempo, garantizar que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización", ha dicho el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wiegand.
"Tenemos conocimiento de la nueva propuesta. Es importante que cuando los Estados miembros reforman el sistema judicial, lleven a cabo las consultas necesarias con todas las partes afectadas, incluyendo la Comisión de Venecia", señala Wiegand. ¿Significa que Sánchez debe consultar con la oposición? "Todos los afectados significa los afectados en la esfera política, pero también en la esfera judicial".
La Comisión de Venecia es el órgano del Consejo de Europa que vela por el respeto del derecho constitucional. La petición a Sánchez de que consulte al Consejo de Europa es especialmente relevante porque este organismo ya ha pedido en reiteradas ocasiones a España que los 12 miembros del CGPJ procedentes de la carrera sean elegidos por los propios jueces y no por el Parlamento.
"Los Estados miembros deben seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no quede comprometida", alega el Ejecutivo comunitario.
"Vamos a continuar siguiendo la situación de cerca y esperamos más información del Gobierno español", ha concluido el portavoz.
Sánchez ya tuvo que rectificar
La presión del Ejecutivo comunitario ya obligó a Sánchez a paralizar su primer intento de reforma del CGPJ, que rebajaba de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 miembros procedentes de la carrera.
Bruselas avisó de que esta maniobra va en contra de las recomendaciones de la UE, que reclaman reducir la influencia del legislativo o el ejecutivo sobre el poder judicial y acabar con la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces. El comisario de Justicia, Didier Reynders, trasladó su malestar tanto a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, como al titular de Justicia, Juan Carlos Campo.
En la llamada con Campo, que se produjo la semana pasada, el ministro de Justicia le dio a Reynders explicaciones adicionales sobre la reforma del CGPJ y le garantizó que se ajustarían a las directrices de la Comisión de Venecia, según Bruselas.
Ahora el Ejecutivo comunitario vuelve a expresar sus dudas con la nueva ley promovida por el PSOE y Unidas Podemos. Es muy poco habitual que el Ejecutivo comunitario se pronuncie tan claramente contra una propuesta que todavía no se ha aprobado, lo que revela su inquietud por el CGPJ español.
Socialistas y morados pretenden debatir la proposición de ley antes de que finalice 2020, restando competencias al CGPJ por ejemplo para que no pueda hacer nombramientos. Según las fuentes consultadas, la proposición entraría en el cupo de este año del Grupo del PSOE el próximo 15 de diciembre. Una fecha que coincide con el últimátum de dos semanas por el que presiona Pablo Iglesias, con el objetivo de que el Gobierno en su conjunto ponga ese límite al líder de la oposición, Pablo Casado, para forzarle a negociar.
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