El Gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro Cristóbal Montoro al frente, puso bajo su tutela las cuentas de la Generalitat para "poner fin al delirio" de los independentistas de usar el dinero público para sus fines partidistas.

La Generalitat de Cataluña anunció este viernes que el equipo de Pedro Sánchez ha "retirado la supervisión económica y financiera extraordinaria" que se aplicaba a las finanzas autonómicas desde diciembre de 2015. Un triunfo para el separatismo; un "garrafal error" para aquel equipo económico  del Gobierno del PP que puso todo su empeño en que ni un solo euro público de Cataluña se destinara a fines partidistas.

Rajoy dio un paso más en el control financiero de la Generalitat en octubre de 2017, cuando aplicó por primera vez en la historia reciente de España el artículo 155 de la Constitución tras la deriva secesionista.

Miembros del equipo que el Gobierno central designó para gestionar los recursos financieros de la Generalitat consideran que "es un error levantar el control financiero. Volverán a usar el dinero en lo suyo: en embajadas y en mamandurrias", consideran. Como ejemplo destacan un dato: los 750.000 euros que la Generalitat gastaba solo el alquiler de las oficinas en la embajada de Bruselas.

Cuando el Gobierno de Rajoy se implicó en la gestión económica de la Generalitat, su equipo económico observó que se destinaban "millones de euros" en las "centenares de empresas públicas" creadas para alimentar el fin independentista. "Sánchez ha cedido por tener el apoyo de ERC a los Presupuestos y les devuelve el control de las cuentas: serán millones de euros públicos dilapidados en la causa separatista".  

La idea de poner freno a los excesos independentistas con el gasto público surgió en 2015. Aquel año, Montoro dictó una orden ministerial para poder controlar el destino de los gastos de la Generalitat. "Los bancos debían comunicar a Hacienda todas las transacciones que hacían, hasta los datos más banales, como los gastos de gasolina de un vehículo oficial", describen. 

La Generalitat impugnó ante el Tribunal Supremo aquella decisión, pero el Alto Tribunal terminó dando la razón al Gobierno de Rajoy. "El Gobierno debía transferir equis cantidad de dinero a la Generalitat. En lugar de ingresárselo para que lo derrochara, era el Ejecutivo central quien pagaba facturas por ese importe. Fue un golpe tremendo para el separatismo".  

Cuando el desafío secesionista se desbordó y Rajoy aplicó el artículo 155, el Gobierno central pasó de fiscalizar los gastos a dirigir económicamente la Generalitat. "Como solo nos dedicábamos a gestionar, nos sobró hasta dinero", recuerdan con sorna ahora desde aquel equipo que gestionó las cuentas del Ejecutivo catalán. "Y malversar no es solo gastar dinero. Es también ceder un local de la Generalitat para fines políticos", advierten.

Presupuestos

Al firmar el acuerdo presupuestario entre el PSOE y ERC, Gabriel Rufián habló de un 155 "financiero" y lo consideró como "el fin de la tutela del abuso austericida".  

Además de este requisito, el pacto entre partidos para sacar las cuentas de 2021 incluye aumentar las inversiones y las transferencias que el Estado destina anualmente a Cataluña, que la Generalitat gestione directamente los fondos europeos para la reconstrucción, además de "acabar con el dumping fiscal" que puso a Madrid en el ojo del huracán. 

Esquerra Republicana de Cataluña ha acordado también transferir al Govern la gestión del ingreso mínimo vital, aplicar una moratoria en las cuotas de los autónomos e incrementar la financiación en dependencia y becas educativas. En el Partido Popular temen que el sí a las cuentas públicas de 2021 solo sea "el principio de las cesiones al independentismo. Es terrible que hayan acabado de un plumazo con todo nuestro esfuerzo por no derrochar un euro de los catalanes en fines partidistas", se lamentan.