Durante muchos años, la discusión acerca de la Verja de Gibraltar estribaba en saber si se abría o si se cerraba. La mantuvo clausurada el franquismo desde 1969 y la abrió en los años ochenta el Gobierno de Felipe González, como requisito entonces para la entrada en la Comunidad Europea. Casi cuarenta años después, y cuando entra en vigor lo contrario, un acuerdo de divorcio con la Unión Europea (UE) como el del Brexit, la Verja "se levanta".
Así de directamente lo anunciaba Arancha González Laya durante una rueda de prensa celebrada el último día del año en La Moncloa. La ministra de Asuntos Exteriores anunciaba el principio de acuerdo con Reino Unido sobre el Peñón antes de la fecha límite del cambio de año, celebrando que no hubiera una "frontera dura" en un territorio que precisamente, y a diferencia del resto de sus compatriotas, votó mayoritariamente a favor de la permanecia en la UE en el referéndum de 2016.
Las autoridades británicas y las gibraltareñas se apresuraban a celebrar el pacto. "Con entusiasmo" lo recibía en Twitter el primer ministro Boris Johnson, mientras que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, agradecía el acuerdo a Pedro Sánchez. También en Twitter, el presidente español había ensalzado el fin de la negociación. "Iniciamos una nueva etapa" señalaba, aunque no mencionaba la reivindicación de la soberanía sobre el Peñón, como sí hacía su homólogo británico.
Interrogantes sobre el acuerdo
El principio de acuerdo, que en seis meses debería dar paso a un Tratado con la UE que consilide la situación, deja serios interrorgantes. El primero, saber qué consigue España a cambio. La ministra proclamaba que "derribamos barreras para crear una zona de prosperidad compartida", algo que tiene mucho que ver con los cientos de miles de españoles que viven en los municipios del Campo de Gibraltar pero se trasladan al Peñón para trabajar.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, uno de sus antecesores, José Manuel García-Margallo, que ocupó la cartera en los primeros gobiernos de Mariano Rajoy, asegura por el contrario que "se ha concedido todo a cambio de nada". Margallo argumenta que el acuerdo solo tiene beneficios para Gibraltar, ya que desaparece la Verja pero el Peñón mantiene "la autonomía en el resto de cuestiones, incluida la tributaria".
Gibraltar es considerado un paraíso fiscal, con la particularidad de que muchos llanitos gozan de residencias al otro lado de la Verja. Los más adinerados en Sotogrande, una urbanización de lujo de San Roque, municipio que pertenece al Campo de Gibraltar. Todos ellos se beneficiarán ahora de pertenecer, a diferencia de sus compatriotas británicos, al espacio Schengen. Sobre esta cuestión se vislumbra la segunda gran incógnita que el principio de acuerdo y la comparecencia de González Laya dejan.
La ministra aseguraba que España tendrá el control, pero se reservaba los detalles "técnicos" sobre la implementación del mismo. Se limitaba a decir que agentes de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, controlarán el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Nada especificaba, a insistentes preguntas de los informadores, sobre si lo harían solos o si tendrían la ayuda de las Fuerzas de Seguridad españolas.
Para González Laya, el "sentido" del acuerdo es que "conseguimos aplicar el acuerdo de Schengen a Gibraltar, con todo lo que eso supone de facilitar la movilidad, y de hacer con unas reglas, que son las reglas comunes de Schengen, que son unas reglas de seguridad" sentenciaba. Ni siquiera concretaba si dentro de cuatro años, cuando termine el periodo transitorio del acuerdo, serían las Fuerzas de Seguridad de nuestro país quienes guarden la frontera, y no Frontex.