Semana redonda para el Gobierno. Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Senado dará este miércoles el respaldo definitivo a la polémica Ley Celaá, la norma educativa más contestada de la historia por su ataque a la educación concertada, a la especial y por eliminar el castellano como lengua vehicular.
El PSOE ha conseguido tumbar en comisión las 646 enmiendas que la oposición incorporó en el Senado y está previsto que el pleno de este miércoles, el último del año, le dé el visto bueno para su promulgación definitiva. Los socialistas llegan a esta última vuelta con el voto prometido de ERC, PNV, Izquierda Confederal. Partido Popular, Ciudadanos y el Grupo Mixto votarán en contra.
Sin debate
La oposición se queja de que el Gobierno apenas ha dado margen para debatir reposadamente una norma de "especial trascendencia" para la vida de los chavales. "Se ha querido cerrar el debate en dos semanas para sofocar la contestación interna que hay en las calles", resume un senador de la oposición presente en la comisión de Educación.
El PP ya ha anunciado que, cuando llegue al Gobierno, derogará la normativa porque "ataca a la libertad" de los padres y madres de elegir la educación que quieren para sus hijos. Mientras esté operativa, las autonomías gobernadas por los conservadores van a mantener un pulso con el Gobierno aprobando leyes que blinden el castellano y la educación concertada. Además, han adelantado la inscripción del curso escolar para evitar que, al menos en el curso 2021-2022, no se aplique la ley.
ERC y PNV
La nueva norma saldrá adelante gracias a la alianza que PSOE ha tejido con dos partidos nacionalistas, PNV y ERC, dos formaciones que han descartado presentar enmiendas a la normativa y la aceptan tal cual llegó del Congreso de los Diputados.
La ley incluye importantes novedades que ha sido entendida por la oposición y por gran parte de la sociedad como concesiones a los nacionalistas. La enmienda más replicada fue la que pactaron PSOE, Unidas Podemos y ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
Esta corrección generó una enorme disputa con los grupos de la oposición, que la consideran inconstitucional y la elevarán al Tribunal Constitucional para que resuelva la polémica. Además, PP, Ciudadanos y Vox han secundado la protesta social que ha inundado las calles de todo el país durante varios fines de semana consecutivos.
Educación concertada
La Ley Celaá también ha sido muy contestada por las limitaciones que se le impone a la educación concertada: se prohíbe que estos centros no puedan percibir dinero de familias por recibir enseñanza de carácter gratuito. Además, tampoco se pueden solicitar el pago de cuotas a través de sus fundaciones.
Pasar de curso con suspensos es otra de las variables que ha recibido un aluvión de críticas. La ley aprobada por el ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá permite que cualquier alumno pase de curso si el equipo docente considera que las materias que ha suspendido le permite avanzar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros que ha superado con éxito todas las evaluaciones.
La nueva normativa que verá la luz antes de final de año también ha recibido el rechazo de la educación especial. Familiares de alumnos con discapacidad y gran parte del sector lamentan que ahora se busque escolarizar a estos alumnos en centros ordinarios justificándolo con "la inclusión" en la sociedad. A su juicoi, es un "completo error" que, además, servirá para vaciar poco a poco los centros de educación especial.