Antes de que termine el año se pondrá en marcha en el Congreso la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, aprobada el pasado octubre con el único voto en contra del PP. La principal incógnita, y el principal morbo político, es el listado de comparecientes.
PSOE y Podemos pedirán la presencia en el Parlamento del ex presidente Mariano Rajoy, mientras que los de Pablo Iglesias quieren también que declare Pablo Casado.
Pero la auténtica bomba de relojería política es la pretensión de los podemitas de que sea llamado a declarar en la Cámara Baja el ex comisario Villarejo, en prisión preventiva y sin fianza desde 2017.
El hombre del que apenas hay imágenes públicas y cuya voz apenas es reconocible para el español medio, pero cuyos dosieres e información sobre la clase política y dirigente pueden reventar más de alguna costura. Una bomba que podrían desactivar, aun de manera subrepticia, PSOE y PP.
Los populares se guardan un as bajo manga, la de solicitar eventualmente la comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La ex ministra de Justicia aparece en una de las grabaciones de Villarejo durante un encuentro en un restaurante donde también estaba el ex juez Baltasar Garzón, su pareja.
La presencia de Delgado en la comisión parlamentaria no sería plato de gusto para Pedro Sánchez, lo que podría facilitar ese acuerdo de no agresión entre las dos principales formaciones.
Consensuar listados
Fuentes del Grupo Socialista trasladan que, pese a su acuerdo con Unidas Podemos, la comisión es un terreno sensible por cuanto afecta a un "partido de gobierno" como el PP. Es decir, que hay predisposición para consensuar el listado con el primer partido de la oposición, lo que podría dejar fuera del mismo tanto a Rajoy como a Villarejo, y también a Casado.
El inconveniente para los socialistas es que Podemos pondría el grito en el cielo, acusándoles de manera más o menos velada de algún tipo de connivencia con la red de espionaje desde Interior que investiga la Justicia. Una presunta trama por la que están imputados el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez Vázquez.
Francisco Martínez Vázquez y Jorge Fernández Díaz.
Una de las víctimas de ese espionaje habría sido el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, al que se tendría controlado desde Interior a través de su chófer. El caso Kitchen es una pieza separada del caso Villarejo.
Todo ello en un contexto en el que los dos partidos coaligados en el Gobierno vuelven a disentir por la pretensión del partido morado de que el Congreso ponga en marcha otra comisión de investigación, en este caso sobre el Rey Emérito, tras la polémica regularización fiscal realizada esta semana por Don Juan Carlos.
Ex presidentes e imputados
Ni la presencia de personas imputadas por graves delitos ni la de ex presidentes del Gobierno es algo que carezca de precedentes en comisiones de este tipo. Sin ir más lejos, José María Aznar compareció la pasada legislatura en la que indagaba la presunta financiación irregular del PP, cuya apertura fue una de las condiciones puestas sobre la mesa en 2016 por Ciudadanos para respaldar la investidura de Rajoy.
Incluso un jefe del Ejecutivo en activo, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ante la comisión abierta en 2004 por los atentados del 11-M. Una década antes, en 1994, el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, compareció en la comisión sobre el caso de corrupción que llevaba su nombre.
Una circunstancia que concurre en esta comisión de investigación (la única aprobada en esta legislatura junto a otra sobre la tragedia aérea de Spanair en 2008) es que se solapa con el procimiento judicial en marcha.
En el mismo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, organizó recientemente un sonado careo entre el antiguo titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la que fue su mano derecha y ex diputado del PP, Martínez Vázquez. Ambos intercambiaron duros reproches y Fernández Díaz negó conocer la existencia de la trama. El ex ministro fue imputado el pasado septiembre tras conocerse el contenido de varios mensajes y archivos intervenidos a su mano derecha en Interior.
Como en la pasada legislatura pasada con la comisión de investigación sobre la financiación del PP, el pasado del partido volverá a centrar parte de la actividad de la legislagtura. Casado, de momento, ya se ha desmarcado recordando que era un diputado raso por Ávila, sin responsabalidad alguna en el Gobierno de España, cuando sucedieron los hechos que ahora investigará el Congreso.