Por lo menos nueve ciudades han recibido ya el traslado de inmigrantes desde Canarias hasta la Península a lo largo de las últimas semanas. Los envíos en principio fueron negados por el Gobierno. Hace tres semanas, este periódico reveló que ya se habían enviado a más de 1.000 personas a diversas ciudades; hace 15 días EL ESPAÑOL publicó el primer vídeo de estos traslados, y ahora tanto Interior como el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se niegan a dar los datos de cuándo, dónde y cuántos han sido los traslados.
Según fuentes policiales, los envíos, en todo caso, se están produciendo de manera fluida con el fin de descongestionar la presión migratoria que mantiene en vilo desde hace meses distintas localidades del archipiélago. Tal como ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de numerosas fuentes policiales, estas ciudades serían Valencia, Alicante, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Madrid, Huelva y Zaragoza.
Los últimos datos fueron los referentes a Valencia y Alicante, capitales a las que se han trasladado más de 400 personas en situación irregular sólo en los cuatro días del último puente. Granada también ha visto llegar en las últimas horas a su aeropuerto a 200 inmigrantes. Ni siquiera el alcalde de la localidad, Luis Salvador, de Ciudadanos, tenía conocimiento de que se iban a producir esos movimientos.
Pedro Sánchez, entrevistado en Tele 5.
El persidente, Pedro Sánchez, por su parte, justificaba este miércoles estos envíos opacos, en una entrevista en televisión: "Hay que empatizar con Canarias".
Negativas a informar
Este periódico se ha puesto en contacto en reiterados momentos con responsables del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. En las últimas ocasiones, se han negado a dar los datos. "No informamos sobre traslados o reubicaciones", ha sido el mensaje reiterativo. "Interior no gestiona ni organiza los envíos, simplemente autoriza algunos de manera puntual".
¿Cuáles? Los de aquellas personas que "tienen derecho a la protección internacional, o son catalogadas como vulnerables". Y en ese caso, los inmigrantes en esta situación pasan a entrar en la responsabilidad del Ministerio de José Luis Escrivá. Pero sus responsables tampoco dan información: "Nosotros no aportamos información sobre reubicaciones o traslados", explican.
Los portavoces de Inclusión y Seguridad Social añaden que "todos los traslados que se producen se enmarcan dentro de la legalidad", y que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están controlando todos los movimientos que se están llevando a cabo". Eso sí, precisamente por ser una cuestión de seguridad, Inclusión remite de nuevo... a Interior. Por supuesto, de vuelta a esa cartera, no se obtiene más información.
Respuesta portavoz del Gobierno inmigrantes en la Península
Preguntada por esta negativa a informar de los dos ministerios implicados, la portavoz del Gobierno se limitó a poner plantearse en alto si es que "no tienen esa información o si es que no se están realizando esos traslados". María Jesús Montero prometió que cuando el Ejecutivo cuente con los datos "los hará saber".
Los agentes los cuentan
Entretanto, este periódico puede afirmar que cientos de los más de 19.000 migrantes llegados a Canarias en 2020 han sido enviados a la España peninsular días después de sus duras travesías en patera o cayuco a través de la ruta migratoria del Atlántico. Ante la ausencia de información y de protocolos oficiales por parte del Ministerio del Interior, los datos están siendo recopilados a cuentagotas por agentes de Policía Nacional y guardias civiles de todo el país. Solo de ese modo, contándolos a la salida del avión o el ferri en los que llegan a la Península, están descubriéndose sus destinos.
Las informaciones más recientes que ha podido conocer este periódico apuntan a la llegada a Huelva este pasado martes un ferri procedente de Canarias. En él viajaban 42 inmigrantes que desembarcaron en tierras onubenses en torno a las 7 y media de la mañana.
Otros datos que no se conocían hasta el momento apuntan también a Zaragoza como un destino, vía aérea, al cual ya habrían alcanzado un determinado número de irregulares. Fuentes policiales pueden confirmar unos veinte inmigrantes que llegaron en un vuelo hace quince días procedente de las propias islas.
Otra de las ciudades a las que ya han sido trasladados los inmigrantes desde las islas son Málaga y Sevilla. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, el lunes 23 de noviembre y el martes 24, desembarcaron en sendos vuelos aterrizados en la capital andaluza casi 60 inmigrantes. En el primero de los aviones llegaron 27. Había 30 en el segundo.
El problema de todo lo que está ocurriendo, según las fuentes consultadas, es que no hay un control, un seguimiento de todos los que llegan a la península. Su gran mayoría quedan libres para moverse con total libertad.
Cuántos y en qué estado
Sindicatos policiales como el SUP han exigido ya conocer la cantidad de inmigrantes trasladados desde las Islas Canarias a la península en los últimos días. En este sentido, en lugares como Madrid o Barcelona solo se está pudiendo conocer la información a través de pasajeros que viajan en esos mismos vuelos, como ocurrió con un viaje que tuvo lugar a principios del pasado mes de noviembre con destino al aeropuerto de Barajas.
Por lo demás, la información es tan confusa como escasa. Se trata de un hecho que se viene repitiendo sin cesar y que contradice los mensajes marcados por el gobierno y por el Ministerio del Interior. Pero los agentes denunciantes quieren saber también en qué estado son enviados los migrantes en los vuelos y barcos que eligen las autoridades para los traslados.
Según las fuentes de Inclusión y Seguridad Social, "cuando se trata de personas migrantes que han llegado por vía irregular, por nuestra parte asegurarte que se les ha hecho PCR en costa, como bien indica nuestro protocolo de atención en costas". Pero esta prueba se les hace "a las pocas horas de su llegada", y ninguna fuente gubernamental ha aclarado si se repite antes del traslado a la Península.
Hace varias semanas, el ministro Fernando Grande-Marlaska no solo descartó el traslado de los inmigrantes hacia la Península. También insistió en desestimarlos con el fin de "luchar contra la emigración irregular, y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa". Con la intención, dijo, de disuadir a las mafias y para evitar el efecto llamada.
Contabilizando datos
Ante los recientes traslados que se han producido hacia Valencia -72 el viernes, 64, el sábado, 100 el domingo, 61 el lunes y 16 el martes- y Alicante -24 inmigrantes el 30 de octubre, 60 la semana pasada y 14 este pasado martes-, en la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana se han tomado ya medidas.
Varios inmigrantes son introducidos en un autobús en en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), tras ser rescatados por Salvamento Marítimo.
El pasado 3 de diciembre, un oficio distribuido a todas las comisarías provinciales de Valencia, Castellón y Alicante, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, detallaba la orden de cumplimentar una tabla de Excel cada vez que se detecte "la entrada de extranjeros llegados desde las islas Baleares o Canarias".
La orden tiene la intención de realizar un control efectivo de todos esos viajeros "que además de ignorar las prohibiciones sanitarias de confinamiento perimetral pretenden llegar a la Península para establecerse o trasladarse a otros países europeos".
De este modo, desde las altas instancias de la Policía Nacional en la comunidad se pretende llevar una contabilidad de todos y cada uno de los inmigrantes que llegan en los aviones procedentes de las islas.
"Un parche"
"Estas tablas deben completarse también con los datos atrasados de los detectados en días pasados en los aeropuertos de Elche y Manises, así como los que llegaron al Puerto de Valencia para ser recogidos por ONG", reza el enunciado del oficio.
En esa misma orden dictada se exige que una vez contabilizados todos aquellos que llegan a la región, se les realizará los trámites que les corresponda: puesta en libertad, solicitud de CIE "cuando sea posible y procedente, "detención por falsedad documental, etc.".
Desde Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, señalan que se "pretende poner un parche a un problema político, y que ese parche una vez más es la Policía Nacional. No se puede pretender que la policía solucione problemas estructurales que sobrepasan sus límites".