La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias denegó una petición de dotar de mascarillas a la prisión del Puerto de Santa María II alegando que las de tipo quirúrgico "pueden ser usadas durante un día de trabajo". Esa negativa aparece reflejada en un oficio a cuyo contenido ha podido acceder EL ESPAÑOL.
El documento fue remitido por la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al director de la prisión, y se ha incorporado a la causa abierta contra el Ministerio del Interior por parte de un sindicato de funcionarios de prisiones. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.
El 16 de noviembre, el director de la prisión de Puerto II -una de las tres cárceles ubicadas en el Puerto de Santa María (Cádiz)-, se dirigió por carta al Ministerio del Interior para solictar el abstecimiento de mascarillas.
En plena segunda ola de la pandemia, reclamaba que llegasen lotes con una "mayor asiduidad". Sin mascarillas, sus funcionarios se quedaban sin recursos con los que realizar y llevar a cabo su trabajo de un modo seguro.
La respuesta del jefe coordinador de los Servicios de Prevención, Jesús Rico, llegó 11 días después. En el oficio, tras recordar las normas de actuación dictadas por su departamento, aseguraba que las mascarillas quirúrgicas "mientras no se humedezcan o se deterioren (en ese caso se cambian sin problema alguno, solicitándolo en el Centro), pueden ser usadas durante un día de trabajo".
Cuatro horas
Esta instrucción, que sirvió para negar más protección contra la Covid-19 a los funcionarios, contradice las directrices del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Consumo al respecto del uso de las mascarillas quirúrgicas.
Ambos ministerios llevan insistiendo desde los últimos compases de la primera ola de la Covid-19, allá por el mes de junio, en la poca durabilidad de estas mascarillas: su eficacia no supera las cuatro oras de uso. Por lo tanjto, no pueden usarse durante una jornada entera de trabajo.
La jueza está investigando los hechos por un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Su objetivo es dilucidar si las medidas de protección entregadas a los funcionarios de prisiones y los protocolos acordados para garantizar su seguridad fueron los necesarios.
La magistrada atiende, de esta manera, el recurso de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar contra el auto que inadmitió la querella el pasado mes de abril. Ya ha solicitado a la Fiscalía que practique "una serie de diligencias de investigación" con el objetivo de conocer las medidas adoptadas, los protocolos de seguridad y el número de funcionarios de prisiones que han contraído el covid-19 y las causas de contagio.
Tu Abandono Me Puede Matar agrupa a más de 4.000 funcionarios de prisiones.
También ha solicitado a Instituciones Penitenciarias una serie de diligencias a fin de esclarecer los hechos. Exige que se aporten, en formato CD, los protocolos de actuación en relación con la Covid-19 aplicados por los directores de los centros penitenciarios y que se detalle tanto los equipos de protección individual (EPI) entregados a los trabajadores como el número de estos que "hayan contraído el virus a consecuencia de su desempeño" laboral.
Sin mascarillas
La jueza requiere también la documentación acreditativa de las peticiones efectuadas por cada uno de los centros penitenciarios o de inserción social al Ministerio del Interior para que les proporcionara EPI y medidas de seguridad. Asimismo, quiere tener sobre la mesa las actas de las reuniones del comité de seguridad y salud de cada centro en el que se tratara sobre la epidemia.
Además, requiere de la Inspección de Trabajo un informe en el que se detalle si en las cárceles y centros de inserción social se ha producido alguna infracción de las normas de prevención de riesgos laborales en el desempeño por los funcionarios de su trabajo en la situación de exposición al virus.
Desde la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar denuncian que, durante la primera ola y parte de la segunda, a los trabajadores penitenciarios no se les dotó de mascarillas adecuadas para el desempeño de su trabajo, y apuntan que se les llegó a prohibir su uso para no alarmar a los internos.
Esto provocó, dicen, que los funcionarios trajeran sus propias EPI, con el riesgo de ser expedientados. Añaden que durante los meses de marzo y abril la dotación de mascarillas y guantes fue muy escasa, y en muchos centros, inexistente.
Además, lamentan que aún hoy la realización de test preventivos es residual, y que la mutua de accidentes que lleva la prevención no los realiza, con conocimiento de la secretaria general de Instituciones Penitencviarias. Dicen que a los internos sí que se les realizan test de antígenos de manera recurrente. Este hecho les ha llevado a pensar que el problema no es la falta de recursos sino de ahorro presupuestario a costa de la salud de los trabajadores y sus familias.